El boicoteo a las tabacaleras afecta al debate sobre el cigarrillo electrónico

El exdecano de la Universidad de La Laguna (Tenerife) Antonio Sierra sufrió a finales del año pasado el efecto de la política de boicoteo a las actividades patrocinadas por las tabacaleras que promueve la OMS. "Había convocado con varias organizaciones académicas un debate sobre el uso del cigarrillo electrónico para reducir el daño del tabaco. La íbamos a celebrar en el aula magna de la Facultad de Medicina que yo mismo inauguré, pero por presiones del Ministerio de Sanidad me negaron el permiso, hubo un proceso descalificador importante y tuvimos que buscar otro sitio".

Han pasado tres meses de aquello, y Sierra sigue indignado. "La Universidad es conocimiento y libertad, y la postura de la OMS no es coherente". "Claro que yo tengo un conflicto de intereses con las tabacaleras como fabricantes de cigarrillos de combustión, pero se está privando de una alternativa de éxito demostrado para aquellas personas que no quieren o no pueden dejar de fumar", señala. Porque Sierra considera que la ventaja de estos dispositivos frente a los pitillos está demostrada. "El mes pasado, la revista de medicina más prestigiosa del mundo, la NEJM de Harvard, publicó un trabajo muy bien fundado sobre esto, y además están las guías de las autoridades inglesas", afirma.

Además, Sierra cree que la regla de la OMS está "elaborada para los cigarrillos de combustión. El acuerdo de control del tabaco entró en vigor en 2005, cuando no teníamos estas alternativas. El cigarrillo electrónico se popularizó a partir de 2004, y los dispositivos de calentamiento de tabaco son de 2014. Hay una ignorancia tremenda", dice. "Y si las tabacaleras se van reconduciendo a productos que hacen menos daño, mejor". "Fuentes de la Administración me han dicho que si los cigarrillos electrónicos los fabricara un laboratorio no habría problemas".

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La decisión de ni siquiera sentarse a hablar con las tabacaleras es de 2003, cuando se firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Después de años de lucha contra el grupo de presión de las tabacaleras, que presiona cada vez que un país intenta una ley que limite el consumo de tabaco, la organización consiguió que ese texto figuren las condiciones para (no) cooperar con las tabacaleras. El acuerdo ya lo han firmado 181 países, entre ellos la UE, aunque siguen fuera Estados Unidos, Argentina, Suiza, Marruecos e Indonesia, por citar solo a los mayores de los que faltan.

Los últimos episodios de este enfrentamiento son recientes. A finales de enero, la OMS recibió una carta de la Fundación para un Mundo Libre de Humo (FSFW según sus siglas inglesas) en la que se ofrecía a unirse a su comité ejecutivo. La respuesta fue tajante, y el propio director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo público su rechazo. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y organizaciones como Nofumadores y la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo a través de su iniciativa XQNS (Porque nosotros sí) han emitido un comunicado tras las declaraciones de Ghebreyesus en el que "piden al Gobierno y a los centros de investigación que rechacen los fondos de entidades financiadas por la industria tabaquera como FSFW". "Si Phillp Morris realmente quisiera acabar con el humo, lo que tendría que hacer es dejar de vender todos sus productos".

En concreto, el texto de la OMS contiene varios puntos dedicados específicamente a la industria del tabaco. El aislamiento figura ya desde el preámbulo del texto, que destaca "la contribución especial que las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil no afiliados a la industria del tabaco [...] han aportado a las actividades de control del tabaco a nivel nacional e internacional". Para, a continuación, indicar "la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco, y la necesidad de estar informados de las actuaciones de la industria del tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del tabaco".

Ya en el articulado, en el 5.3, se insiste en esa idea de evitar las presiones del sector. "A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las partes [los firmantes] actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera". Además de establecer que se va a controlar los gastos de promoción y se divulgará toda información al respecto.

En 2012, la PAHO (la rama americana de la OMS), advertía a sus miembros de que "proponer legislación más débil, bloquear la aprobación de normas, crear controversia en los medios de comunicación, usar grupos como los cultivadores de tabaco son algunos ejemplos de estrategias que se suelen aplicar antes de que se aprueben leyes de control de tabaco. Una vez aprobada estas leyes, las estrategias de la industria pasan por iniciar litigios ante tribunales nacionales, por buscar enmiendas que debiliten la norma, por socavar su implementación o por bloquear su regulación, entre otras".

La idea ha sido reforzada por la OMS en 2016, cuando estableció que “no se comprometía a nada con las industria del tabaco". Y en 2017, ante la creación de la fundación de Phillip Morris, estableció que las directrices para el desarrollo del artículo 5.3 de la convención "establecen claramente que los Gobiernos deben limitar las interacciones con la industria tabacalera y rechazar las alianzas con ellas. Además, explicitan que los Gobiernos no deben aceptar contribuciones financieras o de otra índole de la industria tabacalera o de entidades y personas que trabajen para promover sus intereses".

La consecuencia de esta prohibición es que ni las Administraciones ni las sociedades científicas de países como España participan en ningún acto, trabajo, rueda de prensa o debate en el que participen las tabacaleras.

Fuentes de la industria defienden que sus nuevos productos buscan reducir daños a los adictos a la nicotina, que son legales y comparan esta controversia a la que hubo hace 30 años con las políticas de reducción de daño de otras adicciones, como la heroína con la metadona y las salas para inyectarse de manera segura.