Las 3.720 pedanías rurales se salvan en el Senado de ser borradas del sector público

En plena crisis griega, dos diputados alemanes, Josef Schlarmann y Frank Schäffler, de la coalición de centro-derecha de Angela Merkel, sugirieron al diario sensacionalista Bild que lo mejor para evitar el crash heleno era que Atenas pusiese a la venta alguna de las 6.000 islas deshabitadas del país. “¡Vendan sus islas, griegos quebrados! Y la Acrópolis también”, tituló el diario. Aquello no hizo ninguna gracia al ministro de Turismo griego de entonces, Pavlos Geroulanos, que tachó la ocurrencia de absurda. Tres años después, en España, nadie del Gobierno de Mariano Rajoy admitía hasta ayer querer enajenar el patrimonio forestal en manos de juntas vecinales, pero las pedanías rurales han estado a punto de sufrir la pérdida de sus bienes comunales gracias a la reforma de los Ayuntamientos que el Senado sometió a debate. Una enmienda de última hora logró este lunes evitar el desastre: el PP admitió no solo que mantengan su personalidad jurídica, sino que aceptó una modificación propuesta por el PSOE para garantizar su condición de "entidad local". El matiz, aparentemente inocuo, forzaba a las 3.720 existentes en España a dejar de ser titulares de bienes públicos, lo que las despojaría de montes e incluso de sus bienes comunales.

Tras lo sucedido ayer está una intensa campaña de las propias pedanías para impedir su supresión: "Se comprueba que los argumentos del Concejo General de León y de la Federación de Concejos Pedanías y Parroquias Rurales de España eran plenamente válidos, cuando exigían en virtud de los mismos la mención expresa a que las Juntas Vecinales debían seguir teniendo el carácter de Entidad Local", aseguraron en un comunicado.

Sin embargo la segunda parte de la nueva ley que más temían las pedanías sigue en pie, y tiene que ver con su integración en los municipios de los que dependen. Si un concejo no presenta las cuentas o incumple un solo año la regla del gasto podrá ser absorbido por el Ayuntamiento de cabecera. En el ministerio que dirige Cristóbal Montoro repiten que “lo mínimo que se les puede exigir”, es que las Entidades Locales Menores (ELM) publiquen sus balances y cumplan con sus obligaciones para evitar corruptelas pero muchas juntas están formadas por un puñado de vecinos, muchas veces menos que los de cualquier edificio de una gran ciudad, y se administran sin la supervisión de un secretario municipal. 

Para Ecologistas en Acción, que lleva meses en campaña contra la norma, la ley pretende el “expolio de los bienes comunales”. De los 7.129 millones que pretende ahorrar, la partida correspondiente a la desaparición de 3.700 ELM era de 72 millones. Los ecologistas subrayan que las comunidades rurales, muchas con varios siglos de historia, funcionan de manera mucho más sostenible de lo que la gente suele creer.

Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo y eurodiputado de UPyD, apunta que mezclar el debate sobre las entidades locales menores con los problemas del déficit es “absolutamente inadecuado”. “Estas pobres Administraciones no son precisamente las causantes de nuestro déficit. Si tenemos en cuenta que uno de los problemas territoriales españoles es el de la despoblación, se comprenderá que desnaturalizar estos tradicionales asentamientos no es el camino correcto. La experiencia europea nos dice que las tareas de repoblación, conservación de los montes y la rentabilidad de muchos aprovechamientos forestales están vinculados a espacios territoriales como esos. Disparar sobre estas entidades no deja de ser una forma de practicar el tiro sobre un objetivo equivocado”.

Aunque jurídicamente sea un camino difícil, la idea de que la Administración pueda deshacerse de bienes públicos para sacar tajada económica flota en casi todos los análisis de expertos consultados por este periódico. Valentín Cabero Diéguez, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, parte de un hecho: “Las pedanías no tienen fuerza demográfica ni política para dar una respuesta, excepto en casos contados. Con esta ley la mayoría están en trance de desaparición. Hablo de aquellos núcleos con 20 o 30 habitantes, que manejan recursos estratégicos, que son un valor goloso para los propios ayuntamientos… me indigna escuchar de los políticos el discurso de la defensa del mundo rural cuando detrás de esto hay intereses espurios, grandes lobbys, bancos. La labor de las entidades locales menores crea tejido rural con autoestima”. Al fin y al cabo, medita, cuando un acuerdo municipal justifique la necesidad de cambiar de uso un bien comunal como un monte “ningún juez se va a oponer”. De ahí solo hay un paso para que ese bien pueda utilizarse como una mercancía.

Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, matiza que no cree que la ley persiga “usurpar montes comunales”. Pero admite que es probable “que pueda darse un problema de aplicación, porque técnicamente la ley es mala, muy mala”. El remiendo aceptado a última hora de este lunes por el PP viene a intentar corregir uno de esos fallos. Velasco también cree que la norma “parte de un planteamiento defectuoso en el cálculo de los ahorros”, esos 7.129 millones.

Echando un vistazo a lo que pasa alrededor, España no es el único país que pone en jaque a sus comunidades rurales. Sergio Couto, coordinador de ICCA Consortium, una organización defiende pequeñas poblaciones amenazadas en el mundo, recuerda que los Gobierno suelen acordarse de sus montes cuando no les salen las cuentas. Couto ha estudiado formas de organización históricas como las Bardenas Reales, que comenzaron a gestionar derechos de pastos en el año 882, u otras más recientes como cofradías de pescadores, juntas de valle, montes de socios, sociedades de caza, facenderas, concejos… “Todas tienen elementos comunes, son las primeras interesadas en no sobreexplotar los recursos, en cuidarlos. Hacen una gran labor de desarrollo económico, pero también desde el punto de vista social y ecológico. Son un ejemplo de democracia, se gobiernan con sistemas de participación directa”. Ninguna empresa, dice, ni administración lejana podrá suplantar su papel porque “sus habitantes están pegados al territorio, no les interesa obtener beneficios para reinvertirlos en otro lado”.

En Soria, la asociación forestal de la provincia apadrina una de esas iniciativas colectivas para recuperar tierras abandonadas. “Lo que está pasando ahora con la ley ya lo hemos vivido en las grandes desamortizaciones del S.XIX [de Mendizábal y Madoz], cuando el Estado recurrió a la venta de bienes en manos muertas, de iglesias y órdenes militares”, reflexiona uno de sus promotores, Pedro Medrano. “La mayoría acabaron en manos de algunos pudientes que se convirtieron en grandes latifundistas, pero ciertos pueblos se organizaron para comprar sus tierras. Aquello fue un ejemplo de rebelión del campo”. Su asociación, Montes de Socios, reconocida por Naciones Unidas por sus buenas prácticas, ha puesto en marcha un plan aplicable al millón y medio de hectáreas de terrenos forestales abandonados a causa de la despoblación. Su modelo de gestión pasa por reconstruir comunidades reinvirtiendo todos los beneficios de la explotación del monte en su conservación. “Lo más importante es el efecto social de rescate de las raíces, en acercar a los que se han quedado en el pueblo con los que se han ido”.