El Papa aumenta el control sobre los obispos en los casos de abusos y encubrimiento

El papa Francisco ha dado este jueves un paso significativo para tratar de atajar una de las grandes crisis que enfrenta su Pontificado. Después de convocar en febrero a todos los obispos a una histórica cumbre antipederastia que decepcionó a las víctimas, después de imponer hace un mes normas de actuación de escaso alcance ante estos casos —solo para el Vaticano, donde apenas hay niños—, ha dictado un documento con rango de ley que obliga a la Iglesia de todo el mundo a actuar con decisión. Su motu proprio Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo) impone el deber de denunciar ante las autoridades eclesiásticas los episodios de pederastia que se conozcan y también ante las civiles en el caso de que las leyes del lugar donde sucedan los hechos así lo exijan —aunque se mantiene el secreto de confesión—. Y estrecha, además, la vigilancia sobre los obispos y otros religiosos: el arzobispo investigará por mandato del Papa a los prelados denunciados, a quienes se podrá juzgar también por encubrimiento dentro de la Iglesia porque la ocultación se equipara al abuso.

 La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, supone en la práctica —sobre el papel— una mayor protección y atención a las víctimas, que han sido muy críticas con la respuesta que la jerarquía eclesiástica ha dado hasta la fecha a una crisis que ha socavado gravemente la imagen de la institución y la ha obligado al desembolso de importantes sumas de dinero. La obligación de denunciar “sin demora” ya no dependerá del individuo, de su conciencia individual. El Papa lo convierte ahora en un precepto legal y universal para toda la Iglesia a quien advierte de que, en algunos países, no basta con que el religioso que conozca un caso lo transmita a la autoridad eclesiástica. Hay que denunciar ante las civiles. “Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes”, dice el texto.

Las diócesis estarán obligadas a establecer en el plazo de un año un sistema “fácilmente accesible al público” para que cualquier persona pueda denunciar casos de abusos. Cada una el modelo que quiera, adaptado a su cultura y su idiosincrasia. Lo que sí se les impone a todos por igual es el deber de guardar la confidencialidad de los casos que les lleguen y se les prohíbe expresamente tomar “represalias o discriminaciones” contra quienes comuniquen casos de pederastia. También veta el Papa que se trate de silenciar a los denunciantes.

El documento supone un punto de inflexión en el control de los obispos abusadores y encubridores, que hasta ahora han gozado de cierta impunidad. Primero, porque Francisco equipara el encubrimiento al abuso —entendido como aquellas omisiones “dirigidas a interferir o a eludir las investigaciones civiles o las investigaciones canónicas, administrativas o penales”—. Pero también porque ordena que sea el arzobispo metropolitano —que se podrá apoyar en expertos laicos— quien lleve las investigaciones si el acusado de pederastia es un prelado u ocupa o ha ocupado un cargo de responsabilidad en la Iglesia.

Ante los tribunales

 Hasta ahora, en los casos de pederastia, los obispos, como máximos responsables de las diócesis, debían investigar e informar sobre los delitos cometidos por sacerdotes o religiosos de su jurisdicción, pero si eran ellos mismos los implicados o encubridores no había un mecanismo preciso para dar salida a las denuncias. Han sido, además, escasos los altos cargos que han llegado a sentarse en los tribunales por encubrimiento. Uno de los últimos y más sonados, fue el cardenal Barbarin, en Francia, condenado recientemente a seis meses de cárcel y cuya dimisión rechazó el Papa argentino.

 En una entrevista difundida por los medios vaticanos, el prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, destaca la relevancia de este cambio, y señala que con este documento “no se pide a los obispos más de lo que ya se ha pedido durante años a los sacerdotes”, y añade: “No solo no debe haber clericalismo, tampoco un elitismo entre nosotros. Hemos dicho durante años que los sacerdotes deben adecuarse a ciertas reglas estrictas y ¿por qué los obispos y otros en la jerarquía eclesiástica no deberían hacerlo?”.

A los 30 días que fue de haber iniciado las pesquisas, el arzobispo deberá enviar un informe al Vaticano y a los 90 días resolver el caso salvo prórrogas excepcionales por “razones justas”. En ese momento, se podrán imponer ya medidas preventivas y restrictivas al investigado.

El documento, una suerte de decreto ley, no solo obliga a denunciar los casos que se conozcan de abusos a menores. También impone el deber de poner en conocimiento de las autoridades eclesiales las agresiones sexuales contra adultos, por ejemplo, la violencia contra las religiosas por parte de clérigos o el acoso a seminaristas o novicios mayores de edad. Y afecta, además, a otros actos delictivos como posesión y uso de pornografía infantil y de actitudes de encubrimiento ante estas realidades.

Para afrontar los gastos derivados de los nuevos procesos las Conferencias episcopales pueden establecer un fondo destinado a sufragar el coste de las investigaciones, a disposición del arzobispo encargado.