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Los afectados de iDental piden a Sanidad que complete sus tratamientos inacabados

Un juez detectó pagos sospechosos de nóminas en efectivo en uno de los grupos de empresas salpicado por la trama

Un grupo de afectados de iDental se concentra ante Sanidad este miércoles.
Un grupo de afectados de iDental se concentra ante Sanidad este miércoles.

A las puertas de Sanidad, los gritos y lemas contra iDental volvieron a sucederse: "iDental, estafa nacional", "¡Bocas destrozadas, bolsillos vacíos!"... Casi medio centenar de afectados por la supuesta macroestafa urdida por los propietarios de esta red de clínicas odontológicas, que cerró sus puertas el pasado verano sin previo aviso, se concentraron este miércoles ante el Ministerio. Varios de sus representantes se reunieron allí con la titular de la cartera para pedir la puesta en marcha de una batería de medidas que confronten esta "emergencia social sanitaria". Entre ellas, que la sanidad pública termine los tratamientos de los pacientes que se quedaron a medias o, en su caso, activen “las fórmulas necesarias” para que puedan concluirse.

"Le hemos pedido a la ministra María Luisa Carcedo que se libere una parte de los presupuestos para ello, pero nos ha comentado que el Gobierno está en funciones actualmente y, por tanto, tiene las manos atadas", explica Benito Lupiañez, que preside la asociación de afectados de Sevilla. "Nos dice que el Ejecutivo está utilizando los presupuestos que ha heredado del PP y no puede hacer nada hasta que se forme un nuevo Ejecutivo estable", apostilla.

El caso iDental estalló en 2018, cuando la red de clínica cerró sin previo aviso. Miles de pacientes se quedaron tirados con tratamientos a medias o sin iniciar. Además, muchos de ellos denunciaron mala praxis, como el uso de materiales de mala calidad e implantes mal hechos. Un escándalo mayúsculo —las autonomías llegaron a hablar de que los posibles afectados podían ascender a 400.000 en todo el país— que llegó a la Audiencia Nacional.

El magistrado José de la Mata inició entonces una investigación y descubrió que detrás de todo se erige una presunta macroestafa. Según el juez, la trama principal engañaba a los pacientes, personas con escasos recursos a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales a costa de inflar el presupuesto y basándose en "supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y a políticas muy agresivas de marketing".

El "acoso" bancario

En esos créditos financieros se concentra otro de los grandes problemas de los afectados. Pese a que De la Mata ordenó a las entidades que pararan de reclamar a los pacientes sus deudas, estos denuncian que algunas continúan haciéndolo. Incluso, a través de empresas intermediarias. "Las financieras siguen reclamando e incorporando los datos personales de los afectados en ficheros de morosidad", explica Lupiañez. "A mí me han llegado a llamar hasta seis veces en un día. Es un auténtico acoso", detalla también Lourdes, una de las personas que este miércoles se concentraba delante de Sanidad.

Los principales sospechosos de la trama —entre ellos, los dos fundadores del grupo iDental y el empresario que les compró las compañías— permanecen en prisión por orden de José de la Mata.

Nuevas pesquisas y pago de nóminas en efectivo en sobres

El caso iDental se ha convertido ya, para la Policía Nacional, en el hilo que conduce a una compleja madeja. Tras escudriñar primero la red de empresas creada por los dos fundadores de las clínicas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se topó con un segundo entramado gestado en torno a Weston Hill, el fondo de inversión que adquirió las compañías tras su colapso y que supuestamente quería repetir la macroestafa bajo el sello de Institutos Odontológicos Asociados (IOA). Los investigadores, que siguen la pista al desvío de dinero a través del entramado, han pedido al juez De la Mata ampliar sus pesquisas a Investment to change the world, otra empresa vinculada a un imputado.

Este entramado ya levantó las sospechas de un juez de lo Social, que abordó el despido de un trabajador y que, tras constatar que existía un grupo de compañías controladas por Weston Hill a "través de terceras sociedades", consideró que en esta red se estaban pagando nóminas en efectivo mediante sobres, lo que implica "confusión de patrimonios".

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