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Apagón estadístico sobre la malnutrición

La ausencia de estudios sobre la alimentación infantil provoca disparidad de criterios entre las comunidades a la hora de abrir los comedores escolares

El colegio Manuel Altolaguirre da de comer a 120 niños Málaga. Ver fotogalería
El colegio Manuel Altolaguirre da de comer a 120 niños Málaga.

Sin datos, oficialmente, el problema no existe. Tras varios años de crisis y polémicas sobre la desnutrición o malnutrición infantil en España, sobre hasta qué punto existe y cuál es su alcance real, no hay un estudio nacional —y escasísimos autonómicos— sobre este asunto. Nadie sabe responder a la pregunta: ¿cuántos niños están mal alimentados en España por falta de recursos de sus familias?

“Hay muchos indicadores de pobreza pero no estudios oficiales sobre nutrición infantil. Ese es el problema”, explica Marta Arias, de Unicef, que, en cualquier caso, descarta que en España haya desnutrición. “Aquí puede haber malnutrición, que es distinto, pero tampoco existe un estudio en profundidad que aclare en qué medida se debe a medios económicos o a malos hábitos”.

Los indicadores de pobreza salen del propio organismo de la ONU. En España hay aproximadamente 2,2 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza, según datos del informe sobre la infancia de Unicef de 2013. Hay también cifras de Eurostat sobre el concepto de “privación material severa”, que se refiere a los hogares que no se pueden permitir cuatro de nueve indicadores ofrecidos, entre ellos una comida de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos tres veces por semana. Según Eurostat, el 8,3% de los niños vivía en 2013 en hogares con privación material severa, frente a un 5,5% en el año 2008. En cualquier caso, esas cifras tampoco sirven para hablar con fiabilidad de malnutrición.

“Es necesario un informe estatal sobre el problema”, dice Gustavo García, miembro de la misma asociación. “Sería fácil de realizar, porque la muestra de población está localizada en los colegios. En materia de nutrición infantil hay mil opiniones y pocos estudios de alguna comunidad, pero si vas colegio por colegio, todos los profesores dicen que hay niños que comen mal”.

Las regiones que cierran dicen que se estigmatiza a los pequeños

Los únicos estudios oficiales son los de algunas —muy pocas— Administraciones regionales o municipales que han decidido encargarlos. Los han llevado a cabo Navarra, País Vasco y el Ayuntamiento de Barcelona. Este último cifró en 2.865 —a través de datos de centros escolares, centros de salud y servicios sociales, las tres patas esenciales para detectar el problema— el número de niños con malnutrición, el 1,7% de los escolarizados en el municipio. El Gobierno de Navarra hace estudios desde 2007, a través de los servicios sanitarios de atención primaria. “De los 98.500 niños, aproximadamente, que hay en Navarra, la muestra analizada en 2013 fue de 92.000 y el porcentaje de malnutrición fue del 1%. Aunque esto incluye también a niños enfermos, prematuros o adolescentes con trastornos de alimentación”. Por otro lado, un informe del País Vasco de 2013 de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko cifraba en 16.000 los niños en Euskadi con una dieta pobre o poco equilibrada derivada de la falta de recursos.

La ausencia de datos fiables es la causa, además, de que sea difícil fiscalizar a las comunidades autónomas sobre si las políticas públicas adoptadas para resolver este problema es la idónea. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidió en junio a las comunidades que abrieran los comedores escolares durante julio y agosto. Pero cada una tomó una decisión distinta. Becerril sostiene que, mientras no haya niños malnutridos, las soluciones no tienen por qué ser iguales. Pero si no hay datos, ¿cómo se puede saber si en las autonomías que no abren comedores escolares en verano hay niños mal alimentados por esta causa?

Las comunidades que han optado por ofrecer esa comida a los niños también en verano son Canarias, Andalucía, Aragón y Extremadura. Madrid dice que “lo autoriza”, pero que son los Ayuntamientos los que tienen que decidir. La demanda existe, según pudo comprobar este periódico en un comedor social del distrito madrileño de Villaverde gestionado por una ONG la pasada semana. Baleares explica que repartió el dinero del plan contra la pobreza infantil entre sus municipios. Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja no abren sus comedores escolares en verano; argumentan que estigmatiza al niño.

“En un pueblo puede darse el caso de un solo niño que lo necesite. Si te lo llevas al colegio para que coma en verano, se sabe”, explica una portavoz del Gobierno de Castilla y León, que afirma que su red de protección social ya atiende a las 100.000 personas que lo necesitan. “No abrimos para no fomentar la discriminación de los niños”, insiste el Gobierno de La Rioja. Otro argumento es que “es más práctico”, dar una ayuda económica a las familias y que ellas la administren.

Las comunidades que abren en verano no lo han hecho a través de comedores para niños pobres, sino dentro de campamentos urbanos o escuelas de verano en las que los menores realizan actividades y excursiones, y, además, comen. Canarias ofrece, aparte del almuerzo, clases de inglés y gimnasia a 6.000 niños este verano. La Comunidad Valenciana ha optado por un modelo parecido: escuelas de verano en 74 municipios para 4.200 menores de entre 3 y 16 años en riesgo de exclusión. Extremadura dispone de 2.500 plazas que han supuesto 600.000 euros de inversión del Gobierno regional. Estas comunidades mantienen, en paralelo, ayudas para familias en riesgo de exclusión.

Los niños, en verano, con los adultos

La Comunidad de Madrid es una de las 11 autonomías que ha optado por no abrir los comedores escolares en verano. El Gobierno regional dice que “lo autoriza”, pero que son los Ayuntamientos los que tienen que decidir. El de la capital no los ha abierto y eso ha hecho que la ONG Mensajeros de La Paz haya tenido que adaptar a los niños su comedor social de adultos en el distrito de Villaverde, uno de los más pobres de la capital. En principio, el comedor, que durante el año da de comer a 500 personas en la ciudad, no iba a abrir en agosto, pero sus responsables han tenido que mantenerlo debido a la demanda y aumentar sus plazas a más de 1.000, según explica Ana de la Calle, portavoz de la organización.

Griselys, dominicana de 28 años, acudía esta semana a este comedor de adultos por primera vez con sus tres hijos, de tres, cinco y siete años. “Me los llevo al parque y me preguntan: ‘Mamá, ¿qué comemos?’ y yo solo puedo darles agua”, lamenta. “La cena la apaño, pero sientes tanta impotencia… Por eso venimos aquí”. Esta madre agradecería que su colegio abriera en verano. Por la comida. Y para que los niños pudieran hacer actividades. “Yo me los llevo al parque, pero se aburren”, lamenta. “No podemos ir ni a la piscina. Y cuando vuelven del verano, los primeros días les preguntan en clase qué han hecho. Luego llegan a casa y me dicen: ‘Mi amiga ha ido a la playa, ¿por qué no podemos ir nosotros?”.

Las comunidades que sí abren los comedores durante el verano han optado por crear campamentos urbanos que no estigmaticen a los niños que acuden. El Colegio Manuel Altolaguirre (Málaga) es uno de ellos. Está en la barriada marginal de Palma-Palmilla. En total, cada día, acuden unos 120 niños de entre 3 y 14 años. El centro abre sus puertas a las ocho de la mañana —“Es la hora a la que muchas de sus madres se tienen que ir a limpiar casas”, aclara Daniel Fernández, responsable de la escuela a través de la asociación Malacitana—, y ofrece actividades a los menores hasta las cuatro de la tarde. “Mañana, por ejemplo, los llevamos a un parque acuático. Si tú le preguntas a alguno a qué viene aquí, no te va a responder: ‘A comer”.

Fernández explica que este tipo de escuelas “existen desde 1996”, pero que la crisis ha aumentado las necesidades y cambiado el perfil de los beneficiarios. “Ahora también traen a sus niños padres que trabajan pero que siguen siendo pobres, porque ganan sueldos de 600 u 800 euros al mes. En cuanto llegan las facturas, apenas les queda nada para alimentar a su familia. Es gente que antes era clase media y ahora está en serio riesgo de exclusión social”.

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