Un obispo cercano al Papa, procesado en Argentina por abusos sexuales

Gustavo Zanchetta, exobispo de Orán (en el norte de Argentina) y muy cercano al Papa, está a un paso de ir a juicio oral por presunto abuso sexual contra dos seminaristas. El prelado, que abandonó de forma imprevista su diócesis a mitad de 2017 y fue recolocado por Francisco en uno de los órganos clave del Vaticano, ha regresado al país sudamericano para declarar ante la Justicia. Este miércoles se presentó ante la juez que le notificó el tribunal ante el que deberá responder y le dio diez días para recurrir.

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La presentación de Zanchetta deja sin efecto la orden de captura internacional solicitada días atrás por la fiscalía después de que el imputado evitase responder las llamadas y correos electrónicos enviados. El sacerdote sigue en libertad a la espera del juicio y su defensa dio por sentado ante la prensa que no se le retirará la documentación y podrá regresar este jueves al Vaticano.

Zanchetta, de 55 años, está acusado de "abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso" en perjuicio de dos víctimas, un delito castigado con penas de entre tres y diez años de cárcel y que el sacerdote niega. Fuentes del caso explican que se trata de una acusación por tocamientos realizados a dos seminaristas, avalada por alrededor de una veintena de testigos -seminaristas que cursaban los estudios para el sacerdocio en esa época-, que fueron citados por la fiscalía.

El abogado del obispo, el español Javier Belda Iniesta, señaló tras la vista donde se le tomaron las huellas a Zanchetta que su defendido "se declara inocente". "Y yo como abogado suyo considero que lo es", dijo en rueda de prensa. El letrado anticipó que solicitarán a la Justicia la anulación del juicio, aunque insistió que "el principal interés es que salga la verdad a la luz". Hasta la fecha, algunos movimientos en defensa de un prelado que compartía en Roma residencia con Francisco contradicen esa versión.

La última vez que Zanchetta viajó a Argentina, el pasado junio, logró evitar su retención gracias a un documento expedido por la Santa Sede y firmado por el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, en el que se pedía su regreso para incorporarse a su puesto en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), un órgano clave que administra las propiedades inmobiliarias y financieras del Vaticano en todo el mundo. El documento, cuya existencia sacó a la luz El Tribuno de Salta y ha podido comprobar este periódico de fuentes de la investigación, hacía referencia a un encargo que, según había anunciado la propia santa Sede seis meses antes, el obispo ya no desempeñaba.

El imputado fue obispo en Orán, en el norte de la provincia de Salta, entre 2013 y 2017. Fue denunciado en 2016, pero la acusación no se hizo pública hasta dos años después, cuando ya había renunciado a su cargo alegando motivos de salud. Su salida intempestiva sorprendió a toda la comunidad y ni siquiera se realizó la habitual misa de despedida. Los procedimientos de renuncia suelen demorar meses, pero el Vaticano aceptó la suya en tres días. El religioso pasó primero a la provincia argentina de Corrientes, después a Madrid, hasta que a finales de 2017 Francisco lo llevó al Vaticano.

El escándalo saltó el pasado diciembre, cuando El Tribuno de Salta publicó que cinco sacerdotes de Orán habían denunciado al obispo ante la Nunciatura de la Santa Sede en Buenos Aires por presuntos abusos sexuales. Al mismo tiempo, reveló que los acusadores habían sido trasladados de inmediato a otros destinos pastorales. El Obispado de Orán difundió un comunicado en el que aclaraba que "los cambios de destino se debieron a la búsqueda de una mejor atención de los fieles" y que se ponía a disposición para resolver "cualquier situación de abuso".