“La Risga no llega a todo el que la precisa y eso nos preocupa”

Es un avance que por primera vez la Xunta tenga un plan contra la pobreza, la denominada Estrategia de Inclusión Social de Galicia aprobada esta semana para seis años. Un compromiso que valora la Rede Galega de Loita contra a Pobreza, la Eapn-Galicia (European Anti Poverty Network) que agrupa a 125 organizaciones sociales. Pero hay lagunas, y grandes, para actuar no sólo en la atención urgente a los más necesitados, sino en las prioridades. La Xunta incumple la norma europea que obliga a implicar a las entidades sociales en las decisiones sobre cómo y dónde se gasta los fondos de Bruselas.

Pregunta. ¿Cómo acoge ese plan de la Xunta?

Respuesta. Valoramos que haya un compromiso, con una estrategia activa enfocada en defender los derechos sociales y velaremos para que no se desvíe en ningún punto. Luchar contra la pobreza, que no es una situación natural sino provocada por un sistema, requiere una estrategia con una visión y acciones mucho más profundas que las puntuales y urgentes. Es lo que plantea este plan del Gobierno. Es un buen punto de partida, pero es un suelo y tenemos que llegar al ático. De las 62 propuestas que puso sobre la mesa la Rede Galega, se incorporaron a este plan el 75%, las básicas.

P. Dígame una relevante.

R. Que se fomente la corresponsabilidad de las Administraciones y las entidades sociales. Que las ayudas no dependan de la lotería de nacer en uno u otro municipio. Las Administraciones autonómica y locales deben coordinarse; si no, se producen los efectos devastadores que ahora existen con la tramitación de la renta de inserción social (Risga). Entre que se solicita y se recibe, hay que esperar en la actualidad una media de ocho meses. El plan de la Xunta prevé que en 2015, se cumplan los plazos establecidos por ley al obligar a las Administraciones a coordinarse. Se reduce también mucho la burocracia para tramitar otras ayudas de inclusión social.

P. La Risga engloba la mayor parte de los 522 millones de euros con los que está dotado este plan para cinco años.

R. Es una renta fundamental porque incluye un proyecto de inserción social que permite a la persona afrontar y tratar de cambiar su situación. El éxito a 100% no existe en esto. Y más con la situación tan deteriorada que vivimos. Pero la Risga es fundamental y hay que conseguir que haya más beneficiarios. Protege en Galicia a 4,08 personas por cada mil habitantes. Pero la media española está en cinco, y en Euskadi llega a 34 de cada mil. No es que allí haya más pobreza, sino que se da cobertura a más personas que en Galicia, donde no se llega a todos los que lo necesitan. Y eso nos preocupa.

P. Otra novedad del plan es que se dediquen fondos europeos estructurales que hasta ahora sólo iban para autovías a albergues para sintecho y comedores sociales. ¿Es una demanda prioritaria?

R. Fue la EAPN la que hizo esa demanda. Hay que atender urgencias y las necesidades imperiosas de las personas, y para eso son necesarios albergues y comedores sociales. Pero no hay que quedarse sólo en eso. No hay que confundir urgencia con prioridad. Hay que atender a lo urgente pero trabajar en la prioridad para no estar en un estado permanente de emergencia. Y para eso se requiere una estrategia de inclusión social activa fundada en los derechos de las personas. A lo mejor más que otro albergue o comedor social, se necesita más dotar de equipos informáticos a una entidad que trabaja en la inserción y formación laboral para que procure la alfabetización digital de los excluidos. O que se dediquen más fondos a garantizar la accesibilidad, que ahora no hay, en todos los sitios para los discapacitados.

P. La infancia también aparece como preferente en el plan.

R. Es una prioridad y es un avance. El 23,5% de la población es pobre en Galicia, pero entre los niños, el nivel es aún mayor. Que se hable por primera vez de luchar contra el fracaso escolar es importante, que se apoye a las familias monoparentales también.

P. ¿Hay alguna demanda que no está atendida con este plan?

R. Nos preocupa que la Consellería de Facenda, que es la que maneja los fondos europeos y decide dónde se invierten, no da acceso en esa decisión a toda la sociedad civil organizada. Incumple la norma europea que obliga a que las organizaciones sociales participen en la planificación y seguimiento de los fondos. Se lo dijimos a la Unión Europea. Y lo sabe la Consellería de Traballo, con la que tenemos un diálogo claro, y el presidente Feijóo. Pero Facenda, de momento, calla.