Sobrevivir con 384 euros al mes
4.789 personas dependen de la Renda de Integración Social de Galicia - La Xunta congela la partida para 2011, pese a que la crisis ha disparado las solicitudes
Purificación Puente tiene estudios elementales y 26 años, un hijo que ha cumplido los cuatro y una niña que va para los tres. El segundo embarazo ya lo tuvo que pasar sola, porque la vida con su compañero, metido en las drogas y últimamente en prisión, se volvió insufrible. Ahora, además, atiende a su madre, enferma de esclerosis múltiple, mientras busca un trabajo desesperadamente, ella que solo tiene alguna experiencia en hostelería. Es su gran aspiración en la vida, darles a sus hijos "una cartilla sanitaria de trabajador, porque la que tienen ahora es de pobre". Con estas credenciales, la coruñesa cobra desde hace tres años la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) engordada con un par de complementos por los dos niños.
Son, de momento, 533 euros con los que paga las facturas y el alquiler. Los libros de los pequeños se los dan "en la parroquia", lo de vestir lo pide en el ropero de Cáritas y la comida la consigue en la Cruz Roja, pero está contenta, porque con la Risga puede "afrontar la vida" por sí misma. Lo malo es que este salario tiene fecha de caducidad, dura cuatro años y luego solo en algunos casos se prorroga, pero reducido a la mínima expresión. Actualmente, son 4.789 los beneficiarios de la Risga, y cobran, según la Xunta, una media de 384,41 euros al mes. La demanda se ha disparado con la crisis, pero la partida destinada a pagar las nóminas está congelada. 22,7 millones, como en los dos ejercicios anteriores.Según las cifras de la Consellería de Traballo e Benestar, los beneficiarios de la Risga, tomando como referencia las nóminas pagadas en septiembre en 2008, 2009 y 2010, son hoy 575 más que hace dos años. Pero una cosa son los perceptores y otra diferente los solicitantes, un grupo en el que la Xunta reconoce que se ha notado mucho más la crisis, con un incremento de un 25%. Desde que se pide una Risga (concebida en tiempos de Fraga como el "ultimo eslabón" en el sistema de prestaciones) hasta que se termina de tramitar pasan unos tres meses, no se puede tener otro recurso ni depender económicamente de otras personas, tampoco ejercer la mendicidad o la prostitución. También cuenta el ser emigrante retornado, el ser víctima de malos tratos o tener unas relaciones familiares deterioradas. Según la consellería, "si se cumplen los requisitos", se concede siempre y el año que viene no será diferente.
Aunque crezca la cifra de personas con derecho a renta y la partida esté congelada (en la Xunta prefieren decir "blindada") en los presupuestos de 2011, un portavoz oficial del departamento que dirige Beatriz Mato asegura que "no se dejará a nadie fuera". "Esto no es hasta que se acabe el dinero", continúan desde Benestar, "la conselleira dice que la Risga no se toca bajo ningún concepto, que no se le puede negar a nadie".
"La partida no aparece en los presupuestos como crédito ampliable", siguen explicando, "pero dentro de la propia consellería se considera una prioridad, una urgencia, y si aumenta la demanda, se recurrirá al dinero que hay para imprevistos". En 2009, se presupuestaron 22,7 millones de euros para pagar las risgas y se gastaron 22,5. Este año, a estas alturas, al aumentar las personas con derecho a cobro, la partida ya no va a llegar y "está en tramitación una ampliación de 100.000 euros".
La Risga, de todas formas, cambiará probablemente el año que viene, después de que llegue al Parlamento "en el primer semestre de 2011" la nueva Lei de Inclusión Social. Entonces, la renta dejará de ser de "integración" para pasar a llamarse de "inclusión", conservándose el acrónimo. El pequeño matiz, en cambio, traerá unas cuantas novedades, entre ellas, la más importante, que el cobro de esta renta estará supeditada al cumplimiento de lo que la Xunta llama un "itinerario formativo" para que sea una "herramienta de inclusión" más que una "subvención".
Pero hay personas como Rocío Parga que por circunstancias de la vida no pueden permitirse asistir a cursos y tampoco se encuentran en condiciones de aspirar a un trabajo digno que les permita pagar un sueldo a una persona que atienda sus cargas domésticas. Rocío, de 32 años, tiene estudios primarios y dos hijos (de 14 y de 2). Su marido no trabaja, sigue un tratamiento de desintoxicación y depende todavía de la metadona. Ella lleva ocho años limpia y ahora ni siquiera prueba el tabaco, pero al mayor de sus hijos no lo pudo criar porque entonces le habían retirado la tutela. En casa, además de al marido y los niños, actualmente cuida a su suegro, a su madre y a "un cuñado con retraso mental y cáncer de boca al que es muy difícil darle de comer".
Después de cuatro años cobrando la Risga, con los correspondientes complementos por los hijos, gracias a sus buenos informes Rocío no ha perdido por completo la prestación. En 2010 ha pasado a percibir una prórroga de 273 euros, aunque tiene que renovar la solicitud anualmente si no encuentra un trabajo que le reporte una cuantía superior a esta. El Equipo Técnico de Inclusión Social (ETIS) del Ayuntamiento de A Coruña le procuró un empleo, y en principio lo aceptó, aunque la remuneración era todavía más baja que su Risga mermada. La empresa contratante le pagaba "40 euros por piso limpio", pero resultó que se trataba de edificios nuevos, listos para ser entregados.
Limpiar "la lechada de los azulejos" y todos los restos de obra de una sola vivienda le llevaba "una semana entera trabajando mañana y tarde". Al mes no conseguiría cobrar más que 160 euros. Imposible pagar a alguien y dejarlo al cuidado de su familia.
De los 4.789 perceptores de Risga que se cuentan en este momento, el 63,9% son mujeres, la mayoría de entre 35 y 44 años. Un 45,15% de estas personas perciben el subsidio básico y un 34,31%, un complemento adicional por tener alguna persona a su cargo. Hay beneficiarios de la Risga en 270 municipios gallegos y más de la mitad, 2.439 personas, se concentran en las siete ciudades. Por provincias, a pesar de su mayor población no es A Coruña (con un 32,51% del total), sino Pontevedra (con un 41,93%) la que tiene más perceptores (aportados por Vigo, según la Xunta por "su carácter industrial" y su "mayor número de inmigrantes"). A Ourense sólo pertenecen el 15,54% de los que cobran esta renta y a Lugo, el 10,02% restante.
"Están desbaratando el sistema"
Los Ayuntamientos de las ciudades, gobernados por PSOE y BNG, se rebelaron esta semana contra la eliminación de la partida que la Xunta dedicaba desde hace nueve años a los ETIS. Estos equipos técnicos de inclusión social recibían anualmente partidas de la Administración gallega para pagar los sueldos de unos trabajadores que hasta ahora se encargaban del seguir de forma personalizada cada uno de los casos de la Risga. Cada 15 días se veían con estos perceptores, conocían sus vidas, los asesoraban, les buscaban cursos y empleos e informaban sobre su evolución a la Xunta. El 31 de diciembre, estos trabajadores municipales empezarán a cobrar el paro si los Ayuntamientos no encuentran antes alguna alternativa presupuestaria.
En el caso de A Coruña, donde la concejala de Servizos Sociais denunció la situación el lunes, el equipo de cinco personas funcionaba gracias a la partida de 180.000 euros que aportaba la Xunta. La edil socialista, Silvia Longueira, atribuye este recorte a un "intento de ahogar a los Gobiernos de izquierdas antes de las elecciones". Asegura además que desde la consellería, con este y otros recortes (no les han cubierto "tampoco" los trabajadores encargados de la ayuda a domicilio de dependientes) "están desbaratando el sistema porque los beneficiarios no son sus votantes, sino gente que no les interesa".
En la Xunta, por su parte, insisten en diferenciar lo que es el presupuesto para el pago de las Risga de estas partidas destinadas a los ETIS y explican que en épocas de recortes Benestar ha entendido que este servicio es prescindible porque todos los Ayuntamientos tienen trabajadores sociales en plantilla, que son los que tramitan la percepción de la Risga, y ya hay otros departamentos (como el Servizo Galego de Colocación) que se pueden encargar del "posterior seguimiento" de inclusión social.
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