La financiación estatal para la dependencia cae un 23%

Entre 2011 y 2013, el Gobierno ha reducido un 23% (361 millones de euros) la aportación que inyecta a las autonomías para financiar la dependencia. Estos fondos (1.206,7 millones en 2013) apenas alcanzan para sufragar una quinta parte del coste total que supone mantener el sistema de ayudas para las personas que no pueden valerse por sí mismas (plazas de residencias para mayores, centros de día, prestaciones económicas para los cuidadores familiares), según un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas para fiscalizar la aplicación de la ley.

La difusión de estas cifras coincide con el retroceso que reflejan los últimos datos oficiales hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A finales de abril había menos personas amparadas por la ley que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011 (734.187 usuarios ahora por 738.587 entonces).

El Tribunal de Cuentas constata en el informe “importantes demoras” en la tramitación de los expedientes -con diferencias entre autonomías-,  un aspecto que ya se reflejaba en un primer borrador del documento que trascendió hace tres meses. El estudio también se detiene en la lista de espera de personas con derecho a recibir una prestación que aún no tienen acceso a ella: “Resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de beneficiarios sin prestación en Canarias, del 52%”. La "excesiva dispersión normativa", que da lugar a notables diferencias en la aplicación de la ley en las diferentes comunidades, es otro de los problemas sobre los que el organismo fiscalizador advierte.

El capítulo referido a la financiación es el que más cambios ha sufrido respecto a la versión inicial del informe, como advierte la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. El documento original se prestaba a cierta confusión la aportación estatal al sistema, al no dejar del todo clara la diferencia entre fondos finalistas (aquellos dirigidos exclusivamente a financiar la dependencia) y los no finalistas (aportaciones dirigidas a sufragar gastos variados, que pueden ser de servicios sociales, pero también de educación o sanidad o de cualquier otra cosa, según las prioridades del Gobierno autonómico).

El informe definitivo deja patente que los presupuestos estatales finalistas han caído un 23% entre 2011 y 2013 (de 1.584 millones de euros a 1.206 millones). Y que con ello, ni siquiera se alcanza el 20% de la financiación pública del sistema (llega al 19,7%). Frente a ello, como destaca la asociación integrada por responsables de servicios sociales, son las autonomías las que soportan el peso de la dependencia "con una aportación del 80%".

Al margen de los fondos finalistas, se encuentran los recursos adicionales contemplados en la ley que regula el sistema de financiación de las autonomías de régimen común. Esta ayuda indirecta asciende a 2.472 millones en 2013, un 17% más que en 2011. Pero se trata de una partida que las autonomías no están obligadas a gastar en ninguna parcela en particular, por lo que no se puede considerar como un dinero destinado a la dependencia.  En el informe original se sumaba esta partida y la inversión del gobierno en dependencia salía mucho más alta de lo que es en realidad.