Madrid pide que no se publique ningún dato de PISA porque “todo está contaminado”

La Comunidad de Madrid ha reclamado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no publique por el momento los resultados de las pruebas PISA en su vertiente de ciencias y matemáticas porque considera que, al menos en su región, están “contaminadas”, según ha asegurado el consejero Enrique Ossorio (PP) en rueda de prensa. La OCDE ya anunció el 15 de noviembre que el próximo martes no sacaría a la luz las cifras de comprensión lectora porque había detectado un “comportamiento de respuesta inverosímil” en una nueva prueba de fluidez en la lectura. La irregularidad afectaría al menos al 5% de los examinados (1.800 escolares) en España.

La propia OCDE ya explicó en su comunicado que los resultados de ciencias y matemáticas no se suspenderían porque la contaminación era ínfima. Aún así, a tres días de la publicación oficial del informe, Madrid ha decidido iniciar la lucha. Fuentes del sector apuntan que Madrid decidió investigar los resultados de las pruebas PISA con detalle en septiembre, cuando fueron alertados de los malos resultados obtenidos por los alumnos en esta nueva edición. En 2015 obtuvieron los segundos mejores datos de España en ciencias y lectura —adelantados por Castilla y León— y los cuartos en matemáticas. Su consejería no quiere opinar sobre unos datos embargados hasta el martes, pero se augura una debacle que achaca a las “anomalías”.

Madrid explica que, tal y como exige la OCDE, el 100% de los escolares (5.016) respondieron por ordenador a las preguntas de comprensión lectora —que en esta edición se analiza con precisión—, pero que en matemáticas y ciencias solo lo hicieron el 40% para no cargar a los estudiantes con tantos test. No se examinaron, pero se ha hecho una estimación de la nota obtenida con una fórmula que suma varias variables: la puntuación en lectura, el género, el centro o el estatus socioeconómico del alumno. Por ello, la región madrileña considera que si hay fallos en lectura, por extensión, también debe haberlos en las otras dos ramas.

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Los sindicatos sostienen que el tijeretazo en profesores y materiales iba a pasar factura a la calidad de la educación madrileña. La Comunidad tiene el gasto por alumno más bajo del país (3.945 euros) y solo Hungría la supera como la región europea que más segrega, según un estudio basado en PISA 2015. La ampliación de la muestra del test le ha costado a Madrid 200.000 euros.

La OCDE certificó que muchos alumnos en España contestaron las preguntas de la sección de “fluidez lectora” de “manera apresurada”, de forma mucho más rápida que la media, lo que levantó las sospechas: por lo general los alumnos emplean entre 50 segundos y más de dos minutos en contestar y en la prueba española muchos lo hicieron en “menos de 25 segundos en total”. Además, “estos estudiantes respondían siguiendo ciertos patrones: todas sí o todas no”. Las cuestiones de fluidez se plantearon por primera vez en esta edición e iban destinadas a alumnos de países en vías de desarrollo con una comprension lectora baja.

En los centros madrileños en los que se detectó el “fallo”, se registraron un 30,8% de errores en lectura, frente al 6,8% del resto de centros. Los equívocos se produjeron en los centros asignados a tres de los nueve equipos de examinadores, que fueron contratados por el Ministerio de Educación, en manos entonces del PP, que sacó a concurso público y ganó la empresa Typsa. Muchos de los colegios con anomalías se sitúan en el oeste de Madrid, una zona rica y resultados siempre por encima de la media regional. El Gobierno autonómico niega la intencionalidad en el fallo, tambien la OCDE.

"Es muy triste que la OCDE, que es un órgano muy prestigioso, presente unos datos que saben que están mal y que se publiquen", se ha quejado Ossorio. La prueba de fluidez lectora, por ordenador, se contestaba al principio del test y la consejería cree que quizá la empresa no les explicó bien el mecanismo de respuestas y pensaron que era un entrenamiento, por lo que contestaron sin rigor o la empresa diseñó un programa informático que no lo dejó claro.

Según la versión madrileña, el Gobierno regional notificó las irregularidades al Ministerio de Educación y a la OCDE con sede en París a quien enviaron un informe con sus conclusiones el 29 de octubre. El organismo decidió entonces extender la investigación a otras regiones. Ossorio ha hablado por teléfono con los consejeros de Educación de Castilla y León y Murcia, ambos del PP, y Andalucía, en manos de Ciudadanos. 

Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid, se muestra muy crítica con el Gobierno autonómico: “Se agarran a PISA cuando los datos les benefician. Lo que falta es transparencia. Con Esperanza Aguirre desapareció el departamento de Estadística y solo dan los datos que les interesan. No sabemos el número de profesores real, cuántos alumnos tienen necesidades especiales...”. Desde la consejería se reconoce que la OCDE se sorprendió de que la región tardase tanto en detectar los datos fallidos y tuvieron que explicar que contaban con un departamento “pequeño” de análisis. Nunca hubiesen investigado con buenos resultados.

“No creemos que sea un fraude o boicot contra PISA o los tests en sí, más bien creemos que pueda ser algún error técnico desafortunado”, afirmó a EL PAÍS el día del escándalo la japonesa Miyako Ikeda, responsable del análisis de datos de PISA. Aunque horas antes, en una dura nota de prensa, la institución había descartado un error en su tecnología. "Es probable que tardemos varios meses en obtener una respuesta a las anomalías en España", ha adelantado el alemán Andreas Schleicher, jefe del informe PISA.