La Junta de Andalucía destina 77 millones de euros a un plan de choque para digitalizar la tramitación de las ayudas a la Dependencia

El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía ha cuestionado el sistema de reconocimiento de ayudas y atención a las personas con derecho a prestación por dependencia del anterior Ejecutivo del PSOE. La Coonsejería de Igualdad ha puesto en marcha un plan de choque de 77 millones de euros destinado a digitalizar el sistema de acceso, que no contempla ayudas o inversión en personal y que, según ha explicado Rocío Ruiz, la consejera del ramo, pretende agilizar el procedimiento. Ruiz ha asegurado que 109.470 andaluces están a la espera de ser atendidos y ha explicado que su departamento incluye en esta cifra a 34.373 ciudadanos que, según ha dicho, no aparecen en la estadística oficial de listas de espera (que contabiliza el número de personas que, teniendo reconocido algún grado de dependencia, aguardan a recibir una prestación o servicio). Estos 34.000 ciudadanos de los que habla Ruiz han presentado una solicitud para obtener una ayuda por dependencia, pero aún no han sido valorados, es decir, que es imposible conocer si tienen algún grado de dependencia y, por tanto, derecho a percibir un servicio o prestación.

La consejera ha asegurado que la Junta ha detectado a 34.000 ciudadanos que no aparecen en las estadísticas. Sin embargo, con los datos que publica mensualmente el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) es posible conocer tanto el número de personas en lista de espera (74.992, según las últimas cifrs disponibles, correspondientes al pasado 31 de enero) como el de ciudadanos que aguardan a ser valorados (34.862, según las últimas cifras disponibles).

“Esa cifra [34.373] se corresponde con las personas que han presentado la solicitud, pero no han sido llamadas para su valoración, lo que incrementa en un 45,8% las cifras oficiales”, ha señalado Ruiz. El SAAD publica mensualmente las estadísticas, que recogen los datos de personas pendientes de valoración en todas las comunidades autónomas. Según ha dicho Ruiz, la Consejería ha puesto en marcha un plan de choque para agilizar el sistema. “Se trata de un programa de agilización y digitalización para simplificar los trámites y así reducir el tiempo de espera”, ha explicado la consejera.

En Andalucía hay 212.243 personas a las que se les ha reconocido el derecho a la prestación por dependencia, ha precisado Ruiz, un 7% más que en 2017, de acuerdo con losdatos del SAAD. La mayoría de los casos pendientes, 49.672, según las cifras facilitadas por García, son beneficiarios del Grado I, que presentan un grado moderado de dependencia. En el grado II se encuentran 17.229 y en grado III, 8196 personas. Según la consejera, hay dos listas de espera, la que aparece en la web y otra "ficticia" de personas que han presentado la solicitud por escrito y no están registradas telemáticamente y cuyo número se desconoce.

El PSOE ha acusado al Ejecutivo bipartito de manipular los datos y ha insistido en que la espera en la atención se debe a la infrafinanciación del sistema de dependencia provocado por los recortes impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.El Gobierno de la nación tiene la obligación de financiarel 50% del sistema de dependencia, quedando el otro 50% a cargo de las Comunidades Autónomas En Andalucía, ha recordado el coordinador de la Secretaría General del PSOE de Andalucía, José Fiscal, la Junta ha estado aportando el 82%, frente al 18% del Ejecutivo español. La cofinanciación en materia de dependencia fue una de las reclamaciones de las que hijo bandera el anterior Gobierno de la socialista Susana Díaz. Los presupuestos andaluces de 2018 destinaron a Dependencia 1.220 millones de euros, lo que equivale al 70% de los 1.723 millones reservados para toda España en 2019.

Solo Cataluña, Canarias y La Rioja arrojan un resultado más negativo que el andaluz en cuanto a dependientes reconocidos pero que aún no percibe las ayudas, en el caso de las dos primeras, por encima del 30%. El Defensor del Pueblo andaluz abrió en 2016 una actuación de oficio a raíz de las quejas recibidas por afectados por el retraso en la percepción de las ayudas -no por la lista de espera-.Desde entonces, la comunidad ha reducido en un 28% el llamado “limbo de la dependencia”, según los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Sanidad, que es como se define a los dependientes con derecho a la prestación, pero que aún no la reciben.

La crítica a la gestión de la asistencia a la dependencia del anterior Gobierno socialista se suma a la denuncia que el nuevo Ejecutivo de la Junta realizó sobre laocultación de pacientes en lista de espera en el sistema de Sanidad pública.En ambos casos el punto polémico para la contabilización radica en el momento en el que se contabiliza el momento en que un solicitante entra en el servicio de espera.