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Paralizan en Mallorca el desahucio de una familia con ocho discapacitados

Los servicios sociales buscan una solución para 14 personas que ocuparon un chalet vacío hace un año

Familia que será desahuciada en Llucmajor (Stop Desahucios).
Familia que será desahuciada en Llucmajor (Stop Desahucios).

“No estamos por gusto, estamos por necesidad”. Son las explicaciones de Trinidad Cortés a las puertas del chalet deshabitado que hace un año ocupó con el resto de su familia en el municipio mallorquín de Llucmajor. Este lunes estaba previsto el desalojo de esta familia de 14 miembros, ocho de los cuales sufren algún grado de discapacidad, después de que la entidad propietaria del inmueble recurriera a los tribunales para ordenar su desahucio. Un acuerdo de última hora entre Abanca y el Gobierno balear ha permitido aplazar sin fecha el desalojo con el objetivo de encontrar una solución adecuada para realojar a los miembros de esta familia.

La familia Cortés llegó hace un año desde Alicante y después de unos días sin encontrar casa se asentaron en el chalet. Son gitanos evangelistas, ocho hermanos con sus parejas. Los que trabajan -dos de ellos- lo hacen en la construcción y una cantera. Las discapacidades responden a problemas genéticos y de consanguinidad. Los servicios sociales del Ayuntamiento dicen que no pidieron ayuda en estos 12 meses. La familia sin embargo, asegura que sí, pero que como no estaban empadronados les rechazaron y no se podían empadronar porque la casa era ocupada.

En noviembre de 2017 entraron en la casa y desde entonces han malvivido en el inmueble, sin agua corriente y apenas electricidad. Entraron a vivir 15 personas, de las que seis tienen una discapacidad severa y dos padecen tipos más leves. Uno de los miembros del clan falleció el pasado sábado y los Cortés apenas han tenido tiempo de velarlo por el estrés y la angustia del desahucio. “Después de ver la particularidad del caso, el director del banco se ha comprometido a paralizar el desalojo sin fecha” afirma el teniente de alcalde de Llucmajor, Bernardí Vives.

La próxima semana los servicios sociales del Ayuntamiento harán una visita a la casa para tratar de buscar una solución a la precaria situación de la familia. Junto con la Consejería de Asuntos Sociales y el Instituto Balear de la Vivienda trabajarán con la posibilidad de alojar a los miembros de la familia en un piso social o buscar plazas en residencias especializadas para los dependientes. “La idea es tener un margen de tiempo para poder encontrar una solución, porque seis personas tienen un elevado grado de dependencia y otras dos enfermedades algo más leves” señala el concejal.

Cortes de agua

Desde la plataforma Stop Desahucios Mallorca denuncian que el Ayuntamiento ha mirado hacia otro lado y que el juzgado no ha atendido a razones. Juan Segura, portavoz de la organización, afirma que la familia entregó 200 euros a un abogado que les prometió gestionar la situación en los tribunales y que “no hizo nada” dejándoles al borde de la indigencia. Critica también el papel del Ayuntamiento, al que acusa de cortar el agua en varias ocasiones “sin enviar antes a un trabajador social para comprobar la situación de la familia”.

Francisco González, vecino de Llucmajor y exconcejal en el Consistorio, se ha involucrado con la familia durante las últimas semanas para llamar la atención sobre la situación por la que estaban pasando. “Están viviendo sin agua, totalmente hacinados, tienen gravísimas enfermedades todos ellos, el que menos tiene sordera, hay personas con cáncer, seis personas discapacitadas, con ceguera, con parálisis, con Síndrome de Down, con retraso mental, con esquizofrenia y estaban tan enfermos que el sábado uno de los hermanos falleció” relata González. La familia ha vivido en los últimos meses de las pensiones no contributivas que cobraban algunos de sus miembros y del trabajo de otros dos, a los que se suma el dinero que gana una de las mujeres trabajando por horas. “Es un escándalo, el mundo es injusto. Es un caso más y son miles de familias las que están en situaciones similares” lamenta González.

Catalina, una vecina que reside en las casas situadas junto a la parcela del chalet ocupado, lamenta que el banco quiera echar a la familia cuando la casa llevaba vacía más de dos años y anteriormente fue objeto de vandalismo, robos y pasto de un incendio. Abanca se hizo con ella después de que la empresa titular del inmueble dejara de pagar las cuotas de la hipoteca. “Esta familia ha hecho un bien a esta casa porque no se mete gente rara. No molestan a nadie, la mayoría no se pueden ni mover. No dan ningún problema, lo veo todo una injusticia” clama.

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