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Beneficiarios de la Risga padecen demoras de hasta un año para cobrar

El retraso de un decreto de la Xunta impide aplicar mejoras en la renta social

Las nuevas restricciones a la ayuda sí han entrado en vigor

La conselleira Beatriz Mato, con abrigo amarillo, durante una entrega de diplomas de cursos a personas en riesgo de exclusión social.
La conselleira Beatriz Mato, con abrigo amarillo, durante una entrega de diplomas de cursos a personas en riesgo de exclusión social.

El cobro de la Risga, la Renta de Integración Social de Galicia, registra retrasos de hasta un año para el cobro en Vigo. Es una situación que viene denunciando la Oficina de Dereitos Sociais del barrio vigués de Coia, que habla de situaciones de “auténtica emergencia social” entre los afectados. El incremento de los tiempos de espera se produce a pesar de la nueva Lei de Inserción Social de Galicia, en vigor desde enero de 2014, que establece un tope de tres meses desde el momento de la solicitud.

Vigo es uno de los lugares donde el retraso de la Risga —una prestación de hasta 399 euros al mes— es mayor, debido al incremento de la pobreza de los últimos años y a unos servicios sociales, tanto municipales como de la Xunta, que se ven desbordados por las solicitudes. Pero la lamentable situación que describen las organizaciones solidarias no la comparte la Consellería de Benestar, cuya titular, Beatriz Mato, dibujó un panorama bien distinto el pasado febrero en el Parlamento. Según Mato, “no es cierto” que existan esperas de nueve meses, como le recriminó entonces la diputada del BNG Carme Adán, sino que en las provincias de Lugo y Ourense “no hay lista de espera” y en Pontevedra y A Coruña “se cortó a cuatro meses de media”.

Protestas en Vigo

P. L.

La falta de personal en Benestar Social del Concello de Vigo está provocando reiteradas protestas de los trabajadores, que se concentran los miércoles para denunciar la carga de trabajo que tienen que soportar, y que entre otras consecuencias redunda en un retraso en la tramitación de la renta de integración social. También afecta a las ayudas de emergencia que concede el Ayuntamiento vigués, destinadas a cubrir gastos de alimentación, energía eléctrica y alquileres, renovadas esta misma semana.

La situación puede empeorar una vez que el gobierno municipal ha dado luz verde esta misma semana a este cheque social para el año 2015. “De una partida para todo el año de 450.000 euros se han empleado ya 320.000, pero cuando se agote la ampliaremos hasta 750.000 como hicimos el año pasado”, prometió el martes el alcalde vigués, Abel Caballero. El programa municipal entregó en 2014 ayudas para vivienda a 1.007 familias, 844 cheques de hasta 250 euros para suministros y 755 de las llamadas tarjetas de la dignidad.

El Ayuntamiento reconoce el déficit de personal y ha anunciado nuevas contrataciones para poder hacer frente a estas prestaciones y a la tramitación de la Risga, pero los movimientos sociales aseguran que, mientras tanto, sigue creciendo el número de expedientes en tramitación, que sitúan por encima de los 3.000.

El retraso que no niega Mato es el del decreto que debe desarrollar la Lei de Inserción Social, que debía ser aprobado en junio del pasado año y que sigue sin estar listo. De él dependen importantes mejoras en la Risga. Por ejemplo, los tramos de inserción familiar o el incremento de los complementos para ayuda a la vivienda. “Son incrementos que están previstos en la ley pero que no pueden entrar en vigor mientras no se apruebe el decreto”, precisa Diego Lores, de la Oficina de Dereitos Sociais de Coia. Mato defiende este aplazamiento del decreto por “lógica y coherencia”, ya que “se está tramitando de la mano de la estrategia de inclusión” que se aprobó en diciembre pasado.

El propio Parlamento gallego, en junio de 2014, instó por unanimidad a la Xunta y a los Ayuntamientos a “agilizar la tramitación” de la Risga, que cobran unas 12.000 personas en Galicia, para adecuarla a los plazos que marca la ley. La iniciativa aprobada recuerda que todos los solicitantes que lleven aguardando por la resolución por encima del tiempo legal deben ver reconocido su derecho por silencio administrativo. Sin embargo, los beneficiarios de la Risga por esta vía son escasos, si no inexistentes. “Es una posibilidad que no se está produciendo. No porque se incumpla la letra de la ley, sino por la aplicación de artimañas como solicitar documentos que lo que incumplen es su espíritu”, lamenta Lores.

Otras medidas más restrictivas contempladas en la ley sí han entrado en vigor y se aplican. Por ejemplo, la exclusión de la Risga de ciudadanos de la Unión Europea que no acrediten residencia legal o la imposibilidad de que varias unidades que cobre la renta vivan en un misma residencia, una decisión que afecta principalmente a unidades familiares con niños a su cargo y a pisos compartidos por inmigrantes. También se ha incompatibilizado la prestación con empleos precarios y se impide solicitarla mientras se esté cobrando alguna otra ayuda, incluso en el caso de que esté en su fase final.

En el caso de Vigo, “hay una falta de personal municipal clara”, acusa el portavoz de la oficina. “Ahora mismo se están resolviendo solicitudes presentadas en diciembre de 2014, cuando el plazo que tiene es de un mes”, sostiene. Los Ayuntamientos, puerta de entrada para la tramitación de la Risga en una amplísima mayoría de los casos, se encuentran sin medios para atender el incremento de la demanda de la renta de integración, pero tampoco las delegaciones provinciales de la Xunta se caracterizan por su diligencia en la tramitación de las ayudas. “En la de Pontevedra algunos trabajadores reconocen que hasta que no haya una baja no pueden dar un alta por falta de crédito”, acusa Lores.