“Grupos que no son indígenas están decidiendo por ellos”

La superficie quemada en la Amazonia brasileña este año, un total de 9.700 kilómetros cuadrados —un 30% más que en 2018, el peor dato desde hace 11 años—, ha levantado las críticas mundiales hacia las políticas medioambientales que lleva a cabo el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que se encuentra en Madrid para participar en la COP25, considera que la deforestación no se podrá parar hasta que no se consiga un desarrollo sostenible de la zona en la que viven 20 millones de brasileños, que carecen de alternativas. Para ello pide fondos y que Europa libere la compra de los derechos de emisión de carbono. Salles asegura también que van a respetar las decisiones de los indígenas —en el centro de la lucha contra la deforestación—, pero sin que haya grupos que decidan por ellos, como ha sucedido hasta ahora.

Pregunta. ¿Cree en el cambio climático?

Respuesta. Sí. No hay duda de que lo hay.

P. La deforestación de la Amazonia ha crecido un 30% el último año ¿Cómo ha ocurrido algo así?

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R. Brasil es un país que tiene más del 80% del bosque amazónico protegido y lo consideramos un tesoro. El aumento de la deforestación comenzó en 2012. Tenemos que encontrar el origen, que está, entre otros motivos, en la falta de un desarrollo económico sostenible para los más de 20 millones de brasileños que viven ahí. Deben tener una alternativa para que puedan valorar la conservación de la Amazonia. Cuando disminuya la deforestación, bajarán los puntos de fuego.

P. ¿Quién está detrás de la deforestación?

R. Por una parte, existe una presión de pequeños propietarios agropecuarios, que cultivan pequeñas parcelas y abren nuevas áreas para producir para sí. En segundo lugar, se encuentra la minería, que sigue sin tener un reglamento, y en tercero el mercado de madera.

P. ¿Qué papel cumplen los indígenas en la protección de la Amazonia?

R. Los indígenas son el 1% de la población y cuentan con el 14% del territorio, cantidad de tierra suficiente para ellos, y el Gobierno va a respetar sus decisiones. Lo que ha pasado hasta ahora es que otros que no eran indígenas han decidido por ellos.

P. ¿Quiénes son esos otros?

R. Hay de todo, representantes políticos, organizaciones civiles, religiosas... Gente que se pone al frente de los indígenas diciendo lo que ellos quieren.

P. Todos sus predecesores les acusan de desmantelar la política medioambiental.

R. Esto no es verdad. La gente ha construido una narrativa que acusa al Gobierno de no respetar el medio ambiente. Pero la realidad es que hemos gastado muchísimo dinero en cosas que no han resultado. Nosotros queremos que se pueda medir el resultado de cada dinero público o privado que se invierta y eso cambia el comportamiento.

P. A estas críticas se ha sumado muchos Gobiernos del mundo

R. Es importante darles las informaciones correctas. El aumento de la deforestación se ha producido en los últimos siete años, y eso no ha cambiado en el último año. Además, es un tercio de los 27.000 kilómetros cuadrados que se quemaban entre 2004 y 2005. Lo que hay que tener en cuenta es que las personas que viven en la Amazonia cuentan con la mayor cantidad de recursos naturales y, al mismo tiempo, son los más pobres de todo el país. Si no solucionamos el tema de la pobreza no habrá preocupación por el tema del medio ambiente. Ese es el mayor enemigo del medio ambiente.

P. ¿Qué medidas ha adoptado su Gobierno para paliar la deforestación?

R. En primer lugar, se plantea solucionar la falta de seguridad legal por la regularización de los certificados de propiedad. Sin esto es imposible responsabilizar a la gente. En segundo lugar, es importante desarrollar el plan de ocupación territorial de la Amazonia, para ordenar la ocupación y utilización de la tierra. También planteamos el pago por los servicios ambientales que presta el bosque, no solo a la población brasileña sino a todo el mundo. Si se reconoce que la Amazonia tiene un papel importante, es necesario un apoyo financiero considerable para ayudar a la conservación. Por último, apostamos por la bioeconomía, con inversiones del mercado de cosméticos, de fármacos o industria de transformación de alimentos. Negocios que generen oportunidades de empleo para que la gente que vive aquí lo pueda hacer de forma sostenible. Mientras estos puntos son implementados tenemos toda una estrategia de control, con fiscalización por parte de la policía y las fuerzas armadas. Pero eso solo no es suficiente. 

P. ¿Qué esperan de la COP?

R. Es el momento de facilitar el comercio de carbono. Europa ha cerrado su mercado y no permite que haya una compra de créditos de carbono de otros países, incluso del bosque amazónico. De esa manera están cortando las líneas de financiación y los propios europeos pagan un precio más alto. No es una buena alternativa.

P. Existen dudas de la fiabilidad de los proyectos que generan derechos de emisiones en Brasil.

R. Están auditados por entidades públicas extranjeras y tienen total credibilidad.

P. Piden financiación, pero el Fondo de la Amazonia (instrumento que financian Noruega y Alemania para recompensar el descenso de la deforestación) está paralizado y rechazaron el dinero ofrecido por el G7 en verano.

R. Son temas distintos. Una cosa es lo prometido en el Acuerdo de París, 100.000 millones de dólares para la lucha contra el cambio climático, una cantidad de dinero casi 100 veces mayor que lo que aporta el Fondo de la Amazonia en 10 años. Es dinero también muy bienvenido, pero tiene que respetar la estrategia del Gobierno brasileño, que es convertir estos fondos en resultados concretos, que se puedan ver.

P. ¿Significa que el Gobierno quiere incrementar el control sobre esas inversiones?

R. No necesariamente, pero sí saber cómo se ponen en marcha. Estos fondos van a ser invertidos en acciones, en estrategias. Hasta ahora el Gobierno estaba muy poco involucrado con el destino de ese dinero y, por lo tanto, la estrategia pública tenía poco que ver con esos recursos.

P. Su presidente acusó la semana pasada al actor Leonardo Di Caprio de “prender fuego a la Amazonia” con sus donaciones. Él lo ha negado ¿Tienen algún tipo de prueba al respecto?

R. La investigación policial en el Estado de Pará ha reconocido que había una relación entre la gente que ha sido detenida ahí con organizaciones internacionales y con el origen de estos fondos. Lo que hizo el presidente fue repetir lo que ya se había dicho. Ahora estamos esperando a que la investigación llegue al final y tener una conclusión.

P. La semana pasada se detuvo a cuatro bomberos voluntarios acusados de causar incendios. ¿Son los únicos detenidos?

R. En este caso específico no hay más detenidos, pero hay otras investigaciones en marcha.

P. ¿Se está produciendo un enfrentamiento con las ONG?

R. Lo que hay es una necesidad de utilizar los recursos con transparencia, objetividad y resultados y todos tienen que someterse a eso.