Las homologaciones de títulos extranjeros se doblan en un año, con 80.000 como meta en 2025
El Ministerio de Universidades valida ahora paquetes de expedientes iguales, sin comenzar de cero un proceso con el mismo resultado positivo
![Concentración de extranjeros que reclaman la homologación de su título ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 2023.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/PS4L4WES6ZGGPJDMILMUPROMIQ.jpg?auth=261875a20645b66156fc8dd4b9e1dc6ab246f051e6fc4a06eabe1e6b1394e0f0&width=414)
![Elisa Silió](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fedb22054-d097-4563-bc91-1474ed48343d.jpg?auth=1e93401b84a57ddf3a74ce7ad95d8d6a18786fb8bb55a9dbc4d77e8fec627cc0&width=100&height=100&smart=true)
El Gobierno quiere desatascar el embudo de miles de expedientes de títulos universitarios extranjeros que impiden a muchos inmigrantes ―y no pocos españoles― ejercer su profesión, y el nuevo modelo burocrático, más flexible para no repetir el mismo trabajo, parece dar los primeros resultados. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades Diana Morant aspira a que se emitan 80.000 informes este 2025, pero la cifra total de solicitudes se mantiene en secreto. “En el año 2024, logramos una cifra histórica y resolvimos 40.200 expedientes de homologaciones y equivalencias. Son casi el doble del año anterior, 2023. Desde noviembre hemos logrado acelerar este proceso y, por ejemplo, solo durante este enero hemos resuelto 7.932”, afirmó este miércoles en la comisión de ciencia del Congreso de los Diputados.
“Para que se hagan una idea, en enero de 2017, cuando gobernaba todavía el presidente Rajoy, se resolvieron 400. Este mes hemos resuelto 7.500 expedientes más. Además, por primera vez el ritmo de resolución de solicitudes es mayor que el de nuevas peticiones”, se felicitó Morant. “Por eso, calculamos que durante este año podremos resolver alrededor de 80.000 expedientes más. Es el doble que lo resuelto en el año 2024, un año, como les digo, de récord”, explicó en la Cámara baja.
Según los datos hechos públicos por la Agencia Nacional de Evaluación Académica (ANECA), los informes emitidos por sus comisiones han bajado de 10.657 en 2023 a 5.660 en 2024. Es decir, han caído a casi la mitad. Lo que explica que se hayan doblado las resoluciones totales es que muchos expedientes ya no pasan por ANECA. Se ha empezado a usar unas herramientas de validación que ya existían en los decretos de 2014 y 2022 pero que no se usaban: las medidas generales.
Por ejemplo, se permite que a paquetes de expedientes que son iguales se les aplique la misma medida y se validen, para no repetir el mismo trabajo. O se estudian las legislaciones de dos países y se llega a acuerdos, como los psicólogos clínicos argentinos que ya entran de golpe. Y desde octubre funciona lo que han llamado “precedentes positivos”: si siempre da positivo el expediente de una titulación en una universidad determinada, se hace una lista con los solicitantes que estén en esa situación y se les certifica.
El BOE ha publicado este miércoles una orden que permite a la ANECA contar con más expertos evaluadores. Ahora hay 50. Y se les va a permitir que resuelvan los expedientes de forma colectiva, no particular.
En 2023 y durante nueve meses el Ministerio de Hacienda y Administración Pública envió a 64 funcionarios al departamento de homologación y equivalencias de títulos extranjeros en la cartera de Universidades (ahora Ciencia, Innovación y Universidades) para agilizar, sobre todo, que cientos de profesionales de la salud pudiesen trabajar. Pero esos profesionales, que multiplicaron por seis la plantilla, volvieron a sus puestos.
Morant relató en el Congreso que el ministerio ha encomendado a INECO ―una empresa pública del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, referente en digitalización― la “incorporación de tecnologías de automatización e inteligencia artificial para la gestión administrativa de los expedientes de homologación y equivalencia y para la robotización de una parte significativa de los procedimientos”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control el pasado octubre en el Congreso, abordó el tema: “Vamos a agilizar la homologación de títulos académicos de aquellas personas que deseen venir a trabajar en España, además de poner en marcha un programa de migración laboral”. Y fue más allá: “Tal y como, por cierto, están recomendando todas las instituciones expertas en migraciones y que es una posición que defendía el Partido Popular hasta hace poco, cuando decidió competir con Vox en las olimpiadas de la xenofobia”.
Uno de cada tres expedientes es de equivalencia ―supone validar cotejando asignaturas una carrera o un máster― y dos de homologaciones, un proceso más exhaustivo que se pide para ejercer profesiones reguladas como médico, dentista, psicólogo clínico o arquitecto. ANECA está elaborando guías de requisitos por profesiones reguladas para que los solicitantes no hagan los trámites a ciegas, sino sabiendo exactamente qué se les reclama, y que el evaluador sepa qué tiene que pedir.
Años de espera
Nueve de cada 10 solicitudes son de universitarios formados en Latinoamérica, pero entre los afectados hay también españoles titulados fuera. Es el caso de la enfermera de Jerez Inmaculada Reina Sumariva, que logró homologar su título el pasado marzo después de cuatro años y nueve meses de espera.
Reina, que fue una de las jefas de enfermeras de UCI del Instituto Johns Hopkins en Baltimore, decidió volver con 50 años a España en el verano de 2020 cansada de las guardias en Estados Unidos, donde se graduó, pero nunca imaginó que incluso en plena pandemia no podría ejercer su profesión. “Es ridículo la cantidad de dinero que cuesta las traducciones, los apostillados, el desgaste emocional y el tiempo que tarda el proceso”, se queja. Tuvo que trabajar como auxiliar de clínica con el título español de FP. Ahora pelea por que se le reconozcan las notas, que le dan puntos en las bolsas de trabajo de los hospitales.
La asociación Homologación Justa Ya aseguró este enero en una nota que no se está respetando la antigüedad del expediente. La abogada Mónica García, especializada en estas validaciones desde hace 20 años, tiene también esa sensación: “El ministerio siempre ha llevado muy a gala que resuelven por estricto orden de entrada, como dice la Ley de procedimiento administrativo. Pero al despacho nos llegó el otro día una resolución de una solicitud de equivalencia iniciada en octubre del 2024, cuando hasta tenemos expedientes del 2018″.
![Diana Morant](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/PPZNRZAAFVCHPBIQRSDILPHN2M.jpg?auth=2aac7df6512897b8c0b418a4f53927fabea72f1ce0b312190ef74797055ae7e2&width=414)
Es el caso de la colombiana Cyntia Vargas, que aguarda su homologación desde hace cinco años y medio. Empezó los trámites desde su país mandando por correo una pila de documentos físicos; ahora todo el proceso se ha informatizado. “Es como una montaña rusa. Tú te armas una idea de la vida que quieres tener en otro país y no se cumple”, se lamenta. Aún su expediente no ha llegado a la ANECA. Se ha ido tropezando con distintas piedras en el ministerio que intenta ahora solventar desde Francia, donde ha terminado un máster.
En 2024 necesitó una carta especial de la Universidad del Rosario que aclarase un concepto porque se consideraba el expediente incompleto, y ahora le ha llegado un nuevo requerimiento, pero aún no sabe qué le van a reclamar. Por eso Vargas es una de las voces que dan la cara en Homologación Justa Ya. “Es una espera infinita”.
La lucha por las homologaciones es una causa en la que sigue metida Rami Admadi, pediatra de origen iraní, pero graduada en Medicina en Nueva York. Tras cuatro años aguardando, por fin en abril de 2024 terminó su pesadilla. Ahora trabaja como doctora en una clínica privada a las afueras de Valencia, pero ni se plantea homologar su especialidad. Sería empezar otro peregrinar y no está dispuesta.
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