El obispo de Astorga investiga al cura recluido por haber abusado en dos colegios por un nuevo caso

El sacerdote José Manuel Ramos Gordón volverá a ser investigado por tercera vez por un supuesto delito de abusos sexuales a un menor en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora) entre 1979 y 1985. Así lo ha confirmado este lunes la diócesis de Astorga después de que este domingo EL PAÍS y varios medios locales publicasen que una nueva supuesta víctima había escrito una carta al obispo de Astorga y presidente de la comisión antipederastia de la Conferencia Episcopal Española, José Antonio Menéndez, denunciando los hechos. Ramos Gordón ya fue investigado, juzgado y condenado entre 2015 y 2018 en dos ocasiones: la primera por abusar de tres menores en el seminario menor de La Bañeza (León) entre 1989 y 1990 y la segunda por agredir sexualmente de otro menor en el colegio Juan XXIII en los años ochenta, centro donde también estudió el nuevo denunciante. 

Más información

Una crisis vaticana en cuatro actos

El sacerdote Ramos Gordón recibe una nueva denuncia por abusos

La diócesis ha explicado que esta nueva investigación es previa y sirve para saber si hay indicios de delito. Si así fuera, comentan, se enviarán los resultados a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la que decide si se levanta la prescripción (20 años en el derecho canónico). En ese caso, el obispo debería realizar un proceso canónico donde se juzgaría si Ramos Gordón es culpable del crimen del que se le acusa. La máxima pena que el obispo le puede imponer es la expulsión del estado clerical. El 1 de enero, el sacerdote pederasta comenzó a cumplir la pena que le impuso Menéndez en 2018 en la segunda sentencia: reclusión en un monasterio fuera de su diócesis durante 10 años sin poder oficiar misa públicamente. El obispo de Astorga comunicó a la prensa esta noticia a comienzos de este año.

No fue así en cuanto al primer proceso. Menéndez no solo silenció a la opinión pública el fallo que le obligaba a dejar el ejercicio pastoral y a ejercicios espirituales durante un año, sino que permitió que la parroquia de Tábara (Zamora), localidad donde Ramos Gordón oficiaba desde los noventa, le hiciera un homenaje. Nadie sabía porqué abandonaba la parroquia. Esta razón, unida a la "baja pena" que el obispo le había impuesto, motivó a Javier, la primera víctima que le denunció, a relatar su caso en la prensa. Las noticias llevaron al ex alumno del Juan XXIII a denunciar también los abusos.

"Nunca llegó esa carta"

El nuevo denunciante, que prefiere estar en el anonimato y vive en el extranjero, ha contado a EL PAÍS que ya escribió una carta en 2017 cuando conoció el primer proceso de Ramos Gordón en los medios. Reconoce también que mandó la misiva sin certificar. Ahora, ha explicado en El Diario de León, que enviará una carta al Papa y que ya ha hablado con varios ex alumnos que están dispuestos a testificar a su favor.

"Nunca llegó esa carta", asegura una portavoz de la diócesis, que ha indicado que, de momento, no se conoce el tiempo que durará este nuevo proceso contra Ramos Gordón. "Primero hay que ver si hay indicios que demuestran la culpabilidad del sacerdote y si Roma decide levantar la prescripción para investigar el caso", explica la portavoz.

El obispo de Astorga urgió la semana pasada al Vaticano para que mande la resolución de la investigación previa que envió a Roma en 2017 sobre un posible caso de pederastia contra otro sacerdote del seminario de La Bañeza, Ángel Sánchez Cao, en los años setenta. A comienzos de año, Menéndez informó de que había recibido otra denuncia de abusos de este mismo sacerdote. Hasta ese momento, Sánchez Cao seguía oficiando misa con niños en una parroquia de El Barco (Ourense). Tras conocer la noticia de su apartamiento, los vecinos de dicha localidad protestaron por tal decisión y recogieron firmas en señal de protesta para entregárselas en la diócesis. El obispo designó como sustituto de Sánchez Cao en El Barco a Francisco Javier Redondo, vicario de Ponferrada y encubridor de Ramos Gordón en La Bañeza.