El sacerdote Ramos Gordón recibe una nueva denuncia por abusos

Una nueva víctima ha denunciado al sacerdote José Manuel Ramos Gordón por abusos sexuales entre 1979 y 1985, cuando el exalumno tenía entre 11 y 16 años. Los hechos tenían lugar en el colegio zamorano Juan XXIII de Puebla de Sanabria, de noche, cuando los niños ya estaban durmiendo. La acusación llegó a través de una carta certificada el pasado jueves al obispo de Astorga y presidente de la comisión antipederastia de la Conferencia Episcopal Española José Antonio Menéndez. Sin embargo, la diócesis todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto.

El sacerdote acusado, José Manuel Ramos Gordón, ya ha sido juzgado canónicamente en dos ocasiones entre 2015 y 2017. Una por abusar de al menos tres menores en el seminario de La Bañeza (León) entre 1989 y 1990 y otra por los mismos hechos contra un niño en ese mismo colegio, el Juan XXIII, a comienzos de los ochenta. En ambas ocasiones fue declarado culpable.

El nuevo denunciante, que vive en el extranjero y quiere permanecer en el anonimato, ha explicado a EL PAÍS que ya en julio de 2017 envió una primera carta al obispo cuando conoció los casos de pederastia de Ramos Gordón en la prensa, pero afirma que nadie del obispado se puso en contacto con él, aunque reconoce que envió la misiva sin certificar. Varios exseminaristas de La Bañeza han comunicado a este periódico que tienen constancia de más víctimas de Ramos Gordón entre 1987 y 1990.

El primer caso contra el sacerdote, que se saldó con una condena de un año de ejercicios espirituales, fue silenciado a la opinión pública por Menéndez, que permitió que la parroquia donde estaba oficiando en aquel momento, en Tábara (Zamora) le hiciera un homenaje antes de ser apartado. Aquello llevó a Javier, la primera víctima que denunció los abusos, a acudir a los medios. Y la noticia de la denuncia de Javier motivó a un exalumno del colegio Juan XXIII a denunciar a Ramos Gordón por los mismos delitos. Fue entonces cuando el Vaticano mandó reabrir el caso y el abusador fue condenado a ser apartado de la diócesis de Astorga durante 10 años. El pederasta comenzó a cumplir esa condena a comienzos de este año.

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Negación del expediente del caso

La Congregación de la Doctrina de Fe ha negado a Javier, la primera víctima en denunciar, la sentencia y el expediente del proceso que solicitó a finales del año pasado. El Vaticano ha justificado la denegación de la petición porque “dicha documentación se encuentra sometida al secreto pontificio”. No obstante, según el código canónico, las partes del proceso (denunciante y denunciado) tienen derecho a tener la sentencia y a determinadas actas de la instrucción.

Javier asegura que, durante la instrucción de su caso, nadie en la diócesis le explicó que tenía derecho a solicitar una indemnización y a poder recurrir el fallo si así lo quería, para lo que necesitaría, además, acceso a la documentación que ha pedido en varias ocasiones al obispado y a Roma. “En esos expedientes aparecen muchos encubridores. Tienen mucho que ocultar y es evidente que no tienen intención de cambiar. La cumbre de Roma del próximo febrero, y sino al tiempo, va a ser un lavado de cara. No tratan a las víctimas que existimos”, ha declarado Javier a este diario.