Una víctima de pederastia denuncia a siete sacerdotes y a un obispo por encubrimiento

Javier, víctima de pederastia en el seminario menor de La Bañeza (León) a finales de los ochenta, ha denunciando ante la policía que la diócesis de Astorga y el centro donde sucedieron los hechos encubrieron al cura José Manuel Ramos Gordón después de que, junto con su hermano y otro compañero, comunicaron lo sucedido a la dirección del colegio. Primero acudieron al director del seminario, Gregorio Rodríguez (fallecido) y luego al tutor de sexto curso, Francisco Javier Redondo (hoy vicario de Ponferrada). Pero no pasó nada, los abusos continuaron. Años después, entre 1994 y 1995, su padre habló con varios sacerdotes de la provincia leonesa para pedirle ayuda. "Todos lo sabían. Un cura le dijo que tuviese cuidado con lo que decía y otro que tenía que saber perdonar". Javier ha incluido todos los nombres en la denuncia. En total siete sacerdotes y un obispo: el del antiguo director, el actual vicario de Ponferrada, el del por entonces obispo Antonio Briva (fallecido) y el de los sacerdotes Prudencio Álvarez, Juan Herminio Rodríguez, Santiago Cadierno (párroco de Castrocontrigo, León), Bernardo y Hortensio Velado (ambos hermanos y también fallecidos).

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"El papa dice que se denuncie a la policía ¿no? Pues yo he seguido su consejo. Quiero que se sepa quiénes son las personas que no hicieron nada y permitieron que, en su día, Ramos Gordón no se sentara en un banquillo", explica el denunciante a este diario. El caso de Javier, prescrito en la justicia ordinaria, fue reabierto por el Vaticano en 2015, después de que la víctima escribiera al Papa pidiendo ayuda. La diócesis inició un proceso canónico en el que el acusado reconoció los hechos. La sentencia canónica reconoce que todas las personas que señala la víctima en la de denuncia actual conocieron los abusos. Del mismo modo que los abusos, el delito de encubrimiento ha prescrito.

"He denunciado ante la justicia ordinaria porque ya es lo que me queda. Denunciamos y pedimos auxilio siendo niños. Mi padre habló con unos cuantos sacerdotes y recibió amenazas. Denuncié en Roma y la diócesis se ha burlado de mí. Si alguien no ve la injusticia y prefiere esconder la cabeza bajo tierra como las avestruces, él mismo", argumenta Javier. Además de los abusos, Javier denuncia que después de comunicárselo a la dirección en 1989, sufrió maltrato físico por varios profesores, tanto en La Bañeza como en el seminario de Astorga, centro donde cursó BUP. "Nos hacían dormir en la peluquería, sin camas. También nos decían cosas como: 'tienes que irte de aquí porque no vales. Eres tonto", cuenta. A su padre, añade, un sacerdote le dijo que su hermano y él "eran subnormales, hombres gastadores y de bares" con la intención de que no los matriculara en el colegio.

En la denuncia, repasa el relato que, desde 2017, pronunció por primera vez al diario La Opinión de Zamora, periódico que destapó el caso de pederastia en La Bañeza. En ese momento, se encontraba dolido porque el obispo que sentenció a Ramos Gordón, Juan Antonio Menéndez, silenció la pena (un año de apartamiento) a la opinión pública y permitió que la parroquia donde oficiaba, Tábara (Zamora), le hiciera un homenaje. Tampoco se opuso a que diera dos misas más mientras estaba cumpliendo la condena.

La noticia de su episodio motivó a otra víctima a denunciar a Ramos Gordón por abusos en otro centro de Zamora, el colegio Juan XXIII. El Vaticano volvió a reabrir el caso y condenó al ya acusado a una década de apartamiento en un monasterio fuera del episcopado. El pasado enero otra víctima denunció al acusado por abusos. A raíz de estos episodios, tres alumnos han denunciado a otro sacerdote de la diócesis de Astorga, Ángel Sánchez Cao. A este último, Menéndez, actual presidente de la comisión antipederastia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), le mantuvo durante dos años en una parroquia de Ourense en contacto con niños, a pesar de conocer al menos dos de denuncias canónicas.

Este diario ha publicado varias conversaciones ocultas donde el actual obispo muestra compasión por el acusado y rechaza darle una compensación económica a la víctima. "[Ramos] está profundamente arrepentido. La verdad es que da pena. Yo, que estoy en la casa sacerdotal y me encuentro con él, pues es un hombre humillado. Humillado y ciertamente, pues, está muy mal. Yo también tengo que cuidarlo porque es un sacerdote ¿no? En fin", comentó Menéndez a un grupo de exseminaristas en 2017.

El fallo del obispo llevó a la víctima a volver a escribir al papa Francisco, pero no recibió respuesta. También ha escrito a varios prelados españoles, entre ellos, al cardenal de Barcelona Juan José Omella y al cardenal de Valladolid y presidente de la CEE, Ricardo Blázquez. Este último le contestó con unas palabras de aliento, pero, según asevera el denunciante, "no pasó nada". Hace unos meses, solicitó tanto a la diócesis como a la Congregación para la Doctrina de la Fe los documentos de su procedimiento canónico, pero ambas entidades se lo negaron escudándose en el secreto pontificio. El pasado 14 de marzo se reunió con el presidente de la CEE para pedirle que investigue su caso, que castigue a los encubridores y que, como responsable de la cúpula eclesial española, intervenga para que las víctimas reciban una indemnización económica.