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La justicia europea da la razón a Google y limita el derecho al olvido a la UE

Un usuario pidió que se eliminaran del buscador sus datos personales en todo el mundo

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Dos personas caminan ante un logo de Google en París, el pasado mayo. Reuters

El ciberespacio no tiene fronteras, pero el derecho al olvido de los europeos en Internet sí lo tiene. Y esas fronteras son las que delimitan la Unión Europea. Google se ha hecho con su segunda victoria ante la corte europea en apenas dos semanas después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) le haya dado la razón este martes en un litigio que mantenía con la agencia de datos de Francia. Un lustro después de que los jueces dictaran que los usuarios europeos pueden solicitar la eliminación de los resultados del buscador vinculados a su nombre, el TJUE, que sigue la opinión del abogado general, ha considerado que "el gestor de un motor de búsqueda no está obligado a retirar los enlaces en todas las versiones". Solo en las de la UE.

La pelea por ese derecho empezó en España, cuando un abogado recurrió a la Agencia Española de Protección de Datos para que Google retirara una información publicada en el diario La Vanguardia relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. El caso llegó a Luxemburgo, que avaló que los ciudadanos europeos puedan solicitar "directamente" al buscador que "en determinadas condiciones" eliminen de sus motores su nombre. La compañía debe valorar si la queja es fundada o no. En caso contrario, el usuario puede recurrir a la justicia. Apenas un mes después de la sentencia, Google recibía más de 70.000 solicitudes.

Un usuario francés, sin embargo, recurrió a la Comisión Nacional de Informática y Libertades de su país al constatar que algunos enlaces que había solicitado seguían apareciendo cuando se tecleaba su nombre en el buscador. El motivo era que Google los elimaba de los motores de sus filiales europeas, pero no en el resto del mundo. La autoridad francesa exigió entonces a Google que accediera a la petición de su ciudadano, pero el gigante norteamericano solo procedió a suprimirlos de las búsquedas efectuadas dentro de la UE. A cambio, puso en marcha un bloque geográfico para que esa información problemática no pudiera ser consultada desde dispositivos del país de residencia del afectado.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades consideró insuficientes esas medidas y multó a la multinacional con 100.000 euros. Google recurrió y se justifició en que, a su juicio, no está obligado a retirar los enlaces de todo el mundo. La justicia europea, que debía pronunciarse hasta dónde llegan sus decisiones, le da la razón.

Equilibrio con el derecho a la información

La Corte de Luxemburgo admite que, en un espacio global y sin fronteras, la retirada de los enlaces sería la fórmula que "respondería plenamente al objetivo de protección que persigue el Derecho de la Unión". A continuación, no obstante, puntualiza que muchos países terceros no contemplan el derecho al olvido, y si lo hacen, lo abordan de forma diferente. El TJUE también recuerda que no se trata de un "derecho absoluto", sino que está sujeto al "principio de proporcionalidad". Es decir, el respeto a la vida privada y a la protección de datos deben guardar un equilibrio con la libertad de información.

El tribunal concluye, pues, que la legislación comunitaria "no prevé instrumentos y mecanismos de cooperación en lo que se refiere al alcance de la retirada de enlaces fuera de la Unión", por lo que Google "no está obligado" a "proceder con dicha retirada en todas las versiones de su motor". Pero que las leyes no obliguen no significa necesariamente que prohíban, recuerda el Tribunal. Pero ese es un terreno que escapa a sus competencias y en el que deberán nadar los países de la UE.

Hace apenas una semana, Google ganó otra batalla en Luxemburgo, después de que el tribunal invalidara la ley alemana que le prohíbe mostrar en sus resultados los resúmenes de noticias de medios de comunicación sin antes haber pagado a sus editores.

La empresa estadounidense celebró la decisión del alto tribunal, asegurando que, desde 2014, trabaja "arduamente" para "lograr un equilibrio razonable entre los derechos de las personas al acceso a la información y a la privacidad", informa AFP.

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