Enresa asume la paralización del cementerio para residuos radiactivos

Este 2019 debía ser el año en el que comenzaran las obras del polémico cementerio para residuos nucleares, pero no será así. Al menos, eso es a lo que apuntan las cuentas de Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares en España y que debe construir el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC). El cambio de Gobierno en 2018 hizo que el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica paralizara la tramitación de los permisos para construir esta infraestructura, que el PP había decidido que se levantara en Villar de Cañas (Cuenca) pero que cuenta con una férrea oposición del actual Gobierno de Castilla-La Mancha.

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En principio, según la planificación presupuestaria de Enresa, para 2019 se habían reservado más de 68 millones de euros, que corresponden "a la previsión de construcción, dirección y supervisión de obra, primeros contratos de equipamientos", según detalla esta empresa. Y así figura en los anexos de los Presupuestos Generales del Estado 2019 presentado este lunes por el Gobierno. Sin embargo, señalan Enresa y en el ministerio, esa información está desactualizada.

"Los datos presupuestarios de Enresa que aparecen en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 fueron elaborados conforme a la programación del proyecto ATC vigente a finales del ejercicio 2017 y remitidos a la Oficina Presupuestaria en julio de 2018", sostiene la empresa pública. Sin embargo, en septiembre Enresa envió una nueva actualización en la que la inversión para el ATC se redujo al mínimo. En concreto, los presupuestos de Enresa "únicamente contemplan" ahora "para el ATC 0,6 millones de euros, destinados a la ingeniería de mantenimiento del proyecto y 0,225 millones de euros a monitorización y vigilancia del emplazamiento". Es decir, las labores mínimas para mantener este proyecto paralizado.

Aunque la información de las cuentas de Enresa aparece junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, esta empresa no se financia con fondos públicos. La normativa vigente establece que los residuos nucleares deben ser gestionados con los fondos que aporten las empresas que los generen. En España, mayoritariamente, los generan las centrales nucleares. Y las compañías eléctricas, propietarias de las centrales, pagan varias tasas a Enresa para la gestión de esos residuos.

Una de las primeras decisiones que tomó el Ministerio para la Transición Ecológica tras el cambio de Gobierno fue la paralización del proyecto, que cuenta también con dudas de algunos técnicos por la calidad de los suelos elegidos. Esa paralización, en principio, sería temporal, hasta que se actualice la planificación general de residuos radiactivos en España. Pero el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, cree que se trata de una suspensión definitiva. "Damos por hecho que no se va a hacer", sostiene Martínez Arroyo.