Una mujer y sus dos hijas afrontan un desahucio tras retirarles la Xunta su ayuda

Está en el paro, con dos niñas a su cargo y malvive desde junio sin ingresos porque la Xunta de Galicia la ha sancionado durante seis meses sin los menos de 400 euros que percibía como renta de inclusión social. María, el nombre ficticio que ha elegido Stop Desahucios de Ferrol para denunciar su caso, afronta ahora una demanda de desahucio de una inmobiliaria por el impago de los 300 euros mensuales de alquiler del piso en el que reside con sus hijas. El castigo de la Administración autonómica, provocado por no haber renovado a tiempo su condición de demandante de empleo, no ha recaído solo en ella sino también en sus dos pequeñas, menores de 10 años. “Puede ser discutible, pero es el procedimiento habitual”, explican desde la Consellería de Política Social del Gobierno gallego.

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Para la plataforma ferrolana Stop Desahucios, la historia de María demuestra que las “normas arbitrarias e injustas” de la Xunta a la hora de aplicar la renta de inclusión social de Galicia (Risga) “castigan la pobreza”. “La protección del menor es fundamental y los servicios sociales, aunque sabemos que sufren falta de personal y recursos, no pueden ser la policía de los pobres”, explica su portavoz, Inácio Martínez, quien cuenta que la afectada intentó renovar su condición de demandante de empleo por Internet pero no lo hizo correctamente.

La asfixiada existencia de María la sufren muchas madres solas en España. Ella está divorciada (la Xunta le otorgó una paga de menos de 400 euros porque le resta los 150 euros que le da su exmarido para criar a las niñas) y el cuidado de sus hijas en solitario restringe sus horas disponibles para cumplir las exigencias de la prestación. "Si esta prestación es de inclusión social tiene que contar con personal que atienda a quienes son incapaces de normalizar su vida, pero no pueden sancionarlas", defiende Martínez. En un caso como el de María, añade, la Xunta tendría que haber comprobado antes de retirarle la renta social en qué condiciones vive, si cuenta con las ayudas que merece y ofrecerle una formación para encontrar un empleo adaptada a sus horarios de madre.

María reside de alquiler en una casa que un día fue pública. Fue construida por el Gobierno y pertenecía al Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa (Invied), un organismo oficial que la vendió junto a otros muchos inmuebles militares de la comarca de Ferrolterra. Según datos aportados por el colectivo antidesahucios, la ciudad acumula más de 10.000 viviendas vacías y son más de 600 las personas que demandan un piso social de alquiler: “El propio Inved de Ferrol reconocía hace unos meses que tiene 77 viviendas vacías”.

Tras la privatización, es una inmobiliaria la que alquila a María su piso por 300 euros al mes y, aunque tendría derecho a una bonificación de las facturas de luz y agua, explica que no puede acceder a esta rebaja porque su arrendador no le deja poner a su nombre la titularidad de estos servicios. “Nunca tuvo una copia del contrato de alquiler hasta que le llegó junto a la demanda de desahucio”, denuncian desde la asociación antidesahucios de Ferrol.

La vista judicial para desalojar a María y sus hijas está fijada para el próximo 30 de noviembre y el lanzamiento ha sido marcado para el 27 de diciembre. Como establece un convenio firmado entre la federación gallega de municipios, el Consejo General del Poder Judicial y la Xunta, está previsto que la Administración autonómica y local soliciten al juzgado que posponga el desahucio. El objetivo, explican desde la asociación que ha denunciado el caso, es encontrarle a esta familia otro hogar con menos renta. "Tenemos este caso muy presente, no es un número más", aseguran desde el Gobierno gallego. "Estamos trabajando para frenar el desahucio".

La sanción de la Xunta que ha dejado a María y a sus hijas sin ingresos se prolongará hasta diciembre. La Consellería de Política Social que dirige la popular Fabiola García informa de que los servicios autonómicos "están trabajando" con el Ayuntamiento para que a partir de esa fecha esta vecina de Ferrol recupere la renta de inserción social y reciba también una ayuda de emergencia social del Ayuntamiento de su ciudad. Desde este departamento autonómico añaden que también han intercedido ante el Instituto Galego da Vivenda e Solo para que le tramite a María por vía urgente un bono de alquiler social.

El Gobierno gallego prepara para antes de final de año cambios en la normativa de la Risga para que sus perceptores puedan tener un empleo que no supere los 440 euros. Hasta ahora era incompatible con cualquier otro tipo de ingreso que entrase por la puerta de un mismo domicilio. Esta exigencia ha impedido a los cerca de 10.000 gallegos que dependen de ella para su subsistencia realizar trabajos esporádicos o incluso convivir con un compañero de piso que cobrase un salario o prestación.