La fiscalía rebaja la petición de prisión para el fabricante del Bio-Bac

La fiscalía ha rebajado de cinco años y medio a tres años y tres meses su petición de pena de prisión para Antonio Rafael Chacón, acusado de dos delitos contra la salud pública y los consumidores, por fabricar y vender ilegalmente el Bio-Bac, un producto que se anunciaba como antitumoral y que fue retirado del mercado tras una denuncia del Ministerio de Sanidad en 2002. Precisamente el tiempo transcurrido entre la operación de la Guardia Civil bautizada como Operación Brujo y el juicio, 12 años, ha motivado el cambio en las calificaciones de la fiscalía. Ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

En la octava y última jornada del juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, la fiscal también ha reducido a cinco meses su petición de pena de cárcel por un delito contra la salud pública para los otros tres procesados, el farmacéutico Miguel Echenique, el biólogo Enrique Martínez y la secretaria Consuelo Serdio. Según el relato de la fiscalía, los tres tuvieron un papel destacado en la comercialización ilegal del Bio-Bac como medicamento ilegal. 

La fiscal considera acreditada "la absoluta falta de control administrativo" de la fabricación y comercialización del producto, de las que era principal responsable Rafael Chacón. En su intervención la fiscal aseguró que hubo un peligro para la salud de las personas que consumieron Bio-Bac y rechazó la teoría según la cual había una "confabulación" contra él para que el Ministerio de Sanidad nunca aprobara su solicitud para realizar ensayos clínicos con su producto.

El abogado de Chacón insistió en esa interpretación al afirmar que se produjeron "actuaciones maquiavélicas y conspirativas" de la Agencia Española del Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, para ir en contra de su defendido. "Se ha demostrado durante el juicio que los tres testigos de la agencia han faltado a la verdad", aseguró y sugirió que deberían ser procesados por "falso testimonio". Se refería a Ramón Palop, Fernando García Alonso y Francisco Salmerón, que tenían puestos de responsabilidad en la Agencia. En sus declaraciones se contradijeron, según la defensa.

El abogado de Chacón señaló que se ha demostrado que el producto era inocuo, que incluso tuvo efectos beneficiosos para la salud de algunos de los testigos, y que nunca se vendió como medicamento, sino como complemento alimenticio. Negó que se comercializara de manera clandestina, y aludió a las charlas y congresos "abiertos" en los que se promocionó el Bio-Bac. "Todo el mundo sabía que se vendía", aseguró. El producto se vendió entre 1997 y 2002. Antes, a finales de los setenta y principios de los ochenta, también se había comercializado como fórmula magistral. El abogado mencionó en varias ocasiones la "enemistad" que sentían los altos cargos de la Agencia del Medicamento por su cliente.