Un importante fabricante de ropa y calzado veta el cuero brasileño tras los incendios en la Amazonia
VF Corporation, dueña de marcas como Timberland o Vans, no utilizará pieles procedentes del gigante sudamericano hasta asegurarse de que su origen no contribuye a la destrucción del pulmón del mundo
El aumento de los incendios en la Amazonia ha generado una nueva reacción que podría afectar la vacilante economía brasileña. VF Corporation, la empresa dueña de marcas como Kipling, Timberland y Vans —populares entre la clase media del país—, ha confirmado a los medios brasileños que no utilizará cuero de Brasil hasta que esté completamente segura del origen de los productos. El bloqueo de la compra de pieles es el primer golpe real contra la economía del gigante sudamericano, provocado por el discurso antiambientalista del presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, que hasta el pasado viernes intentaba desvincularse de la crisis ambiental. El mandatario, sin embargo, ha prohibido este jueves las quemas durante dos meses, menos en las quemas que son autorizadas por los organismos de control. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), desde enero hasta el pasado martes se registraron 83.329 focos de incendio en Brasil, más de la mitad de los cuales se han producido en la selva amazónica.
“VF Corporation y sus marcas han decidido no seguir suministrando directamente el cuero y los curtidos de Brasil a nuestros negocios internacionales hasta estar seguros de que los materiales utilizados en nuestros productos no contribuyen a perjudicar el medio ambiente en el país”, ha informado la empresa a través de un comunicado de prensa. El Centro de las Industrias de Curtidos de Brasil afirmó a EL PAÍS el pasado jueves que los importadores habían pedido información adicional a los fabricantes brasileños sobre el origen del cuero. Para el presidente de la institución, José Fernando Bello, la escalada del boicot podría ser desastrosa para una industria que exporta más del 80% de su producción y genera 2.000 millones de dólares al año en ventas al mercado exterior.
Desde que llegó al poder, Bolsonaro ha cercenado la inspección ambiental del país, llamado radicales a los activistas y desdeñado el dinero que Alemania y Noruega han dejado de destinar al Fondo Amazonia, que contribuye a preservar la selva brasileña, incluso con proyectos de prevención de incendios. Los especialistas ven su discurso beligerante como una especie de autorización para realizar acciones contra el medio ambiente. En su primer año en el Gobierno, además de los incendios, la deforestación también ha aumentado, aunque el presidente haya desmentido los datos revelados por el INPE y haya destituido al presidente del instituto tras conocerse la información. Todo ello va construyendo la imagen de villano ambiental que el ultraderechista —y el país— ofrece al mundo.
La semana pasada, muchos famosos y dirigentes de países de la Unión Europea, como el francés Emmanuel Macron, criticaron en las redes sociales la política ambiental de Brasil. La joven sueca Greta Thunberg, que se ha convertido en icono de la lucha contra el cambio climático, también se manifestó. [Los que incendian la Amazonia] muestran “claras señales de que tenemos que parar de destruir la naturaleza, que nuestra guerra contra la naturaleza tiene que terminar”, dijo el miércoles al llegar a Nueva York, tras dos semanas navegando por el Atlántico.
Bolsonaro, que inicialmente llegó a decir que las ONG que actúan en la Amazonia eran las principales sospechosas de haber prendido fuego a la selva, se vio obligado a actuar ante la presión internacional. El viernes pasado, anunció en red nacional que enviaría a la Fuerza Nacional —una especie de cuerpo de élite del país, formado por policías militares de varios estados— a la Amazonia para combatir el fuego y las actividades ilegales que lo provocan.
En la presionada selva brasileña, las llamas son solo una etapa del proceso productivo. Primero se entra en la selva para talar los árboles más valiosos, como el lapacho; después, se destruye el resto de los árboles con el correntão, una cadena de hierro de la que tiran dos tractores y que devasta la vegetación rápidamente; por último, se prende fuego para plantar el pasto que alimentará a los bueyes. Según Greenpeace, la ganadería es el principal vector de deforestación en la Amazonia.
El Gobierno, que asegura que los focos están disminuyendo, ha destacado a más de 3.900 militares y brigadistas, centenares de vehículos y 18 aeronaves, entre las que se encuentran dos aviones Hércules C-130, para controlar las llamas, según datos del Ministerio de Defensa. En el decreto anunciado este jueves, Bolsonaro ha prohibido que se hagan quemas en Brasil durante dos meses. La única excepción son las controladas, permitidas por el Código Forestal Brasileño en prácticas agrícolas y forestales cuando están justificadas y autorizadas por los órganos de control.
Mientras tanto, las reacciones mundiales al discurso de Bolsonaro siguen preocupando a los empresarios brasileños, incluso a los de la agroindustria, que temen perder ventas con un posible boicot de los países europeos. Según el periódico Folha de S. Paulo, algunos productores presionan al ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, para que refuerce el control y abandone el discurso beligerante contra los órganos ambientales del Gobierno. Quieren mostrar al mundo que el sistema de control ambiental funciona, en una excepcional posición pública contra la deforestación, lo que convertiría al sector más criticado por los ambientalistas desde hace décadas en el protector de la selva.
