Una plataforma suspende a España en el cumplimiento del convenio europeo de violencia machista

Si la realidad no se conoce no puede cambiarse o, en este caso, mejorarse. Cifras que reflejen esa realidad es lo que piden como medida más urgente desde la Plataforma Estambul Sombra, que ha publicado un informe que da un suspenso a España en el cumplimiento del Convenio de Estambul entre 2014 y 2018, los cuatro años desde que fue ratificado, firmado por alrededor de 200 colectivos feministas, ONG de derechos humanos y cooperación.

"Todas las reivindicaciones son importantísimas, pero si tenemos que elegir una, precisamos ya datos actualizados, segregados y trabajados que nos ayuden a visibilizar la magnitud de las violencias machistas", explica Begoña San José, una de las portavoces de la organización civil. Sin ellos, cuenta, es imposible evalúar y promover políticas públicas que den respuesta a las necesidades existentes: "Si todo el tiempo nos tenemos que remitir a la macroencuesta de 2015 [el último gran análisis oficial sobre este tema], difícilmente podemos avanzar".

De forma más concreta se refieren a los datos sobre protección social —atención jurídica, psicológica y social de proximidad o los recursos residenciales, por ejemplo—, los más difíciles de encontrar y los menos atendidos por los gobiernos, tanto los autonómicos como el nacional: "Con el portal estadístico la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dio un enorme salto, queremos que ese salto vaya más allá de las mujeres asesinadas".

Pero los errores de esta entidad dedicada durante los últimos siete meses a analizar la evolución y situación en España en torno a la violencia machista van más allá, y no solo a nivel nacional; según el análisis, las comunidades tampoco aprueban en los cuatro ámbitos que han analizado —prevención, protección social, protección judicial y migración, asilo y protección internacional— y otro, transversal al resto, la violencia sexual, el acoso en el trabajo y otras formas de violencia, que, se quejan, "no están contempladas como violencia de género y es una de las cosas más relevantes".

Una falta de reconocimiento normativo que también está ausente fuera del ámbito de la pareja y que incumple el acuerdo europeo. Cuenta Francisca Guisado, otra de las portavoces, que "no reciben el mismo tratamiento preventivo, ni se las cuenta en las estadísticas ni se han dictado leyes específicas". La integración de las políticas y la dotación de recursos son las otras dos "cuestiones básicas" por las que España "suspende". Aunque están atentas a los pasos que va dando el Gobierno: "Vemos que se están haciendo cosas, algunas con celeridad, es cierto, pero el Parlamento es lento. Entendemos que no es instantáneo que la legislación llegue a las personas, pero también ha habido mucho de falta de voluntad en los últimos años. Todavía estamos evaluando cosas que se aprobaron con la ley de 2004 [la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género].

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Hablan de la ausencia de educación, desde los currículos educativos desde primaria hasta la especialización en todas las profesiones relacionadas con la violencia machista; de adecuar la normativa de extranjería a la de violencia de género, recuperar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social a mujeres y menores inmigrantes, discriminados en este ámbito; de las Unidades de Valoración Forense Integral, que todavía no existen en todas las provincias y las que hay tienen falta de recursos económicos, humanos y materiales; de las unidades especializadas en violencia sexual, que, aunque se han creado en algunos organismos como la policía o la fiscalía, siguen faltando en muchos otros, "y tampoco existen para todas las formas de violencia, es generalizada la falta de formación especializada, de perspectiva de género y de protocolos de actuación integral y coordinada", apunta el texto. Inciden también en las denuncias: "Es escandaloso que la mitad sean sobreseídas, que no lleguen ni siquiera a juicio. Es evidente que es un fallo y un coste para la víctima e institucional. Hay que tener una evaluación crítica desde el Gobierno y desde el poder judicial".

Son conscientes de que algunas de sus reivindicaciones ya forman parte de la nueva política, como el derecho a protección sin tener que denunciar al agresor o la subida de las pensiones de orfandad por violencia machista, pero, añaden, "ahora hace falta que se pongan en marcha, que se hagan reales". "Obviamente no vamos a aplaudir al Gobierno, los informes son para ser críticos", espeta Francisca Guisado. "Y todavía queda mucho que arreglar", añade. Y comienza una larga lista: "Que las víctimas de trata sean tratadas también dentro del marco de la violencia de género, que mejoren los procedimientos judiciales para que no acaben siendo revictimizadas o vengadas en sus países de origen [a veces con el asesinato de sus hijos], políticas que empoderen...". Begoña San José lo resume así: "Lo idóneo sería que no hubiese tal cantidad de denuncias y juicios. Ahí el sistema ya ha fallado. Es como si en el sistema sanitario hubiese más gente en los quirófanos que en los centros de salud".