Desahuciada de un trastero con su hijo discapacitado

Envuelta en un chaquetón azul Rosario Planas, de 66 años, tiene unas profundas ojeras, tose y habla por momentos muy bajo, con un fondo de ahogo por el asma. Son las ocho menos cuarto de la tarde de ayer lunes, hace frío en Valencia y la mujer está con su hijo a la puerta del trastero de cinco metros cuadrados donde han estado viviendo desde octubre. Hace un rato la propietaria les ha comunicado que tienen que marcharse porque ese espacio, por el que paga 50 euros al mes, no es lugar para dormir. "La dueña me ha dicho que ahora mismo venía la policía a desalojarme y he venido corriendo, pero al final no ha aparecido nadie. Igual solo quería asustarme", cuenta la señora y las lágrimas asoman a sus ojos.

Expulsada del último peldaño de la infravivienda, la situación de Rosario, cuyo caso ha sacado a la luz el periódico Levante-EMV, es producto de la pobreza y también de su dificultad para manejarse en el burocrático mundo de las ayudas públicas, a las que tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat Valenciana aseguran que tiene derecho, pero que ella no ha podido descifrar.

La mujer y su hijo, de 35 años, que sufre una enfermedad mental, han sido víctimas también de la rápida subida del precio de los alquileres. Hasta octubre, cuando fueron desalojados por la nueva propietaria, pagaban 360 euros por un piso en la calle de Felipe Rinaldi, la misma donde está el trastero que les ha servido desde entonces de refugio. "En tres años los precios en Valencia han subido mucho. Me he recorrido todas las agencias, pero no he encontrado ningún piso por 400 euros, que es lo que podría pagar", dice Rosario. Su pensión y la que recibe su hijo por tener reconocida una discapacidad del 65% suman 748 euros al mes.

El Ayuntamiento de Valencia calcula que los alquileres en la ciudad se han encarecido un 45% desde 2014, un fenómeno que la concejala María Oliver, de Podemos, atribuye a la falta de protección de los inquilinos frente a las subidas que imponen los propietarios y a la presión que ejercen los apartamentos turísticos.

Ayuda de los estibadores

Rosario y su hijo recibieron ayer lunes la ayuda de Coordinadora Solidaria, una poco conocida ONG de los estibadores del puerto de Valencia, cuyo representante, Paco Maciá afirma que se sensibilizaron al conocer el caso. El primer lugar al que Maciá los conduce este lunes a pasar la noche es un piso reservado a través de Airbnb en el mismo barrio del trastero, Torrefiel, una barriada del norte de la ciudad que acogió a damnificados del desbordamiento del Turia de 1957, creció con la llegada de inmigrantes de otros lugares de España y hoy tiene una elevada población extranjera. Al llegar, sin embargo, el dueño del apartamento turístico se niega a aceptarlos argumentando que el límite para registrarse como clientes venció hace unos minutos. El estibador lleva entonces a Rosario y a su hijo a un hotel, donde podrán pernoctar gratis un mes.

El hotel no está lejos de la planta baja que les ha servido de morada estos últimos tres meses. En el trastero, cuyo alquiler cuesta 50 euros con 82 céntimos, están amontonados una parte de sus bienes —el resto, principalmente muebles, se hallan en un garaje—. Hay ropa, cazuelas, mantas, cajas con comida, revistas, un calefactor, una planta de plástico, un marco sin cuadro y un colchón hinchable que cada noche, desde octubre, han sacado al pasillo pintado de blanco y naranja al que dan las puertas de los trasteros para dormir allí juntos sin que lo supiera la dueña del trastero.

Mujer maltratada

Rosario dice que a lo largo de su vida ha sufrido "muchas calamidades". Llegó a Valencia desde Almansa (Albacete) con poco más de 20 años y tres hijos. A su marido lo habían contratado como conductor de la EMT. "Me maltrataba mucho. En 1983, estando embarazada de mi cuarto hijo, el que vive conmigo ahora, me separé. Hace dos años mi marido me pidió el divorcio para casarse con otra. Le ha quedado una buena pensión, pero nunca nos ha ayudado. A mis hijos los he criado sola", asegura.

La mujer estuvo muchos años en la hostelería. "Trabajé en la cafetería San Remo, en el Rialto, en sitios muy buenos. Y luego en la limpieza. Pero cada vez tenía más fuerte el asma, y el médico me dijo que en esos oficios no podía trabajar. Me quedó una pensión de 368 euros, y como tenía que sacar adelante a mis hijos, estuve cuidando ancianos en hospitales y en casas hasta que me caí por unas escaleras y me rompí un hueso del pie". Con su hijo mayor no tiene contacto desde hace años. Su segundo hijo trabaja esporádicamente montando escenarios de conciertos y su hija limpia una casa dos veces por semana. Ninguno está en condiciones de ayudarla, afirma Rosario.

Un portavoz del Ayuntamiento de Valencia afirma que la mujer tiene derecho a recibir la ayuda municipal de emergencia, que asciende a 500 euros al mes. Y el Consistorio y la Consejería de Vivienda han activado un procedimiento urgente para concederle un piso que está siendo reformado y debería estar listo en un mes.