El papeleo aplasta al desahuciado

Raquel está en paro y subsiste con los 365 euros de pensión de su madre dependiente, a la que cuida las 24 horas del día soportando las punzadas de la fibromialgia que padece. Una inminente orden de desahucio solicitada por su casero amarga aún más la vida de estas dos mujeres, de 33 y 56 años y vecinas de A Coruña, a las que la Xunta de Galicia no considera merecedoras de un piso social que evite que se queden en la calle cuando el juez decrete su desalojo.

“Sin discutir la precariedad de su situación, esta no alcanza una singularidad tal que permita diferenciarla de la que están padeciendo la mayor parte de los otros 5.000 demandantes de vivienda de promoción pública de la provincia”. Así le comunicó hace unas semanas el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta, a Raquel, nombre ficticio para una historia real, su negativa a concederle una de las 500 casas para realojos de emergencia que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció al poco de ganar las elecciones autonómicas de 2012. Para lograr uno de estos pisos el desahucio debe ser consecuencia de una ejecución hipotecaria, no de un impago de alquiler, mientras que fuentes consultadas alertan de que ahora son los desalojos promovidos por caseros los que más crecen. Según datos oficiales, solo se han otorgado 33 de las viviendas habilitadas, “el 100% de las solicitadas cumpliendo los requisitos”. Una portavoz del IGVS explica que incluir los impagos de arrendamientos en este plan entraña más “riesgos”.

Antes de acabar bajo ese jarro de agua fría, Raquel resistió nueve meses de papeleo y peregrinaje por las ventanillas del Ayuntamiento y de la Xunta, con el apoyo y orientación de Stop Desafiuzamentos Coruña. “Servicios Sociales debería ser una guía para estas personas desesperadas. Pero ni son una puerta a los recursos del Ayuntamiento o del resto de Administraciones, ni aclaran siquiera si hay viviendas. No hay coordinación”, se queja Suso, miembro del coletivo antidesahucios de A Coruña.

La desorientación fue la que condenó a Carlos y María, la pareja desahuciada el pasado 19 de septiembre en Santiago de la casa en la que vivían con sus dos hijos y una anciana. Acorralados por un bache económico, su futuro cayó en manos de un prestamista y cuando pidieron ayuda al colectivo antidesahucios ya estaban atrapados en su usura. El 8 de septiembre Carlos, inmerso también en trámites por la denuncia de estafa que le han puesto al hombre que solicitó su desalojo, acudió desesperado al IGVS para solicitar una vivienda pública. El “tocho de documentación” que le entregaron para cubrir a 11 días de su desahucio y los desalentadores augurios de quienes le atendieron en la ventanilla le quitó las ganas de volver por allí. El hecho de que no presentara los papeles ha sido utilizado por el alcalde de Santiago, Agustín Hernández, para defender la actuación de la Administración en este caso. El regidor aseguró incluso que la familia rechazó la “ayuda” para la anciana, un apoyo que se traducía, cuentan conocidos de la afectada, en su ingreso en un geriátrico.

“Hemos llamado a todas las puertas: decano de los jueces, Defensor del Pueblo, Xunta, colegio de abogados, trabajadores sociales, psicólogos, Ayuntamiento... Son todo palabras, palabras y palabras. Ellos ayudan diciendo que van a ayudar”, relata María, activista de Stop Desafiuzamentos Compostela. Tras el desalojo, la familia de Carlos y María ha sido acogida por un particular que les cede gratuitamente la ocupación de una vivienda.

Los ciudadanos amenazados por un desahucio recalan en el mostrador de Servicios Sociales con los ojos puestos en el precipicio, noqueados, “a veces sin saber o sin querer saber qué les está ocurriendo”. Raquel se presentó allí a principios de este año temiendo lo que le venía encima. Su abogada activó entonces el protocolo pactado por Feijóo y el Consejo General del Poder Judicial en la primavera de 2013 para que los juzgados y los Servicios Sociales actúen coordinadamente y eviten el “desamparo total” de las familias. De aquel protocolo nada más supo, cuentan sus allegados, y, ante el silencio administrativo, fue ella la que tuvo que llamar al timbre de las oficinas públicas para que repararan en su caso. Entre trámites y trámites, incluida la revisión de la discapacidad reconocida a su madre, solicitó la Risga. Le corresponderían algo más de 90 euros al mes de esta renta social que paga la Xunta. Sigue esperando a que se la aprueben.

Fueron miembros de Stop Desafiuzamentos de A Coruña quienes le recomendaron a Raquel presentarse en el IGVS y solicitar allí una vivienda social. Lo primero que le dijeron en estas oficinas de la Xunta fue poco alentador: “Tú pídela, pero no creo que te la den. Hay 5.000 solicitudes y solo cinco viviendas en la ciudad”. Es lo mismo que le dijeron a Carlos 11 días antes de ser desahuciado. Pese a todo, Raquel pidió una casa por las dos vías posibles: por la ordinaria, que implica ponerse en una cola con los otros 5.000 gallegos de la provincia de A Coruña que la han demandado y esperar al sorteo, y por la adjudicación directa para casos de emergencia. Por la primera opción sigue aguardando. La carta que no veía en sus desdichas ninguna “singularidad” finiquitó la segunda alternativa.

Las palabras de esa misiva son las mismas con las que el IGSV despachó la petición de un piso social que hizo Elisabeth Sanlés, la mujer que fue desahuciada junto a sus tres hijos menores de su casa del barrio coruñés de O Castrillón en noviembre pasado. “¿Reciben todos la misma carta?”, se preguntan los activistas antidesahucios, que no conocen en Galicia ningún caso de adjudicación directa de un piso social a un desalojado, a excepción de Aurelia Rey, una anciana coruñesa cuyo desahucio tuvo gran repercusión mediática. “[La denegación] debería estar motivada según unos criterios y dar posibilidad de recurso. ¿Qué es la “singularidad”? ¿Cuál es el criterio? Es demencial”, critica Sara, miembro de la plataforma antidesahucios que acompañó a Raquel en su frustrante periplo administrativo.

Pilar, otra activista bregada en asistir a personas abocadas a un desahucio, lo tiene claro: “A esta gente no se le hace caso hasta que no hay una reacción de la ciudadanía”. Cuando su angustiosa situación salió en los medios, Raquel fue recibida por el concejal de Servicios Sociales de A Coruña, Miguel Lorenzo (PP), quien la animó a buscar con esos ingresos mensuales de 365 euros para dos personas un piso de alquiler. Después, le dijo, ya buscarían en el Ayuntamiento alguna forma de ayudarle a pagar. “Quieren condenarla a que se cronifique su problema. La animan a ir a Cáritas. Asumen que es una persona que pertenece al grupo de los excluidos y que solo merece caridad”, afirma Bran, de Stop Desafiuzamentos Coruña.

En la actuación administrativa frente a los desahucios no todo es descoordinación y burocracia. Solo 12 horas después de recibir la orden de desalojo de su casa en A Coruña, Elisabeth Sanlés vio cómo la policía local cortaba el tráfico en su calle, desembarcaban varios furgones de policía nacional y llamaban a su puerta trabajadores de Servicios Sociales y del juzgado, movilizados por tres Administraciones distintas. Venían a echarla de casa.