El Gobierno quiere garantizar el uso de las lenguas oficiales en la administración
La ministra Batet aboga por "hacer efectiva" la libertad de elegir el idioma ante las instituciones públicas
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha anunciado hoy en Bilbao que el Gobierno asumirá el compromiso de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a poder elegir cualquiera de las lenguas oficiales con la que desean relacionarse con la Administración General del Estado. Ha abogado por "intensificar el uso" del catalán, el euskera y el gallego "en el seno de la administración" para que su uso "pueda hacerse efectivo".
Batet ha presidido este lunes en la capital vizcaína la quinta reunión del Consejo de las Lenguas Oficiales, un órgano interministerial que se ha citado por primera vez fuera de Madrid y que no tuvo ninguna actividad entre 2011 y 2017, según ha destacado el ministerio. "Con esta reunión queríamos mostrar el compromiso que tenemos en el Gobierno con la pluralidad lingüística de este país, con la existencia de varias lenguas oficiales, y proteger y potenciar todas las lenguas españolas, porque son una riqueza colectiva de la que todos nos debemos sentir orgullosos", ha afirmado Batet.
El consejo celebrado en Bilbao, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Euskera, tenía como objetivo impulsar la cooperación entre la Administración del Estado y las autonómicas en el impulso de las lenguas oficiales. El ministerio ha aprovechado la ocasión para invitar al Gobierno vasco, que ha estado representado por la viceconsejera de Política Lingüística, Miren Dobaran, y al presidente de Euskaltzaindia (la Academia de la Lengua Vasca), Andrés Urrutia.
En la reunión, Batet ha expresado la voluntad del Ejecutivo central de "asumir como tarea pendiente" de la Administración General del Estado la profundización del uso de las lenguas cooficiales, "promoviendo especialmente su uso en materia de información en Internet y en la administración electrónica". La ministra también ha expresado su voluntad de "garantizar el buen uso" de los topónimos oficiales por parte de todos los estamentos y registros ministeriales.
"El conocimiento y el uso de nuestras lenguas es una obligación para las administraciones. Para los ciudadanos es un derecho y para los empleados públicos es una riqueza y una capacidad que aportan a la administración, y como tal queremos reconocerla", ha declarado Batet. En este sentido, ha recordado que el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) ha creado "por primera vez" una convocatoria dirigida a empleados públicos de cursos de aprendizaje a distancia de todas las lenguas oficiales, cuya finalidad es, ha dicho, extender el conocimiento de estos idiomas entre los funcionarios.
Tras la reunión del consejo la ministra se ha desplazado hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde se ha reunido con su presidente, Juan Luis Ibarra, y se ha interesado por el sistema de traducción al euskera que ha implantado. "Esperamos pueda contribuir a la efectiva garantía de su uso en la administración de justicia", ha señalado Batet.
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