El Gobierno pedirá a la Fiscalía que impugne el registro de un sindicato de prostitutas

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social quiere que se impugnen los estatutos de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), el primer sindicato estatal de prostitutas. Para ello ha remitido un informe jurídico al Ministerio de Justicia y pide a la Fiscalía General del Estado que lo lleve a la Audiencia Nacional. Trabajo considera que la vía judicial es "la más viable" para la impugnación. El registro de este sindicato le costó el puesto a la directora general de Trabajo Concepción Pascual por permitir la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que ahora el Ejecutivo quiere revertir.

El departamento que dirige Magdalena Valerio encargó un informe después de que la ministra admitiera el "error" con esta frase: "Me han colado un gol por la escuadra". El escrito considera que los estatutos de Otras vulneran la libertad sindical, la dignidad de las personas y el principio de igualdad, según recogen en una nota remitida los medios.

Respecto al derecho a fundar sindicatos, Trabajo señala que solo se reconoce a las personas trabajadoras por cuenta ajena y "la prostitución nunca puede ser objeto de un contrato de trabajo". Por ello, añade el escrito, los estatutos de Otras vulneran la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los artículos 10 y 14 de la Constitución referidos a la dignidad de la persona y al principio de igualdad, así como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, aprobada en 2007.

"La prostitución no es una situación neutral”, señala el ministerio en su nota oficial. “Lleva aparejada la explotación sexual de una persona, mayoritariamente mujer, y con mucha frecuencia aparece anudada a situaciones de trata de seres humanos, que los poderes públicos tienen el deber de combatir con todos los instrumentos del Estado de derecho”.

El Gobierno no admite la constitución de un sindicato que "ha afirmado perseguir la defensa y promoción de la prostitución, el otorgamiento de derechos laborales a quienes ejercen la prostitución y, por tanto, la normalización de la relación existente entre quien ejerce la prostitución y el proxeneta", concluye Trabajo. El sindicato Otras también acoge a actores porno, telefonistas de líneas eróticas y masajistas tántricas.

Las integrantes del sindicato hicieron su presentación en sociedad el pasado 21 de septiembre  frente a un Gobierno que se ha proclamado abiertamente abolicionista (la prostitución se considera un atentado contra la dignidad de la mujer). En España, el ejercicio de la prostitución es alegal, pero la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, y distintas ordenanzas municipales suponen la persecución tanto de los clientes como de las prostitutas.