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El Gobierno deja congelado el proyecto del cementerio nuclear de Cuenca

Ribera vincula el futuro del silo a un plan nacional de residuos nucleares que no estará listo hasta 2019

La ministra Teresa Ribera, en el Congreso.
La ministra Teresa Ribera, en el Congreso.

No se trata de una suspensión pasajera. El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de levantar el veto sobre el almacén para residuos nucleares que el PP había decidido que se construyera en Villar de Cañas (Cuenca) en 2011 pero del que no se ha puesto ni una sola piedra aún. El Ejecutivo no levantará ese veto, al menos, en un plazo de tiempo breve. Si es que se levanta.

Así lo ha señalado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este jueves en el Congreso, donde ha acudido a explicar las razones por las que decidió a principios de julio paralizar la tramitación de los permisos para construir este silo, conocido como Almacén Temporal Centralizado (ATC) y que, en teoría, debería haber estado listo en 2010.

Que estuviera finalizado hace ocho años es lo que fijaba el sexto plan nacional de gestión de residuos radiactivos, que data de 2006 y que está "caducado" desde 2010, según ha resaltado en varias ocasiones Ribera. La ministra, precisamente, ha vinculado que se pueda levantar el veto a la construcción del ATC en Villar de Cañas a que se actualice ese plan. Argumenta el Gobierno que antes de tomar la decisión sobre el silo debe tener toda la información puesta al día sobre, por ejemplo, los residuos que se deben gestionar.

Ribera espera tener acabado un borrador del nuevo plan de gestión de residuos "a principios de 2019" para empezar con su tramitación. Y, según un comunicado del ministerio, "el Gobierno se compromete a tener preparado en 2019" el plan. 

A partir de esa actualización de ese plan, el Ejecutivo decidirá si se construye finalmente un ATC "en Villar de Cañas o en cualquier otro emplazamiento". La ministra, para explicar la decisión de paralizar los permisos (que deben ser analizados por el Consejo de Seguridad Nuclear), ha recordado las dudas técnicas que surgieron sobre la idoneidad de los suelos elegidos. También, la oposición política del Gobierno de Castilla-La Mancha, gobernado ahora por los socialistas.

Ribera también ha recordado que todas las centrales nucleares españolas ya disponen de almacenes individuales o los están construyendo para hacerse cargo, de momento, de sus residuos. Con lo que el Gobierno tiene "tiempo" para decidir qué hace con este proyecto, cuyo coste estaba cifrado en unos 1.000 millones inicialmente.

Investigación a Enresa

La ministra también ha anunciado que su departamento tiene intención de hacer un análisis sobre las inversiones realizadas hasta la fecha por parte de Enresa, la empresa pública que se encarga de la gestión de los residuos nucleares en España. También se analizarán los costes reales derivados de construir el ATC en Villar de Cañas y "otras posibilidades técnicas para la gestión de residuos radiactivos".

La mayoría de partidos presentes en la comisión de Transición Energética del Congreso han aplaudido la paralización del almacén. Sin embargo, el PP ha sido muy crítico con esta decisión. La diputada popular María Jesús Bonilla ha criticado los "bandazos" del PSOE. "No hay ninguna razón técnica", ha lamentado Bonilla al referirse a la paralización. "No puede llegar y paralizarlo para estudiarlo", le ha reprochado.

Bonilla ha recordado a Ribera que el PSOE impulsó el proyecto del ATC cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y que no puede desentenderse ahora. Sin embargo, la ubicación en Villar de Cañas fue una resolución tomada por el PP a finales de 2011. Y se tomó, según Ribera, "sin hacer ningún estudio geológico previo". La ministra ha dejado entrever que la decisión de que el ATC fuera a Cuenca se tomó por el apoyo al proyecto de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal (PP) y no por motivos técnicos.

Competencias ambientales en la mina de uranio

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, ha sido interpelada este jueves por Juan López de Uralde, de Equo —integrado en el grupo de Unidos Podemos—, sobre la mina de uranio prevista en Retortillo (Salamanca). Hasta ahora, toda la evaluación ambiental ha sido desarrollada por el Gobierno de Castilla y León. Pero Ribera abre la puerta a que el Estado asuma esa evaluación al tratarse de un asunto que puede afectar a la seguridad nuclear y tras los reparos mostrados por Portugal al proyecto. Con todo, fuentes del ministerio indican que aún no se ha tomado decisión alguna.