“Defiendo la privacidad. No me he pasado al enemigo”

Google, el gigante estadounidense de Internet, ha nombrado a un comité internacional para aplicar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoce el derecho de los ciudadanos a suprimir del buscador aquellos datos irrelevantes y sin interés público que les afecten. José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo y vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, forma parte de este grupo de expertos en el que también figuran el relator de la ONU para la protección de datos, Frank La Rue; el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, y los profesores Luciano Floridi (Universidad de Oxford) y Peggy Valcke (Lovaina). A la espera de que comiencen sus trabajos —tarea por la que no cobrarán—, Piñar afirma que la sentencia tiene “muchas aristas” y es técnicamente “muy problemática”. Pero por encima de todo, defiende la privacidad como un derecho fundamental. Cree que en su nombramiento ha pesado el hecho de que entre 2002 y 2007 dirigió la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), precisamente el detonante de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Desde ese cargo fundó la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

Pregunta. ¿Quién le propuso?

Respuesta. Imagino que ha influido el hecho de que haya sido director de la AEPD. En esa época tuve una relación cercana con el responsable mundial de privacidad de Google. Nos reuníamos muchas veces para marcar las líneas rojas. Eran los tiempos en los que empezaba Gmail y se discutía si Google escaneaba o no los correos electrónicos para que apareciera publicidad personalizada. Vimos que no había intervención humana sino una gestión mecánica y que no se conservaban los datos personales. Además, parece lógico que haya un español porque la sentencia se refiere a un caso planteado por España.

Pregunta. ¿Se ha pasado al otro lado?

Respuesta. Soy un firme defensor de la privacidad como derecho fundamental. Pero no podemos ser fundamentalistas. La protección de datos tiene que convivir con la transparencia, con Internet y con la información. No me he pasado al enemigo; lo que vamos a hacer es evaluar cómo se aplica desde un punto de vista técnico y jurídico. La sentencia plantea muchos problemas.

P. ¿Cuáles son los más complejos?

R. En protección de datos existen tres sujetos: el titular del dato, el responsable del fichero y el encargado del tratamiento, que puede ser, por ejemplo, el que gestiona las nóminas de una empresa. Cuando llegó el caso al Tribunal de la UE, el abogado general consideró que Google maneja datos, pero que eso no hace de Google responsable del tratamiento. No es más que una correa de transmisión entre el editor de los datos y el usuario. De modo que no puede alterar la información.

P. Pero el tribunal no siguió la argumentación del abogado.

R. La sentencia da un paso muy importante. Lanza el mensaje de que por mucho que estemos hablando de una gran compañía de EE UU, tiene que respetar la protección de datos y la directiva europea.

P. Google siempre se ha escudado en que se rige por las normas de EE UU, ya que su sede está en California, y que no le afectan las leyes de otros países.

R. Efectivamente, pero Google Inc tiene una filial en España, que es Google Spain, y la sentencia sostiene que dado que Google Spain lleva a cabo una actividad relacionada con el buscador —la gestión publicitaria—, debe ajustarse a la directiva.

P. Eso significa que afecta a todos los usuarios de la UE.

R. Sí, pero no necesariamente a todos los buscadores. Si Bing o Yahoo tienen filiales en España o en otros países de la UE tendrán que cumplirla. Si no es así, habría que verlo. Esta es una de las consecuencias que hay que analizar. Es una sentencia que tiene muchos recovecos.

P. ¿Cómo queda Google?

R. Google es responsable del tratamiento y por eso se puede ejercer el derecho de cancelación frente a Google. De modo que puede salir reforzada porque ahora, según la sentencia, es la dueña de la información. Aunque no lo va a hacer porque iría en contra de la fiabilidad, pero podría decir: ‘José Luis Piñar no me cae bien y lo borro de Google’. Ya no es una simple correa de transmisión, sino que decide. La cuestión es hasta qué punto Google es responsable de la información y hasta qué punto puede convertirse, ahora sí, en una especie de censor. Habría sido mucho más preciso exigir que fuera el editor el que tomara medidas para no indexar la información.

P. ¿Cómo se conjugará el derecho a la privacidad y a la libertad de información?

R. La privacidad es un derecho fundamental que hay que equilibrar con otros derechos, como la libertad de expresión e información. Además, tiene que convivir con los buscadores sin poner puertas al campo. Google va a decidir si esas informaciones son o no de relevancia pública. Va a analizar caso a caso.

P. ¿El comité de expertos pondrá coto a la intención de los usuarios de borrar sus datos negativos?

R. Existe el derecho de los internautas a saber. He leído que entre las 40.000 solicitudes de cancelación que se han presentado en los cuatro primeros días hay bastantes de pederastas. El comité ha de marcar pautas objetivas y claras.