El ciudadano paga de su bolsillo 250 millones más por los fármacos

Fue una de las principales novedades de la reforma sanitaria: por primera vez, algo más de ocho millones de pensionistas empezaron a pagar una parte (el 10%) de las medicinas que les receta el médico. También los trabajadores en activo pasaron a pagar más: de aportar un 40% a entre un 40% y un 60% del precio según sus ingresos. Más allá de si el gasto farmacéutico —en recetas; no incluye el hospitalario— ha crecido, descendido o se ha estabilizado con estas medidas, lo cierto es que ahora los ciudadanos pagan de su bolsillo al menos 250 millones de euros más al año que antes de la reforma por los fármacos con receta. Con el sistema anterior, la aportación del usuario suponía un 6% del total. Ahora ya es el 10%. Un golpe para los bolsillos bastante maltrechos de los ciudadanos, al que habría que añadir el efecto del medicamentazo: la exclusión de la financiación pública de más de 400 medicamentos de uso común, productos que, además, han subido sus precios.

En 2011, el gasto farmacéutico alcanzó los 11.135,4 millones de euros —aproximadamente uno de cada cinco euros del presupuesto sanitario van a pagar esta factura—. En 2013 el monto descendió hasta los 9.183,24 millones. Son estas grandes cifras las que le gusta destacar a Sanidad, pero la evolución del gasto farmacéutico suele estudiarse comparando cada mes con el mismo del año anterior. Hasta septiembre del año pasado, también el ministerio subrayaba ese descenso mes a mes. Pero entonces el efecto de la reforma —en vigor el 1 de julio de 2012— y del medicamentazo —en vigor el 1 de septiembre de 2012— empezó a desdibujarse.

Lo cierto es que ahora el gasto público en medicamentos encadena seis meses seguidos de subida. Algo que, por otro lado, es natural: no solo los nuevos fármacos son más caros que los anteriores; el envejecimiento de la población hace que cada vez más personas los necesiten. Los sucesivos gobiernos han tratado de contener esta costosa partida. Las caídas en valores absolutos empezaron en junio de 2010, con las reformas del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, básicamente la entrada en vigor de los precios de referencia (obligar a vender al más bajo en cuanto hay un genérico). Con la llegada del PP al Gobierno llegaron medidas más radicales: exclusión de la población inmigrante y nuevo copago.

Los expertos en política sanitaria y economía de la salud llevan meses alertando de que se sabe cuánto se gasta, pero no en qué se gasta. Es decir, ¿sabemos si se recorta solo en gasto innecesario? ¿Podría ser que por culpa de los copagos haya personas que dejan tratamientos por su excesivo coste? Pese a los meses transcurridos desde la puesta en marcha de las medidas, el Ministerio de Sanidad no ha evaluado su impacto. Preguntado por este diario sobre qué fármacos han reducido su consumo, no ofrece estadísticas que, afirma, “son de uso interno y de tipo técnico”.

“Lo relevante aquí es saber cuánto han reducido los enfermos su consumo y de qué tipo de medicamentos. Porque la literatura internacional advierte de que los copagos reducen el consumo farmacéutico menos necesario, pero también el necesario. Y eso, si hablamos de una persona sana, no tiene efectos importantes sobre su salud, pero si hablamos de una persona con enfermedades crónicas, sí”, señala Juan Oliva, especialista en economía de la salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. Oliva recuerda también que no se han hecho públicas cifras oficiales sobre el descenso en el consumo de los fármacos, y desliza que probablemente no interesa hacerlo.

Y ello pese a que hay al menos dos leyes, la Presupuestaria de 2003 y la de Salud Pública de 2011, que obligan a evaluar las políticas de gasto, especialmente si, como es el caso, tienen un impacto significativo en la salud. “¿Tiene sentido aumentar el copago ciudadano en las recetas, sin actuar primero sobre factores como el exceso de prescripción, la selección adecuada de medicamentos o su correcta utilización?”, se pregunta un informe del Observatorio de Salud asturiano, dependiente de la Consejería de Sanidad. Se responde: “Un copago automático como este no distingue entre utilización necesaria o innecesaria, distinción además que [...] corresponde al médico que hace la receta”. El informe apunta al riesgo de acrecentar las desigualdades, algo que también preocupa a la oficina del Defensor del Pueblo. En su último informe, la titular, Soledad Becerril, criticó que el Ministerio de Sanidad había hecho oídos sordos a su petición de la exención del copago a las personas con “rentas mínimas o inexistentes”.