La carrera investigadora requiere un “cambio radical” en España

El sistema de I+D+i español requiere más recursos ligados a reformas estructurales y un cambio radical en la carrera investigadora, según han concluido los expertos europeos que han llevado a cabo la auditoría encargada por el Ministerio de Economía. Este trabajo fue encargado por el ministro Luis de Guindos a la Comisión Europea nada más llegar al departamento, y sus resultados son una radiografía de los problemas y retos de un sistema que en los últimos años ha perdido personal y fondos (su presupuesto está al nivel de hace una década).

El estudio se ha llevado a cabo a través del denominado European Research Area Committee (ERAC) Peer Review. Esto le da un especial valor, admiten fuentes del Ministerio de Economía, ya que se trata de expertos independientes. En concreto, cinco representantes de países de la Unión Europea (Bélgica, Alemania, Estonia, Francia y Suecia), cuatro no adscritos y dos representantes de la comisión que han visitado España y se han reunido durante dos días con los actores del sistema español de I+D+i.

Los planes deben hacerse a 10 años y estar blindados por acuerdos políticos

Una de las partes más llamativas, porque va en contra del sistema actual de funcionarios en organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Universidades es que los expertos piden “actuar de inmediato” en el terreno de los recursos humanos. Así, señalan el envejecimiento de plantillas —la edad media en España está por encima de los 50 años—, la congelación de la tasa de reposición, que impide cubrir el 90% de las bajas por jubilación o por otras causas, y la necesidad de implementar una carrera investigadora alternativa al estándar vigente ligado al modelo funcionarial. Esto fue muy debatido cuando se debatió, con el anterior Gobierno, la Ley de Ciencia, y finalmente fue descartado. También indica el trabajo que es necesario introducir un cambio radical en la gestión de la carrera investigadora, que busque liderazgo científico, autonomía y movilidad.

La otra pata que cojea del sistema es el de la financiación. Los expertos aconsejan que se llegue a un presupuesto del 0,7% del PIB en tres años (actualmente, fuentes de Economía afirman que el sector público se lleva el 0,61%). Pero no todo es cuestión de dinero. Este aumento de fondos debe ser acompañado de una planificación estratégica a 10 años, que, en previsión de posibles alternancias electorales, debe contar con un amplio consenso político.

Además, consideran que la reforma institucional es fundamental para dotar a los organismos públicos de investigación (OPI) y universidades de un grado de autonomía mayor. Por ello, consideran relevante un sistema de evaluación basado en la excelencia y el impacto económico, social y cultural que determine la asignación de recursos tanto directa como indirecta. Y todo ello con una mayor colaboración público-privada.