Una neuróloga demanda a la Generalitat Valenciana por acoso laboral en el Hospital La Fe

La neuróloga Aitana está realizando una estancia temporal como investigadora en un hospital de Estados Unidos. “Vine un poco para escapar”, asegura la especialista, que prefiere no dar su nombre real. Su futuro laboral es incierto. Desde allí espera la resolución del conflicto que le obligó a dejar el Hospital La Fe de Valencia al que está vinculada desde 2006. En julio demandó a la Consejería de Sanidad en un caso de acoso laboral por parte del que era su superior, B. C., coordinador de la unidad de esclerosis múltiple. La demanda, a la que ha accedido EL PAÍS, se dirige contra el departamento sanitario de la Generalitat Valenciana, propietaria del hospital, por “incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y vulneración de derechos fundamentales y otros de legalidad ordinaria”. La doctora buscó amparo en todos los niveles durante cuatro años y se topó con la inacción de la Administración, según la demandante, que solicita al Consell una indemnización de 89.181 euros por daños morales.

Todo comenzó a finales de 2020. El doctor B. C. es un referente nacional galardonado por su labor en la investigación de la esclerosis múltiple. La demandante y él mantenían buena relación hasta que ella firmó un contrato Juan Rodés del Instituto Carlos III que exige a sus beneficiarios más independencia para investigar y asistir a pacientes. Esto chocó con los métodos del doctor B. C, según la demanda. Desde entonces, se sucedieron faltas de respeto, retirada de pacientes y de la llave del laboratorio, el robo de la autoría de trabajos, la expulsión de facto del grupo, o la exclusión de congresos, siempre según la versión de la neuróloga.

La demandante se reunió a principios de 2024 con el gerente del hospital, José Luis Poveda, para decirle que quería volver al equipo de esclerosis múltiple. El presunto acosador laboral, que no ha querido hablar con este periódico, amenazó con disolver la unidad si la neuróloga se reincorporaba después de que él mismo la expulsase de facto. La unidad de esclerosis múltiple de La Fe es un CSUR, un distintivo que da el Sistema Nacional de Salud a unidades con altos niveles de especialización. La institución está por encima de las personas y no quiero que perdamos el CSUR, le argumentó Poveda.

El contrato de Aitana ya ha terminado. “Era obvio que no me iban a contratar”, asegura. El hospital no le ha estabilizado, a pesar de que la ley de ciencia de 2022 así lo establece. Además, la demandante asegura que los beneficiarios del contrato Juan Rodés suelen ser estabilizados en la Comunidad Valenciana. La doctora llegó a EE UU gracias a un programa de movilidad que ofrece esta bolsa. Guillermo Sanz, director científico del Instituto de Investigación La Fe hasta el pasado 15 de enero, defiende que a la doctora se le debería contratar. “Los contratos Juan Rodés son convocatorias muy competitivas, se dan muy pocas al año en toda España. La convocatoria contempla en las bases que la consejería está obligada a estabilizarlas con las mismas condiciones: 50% tarea asistencial y 50% investigación. Es lo que se tiene que hacer con la demandante y lo que se ha hecho anteriormente”, sostiene el doctor.

La neuróloga denunció los hechos ante el Comité de Gestión de Conflictos Internos (CGCI), que se encarga de estos asuntos. “Lo hice cuando B. C. se negó a revisarme los trabajos, me expulsó del grupo y de los ensayos clínicos”, explica. El informe del CGCI concluyó que el entonces jefe de servicio de Neurología debía mediar. El jefe de servicio es en un hospital el máximo responsable de cada departamento. Tras varios intentos fallidos, la víctima se reunió con él, quien le dijo, según se expone en la demanda: “Si cae B. C. [el presunto acosador], caigo yo, por cosas que yo sé” y que “esto ha pasado toda la vida y hay que aguantarse”. El superior le aconsejó, según la denunciante, que se retractara de haber denunciado. Ni la persona que ejercía de jefe de servicio, ni el gerente José Luis Poveda, ni ningún portavoz actual de la Consejería de Sanidad han querido manifestarse sobre la demanda. Desde este departamento de la Generalitat, que dirige Marciano Gómez, se ha incidido en que mientras no haya sentencia no se pronunciarán.

Precisamente, la demandante se reunió en 2022 con Gómez, cuando era el responsable de Medicina Interna del hospital, antes de coger las riendas de la consejería. El actual consejero no tenía competencias para solucionar el problema, pero la demandante acudió a él en busca de consejo, según explica la neuróloga. Gómez incidió en la dificultad de enfrentarse al establishment y le transmitió sus dudas sobre las ventajas que podría tener ir a juicio, apunta la demandante.

Aitana también acudió al subcomité de género, pues considera que hay un componente machista en el hostigamiento. “Me dijeron que guardara las pruebas, que no las malgastase en el hospital y que tuviese cuidado, pues el puesto laboral de mi marido [que es médico en la institución] podría verse afectado por las acciones legales emprendidas”, explica. La doctora no lo considera una amenaza sino una advertencia de “cómo funciona el sistema” y un ejemplo de que ese organismo se ha “escaqueado” de su responsabilidad. La miembro del subcomité que advirtió a la doctora, del sindicato SATSE, asegura que su responsabilidad se limita a informar a gerencia y “ellos hacen lo que quieren”.

Un ensayo clínico en el que intervenía la investigadora fue revocado, según asegura, “sin justificación” por el jefe de servicio de entonces y el presunto acosador B. C. pese a estar acordado por las partes. Pese a que ambos aprobaron el ensayo en un primer momento, lo revocaron después de la denuncia interna. El director médico de La Fe “revirtió parcialmente la situación”, señala la demandante. La neuróloga fue trasladada a otro despacho, se le permitió hacer ensayos clínicos, incluido el revocado, tener becarios y se distribuyeron los pacientes.

Otro ejemplo fue el de un ensayo con células CAR-T, una terapia novedosa en la que es experta la demandante. La neuróloga pidió liderarlo pero no recibió respuesta del coordinador del CSUR ni del jefe de servicio, pese a que era la única experta de la unidad. El equipo de esclerosis múltiple no se comunicaba con ella y no le permitía acceder a los datos de laboratorio”, recoge la demanda.

El servicio de riesgos laborales de la Consejería de Sanidad informó en 2023 de 29 conflictos en los centros sanitarios autonómicos. 14 fueron en La Fe, el hospital más grande de la Comunidad Valenciana. Desde la sección de sanitarios de UGT explican que no hay estadísticas públicas sobre acoso laboral en centros sanitarios que permitan sacar conclusiones. “No tenemos acceso a esos datos de ámbito estatal, ni autonómico. Las únicas denuncias que conocemos son las que llegan al juzgado, que son poquísimas”, explica una portavoz. “Las denuncias internas pueden estar en la memoria de un centro de trabajo a la que nosotros no tenemos acceso. Los riesgos psicosociales no se recogen como tal. Hay que cambiar la forma de documentarlos. Las bajas en el trabajo se registran como accidentes y no se especifica la causa”, se lamenta.