Cerco a los colegios gueto ante la concentración de inmigrantes

Cataluña se convirtió ayer en la primera autonomía en aprobar un pacto institucional para frenar la segregación escolar, que es la separación del alumnado en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico. Eso impide que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. A partir del próximo curso, se revisarán las cuotas que cobra la escuela concertada —para asegurar que no hay una selección de aquellos con más recursos— y se velará por el reparto “equitativo” de los estudiantes que se matriculan fuera de plazo, para evitar que se deriven siempre a los mismos centros. En los últimos años, diferentes autonomías, gobernadas por PSOE y PP, han admitido el problema de la segregación y han puesto en marcha medidas para frenarlo aunque, hasta la fecha, todo han sido pequeños parches.

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El Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, advirtió en un duro informe en 2016 que un centenar de escuelas catalanas (el 4,35% de las 2.295 existentes, casi el doble que en 2006) tenían más de la mitad de alumnado extranjero, lo que las convierte en colegios gueto. Cataluña es, junto a Baleares, la autonomía con un mayor porcentaje de alumnos extranjeros, un 13,2%. Esa polémica culminó ayer con la firma del Pacto contra la Segregación Escolar, que incluye 189 medidas para reducir los índices de segregación escolar, como la retirada de los 10 puntos extra por enfermedades digestivas crónicas, celiaquía o los cinco puntos por tener familiares (padres, hermanos) exalumnos del centro.

Además, se creará una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del documento, que fue secundado por Junts per Catalunya, ERC, PSC y Catalunya en Comú —todos a excepción de PP, C’s, CUP—, casi todos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, sindicatos como CC OO y UGT y entidades de la comunidad educativa.

La Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido en los últimos años a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar. Esta afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. En ese informe, se refleja una gran disparidad entre autonomías: Baleares o Galicia presentan una baja segregación —entre Suecia y Finlandia, los países con la tasa más baja de la Unión Europea—, mientras en Madrid es “altísima” —entre Hungría y Rumanía, los países con la mayor tasa de la UE—.

Es complejo identificar una única causa de la segregación, pero los expertos consultados coinciden en que la raíz está en las políticas educativas diseñadas por los Ejecutivos autonómicos. “Pese a que hay evidencias de los problemas de segregación, porque en esos centros baja el nivel educativo, algunas autonomías no quieren reconocer el problema”, explica Álvaro Ferrer, coautor del estudio De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva, de Save the Children.

Una de las primeras autonomías en lanzar una batería de medidas fue Baleares en 2015. “Somos una de las regiones con mayor porcentaje de alumnos extranjeros (13,2% frente al 2,6% de Galicia) y nos dimos cuenta de que la implicación de los Ayuntamientos es necesaria”, cuenta Antoni Morante, director general de Planificación del Gobierno balear (coalición del PSOE con los econacionalistas de Més). Llegaron a acuerdos con 11 municipios, los que presentaban mayores niveles de segregación, para asegurar una “escolarización equilibrada”. Comisiones especializadas —integradas por miembros de la Administración, docentes y familias— analizan la composición de los centros y organizan la matriculación de los alumnos de forma que aquellos con necesidades de aprendizaje o con perfiles socioeconómicos más bajos queden repartidos de forma equitativa entre la pública y la concertada.

“No queda más remedio que mover al alumnado, aunque no se corresponda con la elección de colegio de la familia”, añade Morante. Además, han ampliado las zonas de escolarización; han pasado de tres a ocho, de forma que se mezclan barrios con rentas más altas con otros más obreros, para conseguir la mezcla de alumnos.

Otro de los focos del problema es la llamada matrícula viva: estudiantes que se incorporan a la escuela fuera del periodo ordinario (después de septiembre). Aragón aprobó un decreto a finales de 2018 para que los centros con más de un 15% de alumnos “con necesidades educativas y sociales” no puedan admitir más estudiantes con ese perfil. “La dinámica de los guetos escolares es un círculo vicioso: cada vez hay más alumnos con bajos recursos en las aulas, eso es juzgado por las familias que eligen otros colegios para sus hijos y dejan plazas vacantes que se rellenan a lo largo del año con alumnos de nuevo ingreso con ese mismo perfil”, explican desde el Gobierno de Aragón. Muchos de los alumnos que se matriculan a lo largo del año son de origen extranjero. La incorporación tardía se debe, o bien a su llegada a España, o a un cambio de barrio por la subida de los alquileres o los empleos precarios y volátiles de los progenitores, según los resultados de las investigaciones de la Fundación Jaume Bofill.

Más recursos

El País Vasco, con un 7,5% de alumnos extranjeros, publicó en noviembre un informe que constató que la red pública concentra en mayor medida al alumnado extranjero: un 22,8% en Primaria y un 18% en la ESO, frente al 9,6% y el 11,6% en los mismos niveles en la red de escuelas concertadas. Para evitar ese desequilibrio, en los últimos meses han lanzado una herramienta para medir el porcentaje de alumnos con necesidades de aprendizaje de cada centro y, en función del resultado, otorgan más o menos recursos a los colegios (profesorado o dotaciones materiales). Según varias investigaciones, la población inmigrante o los estudiantes de incorporación tardía son los que presentan mayores problemas de aprendizaje.

El Gobierno vasco ha seguido el ejemplo de lugares como Holanda, el país de la OCDE con más alumnos matriculados en la concertada, el 65% del total, donde desde 2013 se da mayor financiación a los centros que admiten a alumnos con menos recursos. Otra de las medidas impulsadas por el Ejecutivo vasco es la apertura de oficinas de información y asesoramiento sobre la matriculación en Bilbao, Vitoria y Arrasate. Según el informe School choice and equity de la OCDE, la información es clave para escoger un centro educativo y las familias con rentas más altas y mayor nivel formativo disponen de más recursos para acceder a ella. Tienen más tiempo y una red de contactos más extensa para su asesoramiento, según el documento. Las familias con un perfil socioeconómico más bajo suelen acudir al centro público más cercano a su domicilio.

En otras autonomías como Valencia, han modificado los requisitos de acceso a los centros escolares, de forma que se han eliminado los puntos que se otorgaban a aquellos alumnos cuyos padres había acudido a ese mismo colegio. Una forma de favorecer la mezcla de clases sociales. 

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