Sanidad y las comunidades crean la figura del “administrativo en salud” para liberar de burocracia a médicos y enfermeras

La enorme carga de trámites administrativos y burocracia es una de las principales quejas que el personal sanitario —mayoritariamente el médico y de enfermería— plantea a la hora de proponer medidas para mejorar la asistencia que reciben los pacientes de la sanidad pública. Para dar respuesta a esta demanda, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, formado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades, ha aprobado este lunes la creación de una nueva figura, denominada “administrativo de salud”, cuya principal función será liberar tiempo para que estos profesionales puedan dedicárselo a los enfermos.

La medida forma parte del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, cuyo principal objetivo es “fortalecer y modernizar este nivel asistencial en España”, según la nota hecha pública esta tarde tras la reunión del Consejo. “Para responder a las necesidades de una población que cambia constantemente, el plan se basa en un análisis exhaustivo de la situación actual de la Atención Primaria. Este análisis considera factores como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de servicios de salud accesibles y de calidad”, recoge la nota.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado en la rueda de prensa previa a la reunión del Consejo Interterritorial que “entre los elementos más innovadores se cuenta con la ampliación de los equipos multidisciplinares” de la red asistencial, con nuevas figuras para cubrir las necesidades de los pacientes como “terapeutas ocupacionales, odontólogos, ópticos optometristas, nutricionistas y podólogos”, entre otros.

El plan contempla una decena de objetivos estratégicos. El primero de ellos es garantizar la llamada “longitudinalidad”, cuyo planteamiento es “promover la continuidad de la atención del paciente con el mismo equipo de profesionales” siempre que sea posible, algo que varios estudios han demostrado que mejora la calidad asistencial, reduce la necesidad de acudir a urgencias, las hospitalizaciones y el riesgo de muerte.

El plan también busca revertir la actual situación en la que atención primaria no resulta atractiva para muchos profesionales, que prefieren ejercer en otras especialidades vinculadas al ámbito hospitalario. “El objetivo es que la Atención Primaria se convierta en una opción profesional más atractiva”, lo que pasa por mejorar las condiciones laborales, incentivar el retorno de médicos con esta especialidad que ejercen en otras áreas e impulsar la incorporación de enfermeras especialistas en familiar y comunitaria.

Otra forma de potenciar la primaria pasa por ampliar la cartera de servicios, con más capacidad resolutiva y medios diagnósticos, y también incrementar la atención bucodental, con especial énfasis en la prevención y la atención a colectivos vulnerables. Un apartado importante en este punto es promover la atención domiciliaria. “Se fomentará la atención domiciliaria para aquellos pacientes que la necesiten, acercando los servicios de salud a sus hogares”, según los acuerdos alcanzados entre Sanidad y las comunidades.

El Plan de Acción 2025-2027, destaca Sanidad, contará con un presupuesto finalista que “permitirá a las comunidades autónomas llevar a cabo las acciones necesarias para su implementación”.

“Siempre hemos dicho que la crisis de los profesionales sanitarios no depende tanto de cuántos profesionales tenemos, sino de qué necesitan nuestros profesionales. Este plan viene a dar respuesta a esta necesidad. Va a permitir que puedan tener más tiempo y también más recursos para centrarse en lo verdaderamente importante y que nuestros pacientes puedan recibir una atención que sea más cercana, más coordinada y más eficaz”, ha afirmado la ministra.

Por otra parte, el Consejo Interterritorial también ha aprobado el protocolo que regula el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). “Este protocolo tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, al mismo tiempo que se asegura el acceso a la IVE en todo el territorio nacional” para todas las mujeres que lo requieran.

Cada comunidad deberá crear un registro de personas objetoras de conciencia, que solo será utilizado en funciones de gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE. En él solo serán incluidos los profesionales que intervienen directamente en la IVE: médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeros y matronas.

Los datos del registro no se compartirán entre comunidades autónomas, se garantizará la protección de la información de las personas que opten por acogerse a la objeción. Según los supuestos previstos en la Ley Orgánica 2/2010, además, los profesionales podrán acogerse a “una objeción de conciencia total o una parcial” para algunos de los supuestos contemplados por la ley.

Los supuestos a los que se puede objetar de forma parcial son cuatro: IVE a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación; IVE por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; IVE por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de riesgo de graves anomalías en el feto; y IVE por causas médicas, en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto.

El Consejo, según la ministra Mónica García, también ha revisado varios proyectos normativos relacionados con “las fórmulas magistrales del cannabis”, el calendario vacunal, las resistencias a los antimicrobianos y el desarrollo de la estrategia digital en la sanidad pública, entre otros.