Bolsonaro maniobra para que el Congreso de Brasil lo salve de la cárcel

Ahora que el Poder Judicial estrecha el cerco sobre él, Jair Messias Bolsonaro busca al Poder Legislativo como tabla de salvación. El expresidente de extrema derecha y líder de la oposición brasileña maniobra para que el Congreso apruebe cambios legislativos que podrían, potencialmente, evitarle la cárcel y permitirle volver a ser candidato presidencial en 2026 si, como se espera, sigue adelante la denuncia por golpismo que el fiscal general de la unión presentó contra él y 33 personas más el miércoles por la noche. Aunque aún queda el paso de que el Tribunal Supremo acepte la denuncia, que sostiene que Bolsonaro lideró el intento de perpetrar un golpe de Estado en enero de 2023 para revertir su derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022, en Brasil prácticamente se da por supuesto que el anterior presidente se sentará en el banquillo en los próximos meses. En este contexto, su aliado Donald Trump ha enviado una potente señal. Este miércoles la empresa de medios propiedad del magnate y presidente ha denunciado en Florida al juez que lleva el caso, Alexandre de Moraes, por censura ilegal en Estados Unidos.

Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022, ha dicho este miércoles, vía redes sociales, que las acusaciones contra él “son vagas” y que “el mundo está atento a lo que ocurre en Brasil. El truco de acusar a líderes de la oposición democrática de organizar golpes no es nueva”.

El ultraderechista está embarcado en una ofensiva para, uno, evitar la cárcel y, dos, presentarse a las elecciones de finales del año próximo. Trump y el Congreso desempeñan un papel capital en esos movimientos. El grupo Trump Media & Technology y Rumble, una plataforma para compartir vídeo que presume de ser campeona de la libertad de expresión, han denunciado este miércoles a primera hora a Moraes ante un juez de Tampa “por censurar discursos políticos legítimos en Estados Unidos”. Una presión extra para el magistrado que instruye el caso de Bolsonaro y que, en un duelo con Elon Musk, cerró durante 40 días la red X en Brasil.

Los planes para la asonada, según la Fiscalía, incluían envenenar a Lula y asesinar al juez Moraes, el archienemigo del bolsonarismo e instructor de las causas contra el exmandatario. Entre los 34 denunciados por abolición violenta del Estado de derecho y otros delitos, siete generales, el almirante que comandaba la Marina y otros muchos militares.

El expresidente brasileño almorzó este martes con senadores aliados en la sede de la Cámara alta en Brasilia. Quedaban pocas horas para que la fiscalía lo denunciara por liderar una organización criminal que intentó revertir su derrota en las urnas, en 2022. Este miércoles tiene previsto reunirse con diputados.

Dos son las vías que tantea. Una, lograr una mayoría parlamentaria con sus aliados, que dominan el Congreso, para modificar la ley de antecedentes limpios, una norma anticorrupción de 2010 que el propio Bolsonaro apoyó entonces y de la que ya se benefició en 2018. Porque fue, gracias a esa norma, que los jueces impidieron a Lula concurrir a las presidenciales y allanaron el camino para que Bolsonaro conquistara la Presidencia, a la que intentó aferrarse. “La ley de antecedentes limpios solo sirve hoy en día para perseguir políticos de derechas”, dijo este mes Bolsonaro en un vídeo en redes sociales, según Reuters.

La otra vía son las propuestas de ley de amnistía que circulan por el Congreso hace ya meses para perdonar a los condenados por el ataque bolsonarista al Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo, en enero de 2023, cuando Lula llevaba una semana de vuelta al poder. Los jueces han impuesto duras penas, hasta de 17 años, a los autores materiales del asalto. Aquel día Bolsonaro estaba en el extranjero, en Florida, adonde viajó para no tener que traspasar el poder a Lula. Ese es uno de sus argumentos para defender su inocencia, que estaba a miles de kilómetros de Brasilia, que allí nadie disparó un tiro ni los tanques salieron a la calle. Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, se mofa de las graves acusaciones diciendo que es “el golpe de Disneylandia”.

Ambas vías legislativas para evitar ingresar en prisión, si Bolsonaro fuera juzgado y condenado, implicarían un notable contorsionismo normativo, pero eso tampoco es novedad en Brasil. Como a veces recuerda Bolsonaro, los casos de corrupción contra Lula fueron anulados de manera inesperada en 2020 para sorpresa de casi todos. Bolsonaro se enfrenta a varios delitos que suman una pena máxima de 43 años. En este momento, está inhabilitado por los jueces para concurrir a las elecciones hasta 2030 por un delito de abuso de poder.

Preguntado por la denuncia contra su predecesor, el presidente Lula ha dicho que, “si el juez considera que son culpables, tendrán que pagar por sus errores”. Ha añadido que “tendrán todo el derecho a defenderse”. Bolsonaro está sometido a medidas cautelares, como la retirada del pasaporte. Aunque estaba invitado, por eso no pudo acudir a la toma de posesión de Trump.

Los movimientos de Bolsonaro y sus supuestos cómplices —incluidos varios militares-ministros— para perpetrar el golpe empezaron, según la investigación, antes de las elecciones presidenciales, continuaron durante la transición y culminaron con el asalto violento a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Primero, emprendieron una gran campaña de falsedades sobre supuestos fraudes nunca confirmados. Después, el entonces presidente intentó reclutar a la cúpula de las Fuerzas Armadas, parte de la cual rechazó de plano la idea y le advirtió de que era una ruptura del orden constitucional en toda regla.

Los problemas de Bolsonaro con la justicia no acaban aquí. El antiguo militar también es investigado por apropiarse de joyas que eran regalos de Estado y por manipular su cartilla de vacunación. Ahora se ha sabido que varias valiosas joyas regaladas por la monarquía saudí fueron vendidas encargo de Bolsonaro en EE UU y que recibió los 86.000 dólares obtenidos en efectivo y varias entregas, incluida una durante un viaje a Nueva York para participar en la Asamblea general de la ONU. Es parte de la confesión de su secretario particular, pilar central de las acusaciones relacionadas con la trama golpista.