“Que dejen de cazar a los niños y a las niñas en Colombia”

¿Qué te gustaría que cambiara?: ¡Que dejen de cazar a las niñas!, dijo un niño que vive en Sucre, un departamento al norte de Colombia que ha sufrido por décadas los embates de la guerra, durante una entrevista con una organización de la iglesia. Su respuesta resume el crítico panorama al que se enfrentan los niños víctimas de agresiones sexuales cometidas por los actores armados legales e ilegales.

Hasta hoy, en Colombia no hay una cifra oficial o por lo menos aproximada, del número de niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo y aunque diversas instituciones del Estado llevan sus registros, las diferencias entre unos y otros hacen muy difícil consolidar esa información. Aun así, según un informe de la ONG británica Oxfam, lanzado recientemente en Bogotá, entre 2008 y 2012 se registraron 48.915 víctimas de violencia sexual menores de 18 años, de las cuales un poco más de 41.000 son niñas y casi 8.000, niños. Esto significa que a diario 27 menores son agredidos sexualmente en el conflicto armado.

Este es el primer intento que se hace en Colombia, desde la sociedad civil, por establecer un número que le ponga cara a este crimen. “Y aunque si bien estas cifras no están escritas en piedra porque tienen subregistro, sí abren la discusión”, dijo a este diario Diana Arango, coordinadora de la campaña Saquen mi cuerpo de la guerra, una iniciativa que arrancó en el 2009 cuando diez organizaciones de derechos humanos y de mujeres se unieron para denunciar que la violencia sexual en el país es utilizada como un arma de guerra contra las mujeres, tanto por la guerrilla y los grupos paramilitares y sus herederos, como por la fuerza pública.

Esta campaña, impulsada por Oxfam, denunció en 2010 que más de 480.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde el 2001 en el conflicto armado. Pero esa cifra no incluyó a las niñas. Por eso, decidieron aproximarse a un número que también tiene su porcentaje alarmante de niños víctimas. “Si bien la violencia sexual en el país ha sido un crimen bastante invisible, se ha hablado más de las niñas y adolescentes víctimas que de los niños que también lo han sufrido, a lo que se suma un estigma social mucho mayor ya que en muchos casos los tachan de ser homosexuales”, añade Arango. Esta invisibilidad se refleja en los registros y por tanto, en el diseño de políticas públicas y rutas de atención, dice el informe que lleva como título la frase del niño entrevistado en Sucre.

Para las organizaciones que participaron en la investigación, no fue posible saber quiénes son los mayores perpetradores de violencia sexual contra los niños y las niñas. “Información sí hay, pero está dispersa, no es comparable y está incompleta”, dice Arango. Por eso, no se sabe exactamente cuántos años tienen las víctimas, si son indígenas o afrocolombianos y son pocos los registros que determinan si el perpetrador fue un guerrillero, un paramilitar o un soldado.

Esta investigación también encontró que para las instituciones colombianas la violencia sexual se ha limitado casi que a la violación, desconociendo que no existe una única forma de violencia sexual. “Se han normalizado muchas prácticas que no se consideran violencia sexual, aun cuando en términos jurídicos y conceptuales lo sean”, dice el informe, que denuncia, por ejemplo, lo que se conoce como “enamoramiento”. “En la mayoría de zonas donde hay presencia activa de hombres armados, estos usan la seducción para vincular a las niñas al grupo armado ya sea como correos humanos, para sacarles información o como carnada para reclutar a otros niños”, explica la investigadora de Oxfam y agrega que cuando algunos padres se animan a denunciar esta situación, los ignoran, lo que en últimas provoca que esta forma de violencia sea vista como algo normal.

En ciudades grandes como Medellín, Bogotá y Cúcuta (esta última en la frontera con Venezuela) donde las bandas criminales hacen presencia en barrios de la periferia, los investigadores encontraron que son habituales las relaciones aparentemente “voluntarias” de niñas desde los 12 años con hombres armados. “Son los armados quienes deciden si las niñas van o no a las “farras” (fiestas). Cuando se transgrede esa “autoridad” armada, generalmente, resulta en homicidio o desplazamiento”, dice el informe. También venden su virginidad, algo que está ligado al consumo de drogas.

Otra forma de violencia es la esclavitud sexual. Según el informe, en las zonas rurales los grupos armados se llevan a las niñas para ser “compañeras” (esclavas) sexuales temporales de los comandantes. Y cuando no se las llevan, entran a sus casas, se alojan con o sin el consentimiento de las familias, y es allí cuando pueden abusar sexualmente de ellas. Se suma la existencia de redes de trata de niñas y niños con fines de explotación sexual administradas por los actores armados.

En el pacífico colombiano, por ejemplo, donde actualmente hay intensos enfrentamientos entre bandas criminales, las niñas son agredidas sexualmente por venganzas entre grupos armados que se disputan el dominio de los barrios. Además, la prostitución forzada es alarmante. En Tumaco, una población limítrofe con Ecuador, existe una modalidad de explotación que llaman “chongos móviles” y consiste en que llevan a las niñas de vereda en vereda explotándolas sexualmente con los actores armados del lugar.

Aunque este estudio no pudo calcular el número de niñas y niños que a pesar de haber sufrido la violencia sexual en la guerra no recibieron atención médica o legal, sí encontró que entre las razones para no denunciar se encuentran que los armados hacen presencia en los territorios, que hay una suerte de deshumanización en la atención a las víctimas, que la presencia institucional es poca o no existe y que hay una sensación generalizada de que reina la impunidad.