El Gobierno gallego deriva a los accidentados leves a centros privados

Los heridos leves en accidentes de tráfico en Galicia son trasladados a hospitales privados por las ambulancias del servicio del 061. La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un protocolo de “sectorización de accidentados”, por el que aquellos heridos que sufran policontusiones o fracturas no complicadas —lo que se considera un pronóstico menos grave— se deriven por el servicio de urgencias a los centros privados. Los hospitales de la red pública se reservan para los que revisten gravedad y para los menores de 14 años. El Gobierno gallego niega que la medida, muy criticada por las asociaciones de defensa de la sanidad pública, tenga que ver con la privatización de la asistencia, y apela a la “racionalización y optimización de los recursos” públicos.

Tanto la consejería como la Fundación Pública Urgencias Sanitarias 061 sostienen que con este protocolo se garantiza la “mejor calidad” asistencial del sistema. “Descongestionamos los servicios de urgencias de la red hospitalaria pública”, dicen. Matizan, además, que si los heridos, aunque sean leves, están más próximos a un hospital público que al privado se les trasladará al de la red del Servicio Gallego de Salud (Sergas). El desvío a los centros privados, dicen también, se realizará “solo en los casos en los que haya un tercero obligado a pago”; es decir, una aseguradora; aunque esta es obligatoria para todos los usuarios de vehículos.

Son las mutuas con las que se ha contratado el seguro del vehículo —o un fondo si el conductor hubiera eludido la obligación de contratar una póliza— quienes costean la asistencia sanitaria de sus asegurados. Las compañías, a través de su asociación empresarial, tienen convenios tanto con las comunidades autónomas como con la sanidad privada, en los que están pautados los costes de los procesos. No obstante, en estos acuerdos no se especifica, explica un portavoz de Unespa —la Asociación Empresarial del Seguro—, quién y dónde se ha de prestar esa atención. Suele ser el primer facultativo que analiza al accidentado, el que acude con la ambulancia, quien determina dónde debe ir, en función de la gravedad y la cercanía de los centros. Normalmente, dicen en Unespa, se les envía a la pública porque el servicio de ambulancias suele serlo, informa María R. Sahuquillo.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública gallega desconfía de la medida. “Se llevan a los pacientes menos costosos a los hospitales privados donde les someten a un montón de pruebas prescindibles que pagan las aseguradoras —que por ello nos suben a todos las primas—, y este dinero deja de ingresarlo la sanidad pública”, sostiene el presidente de este colectivo, Manuel Martín. Además, con esta decisión, afirma, la Xunta fomenta el sistema de puerta giratoria política-empresa. “La consejera de Sanidad, Rocío Moquera, fue gerente de un hospital privado y es previsible que retorne a alguno de los centros a los que ahora está favoreciendo”, apunta. “Es otro paso hacia la privatización y hay que tener en cuenta que el servicio de ambulancias ya es privado, aunque dependa del Sergas”, insisten desde la Plataforma.

La Xunta y el 061 rechazan esa lectura y afirman que los usuarios tienen la última palabra. “Los pacientes pueden oponerse al traslado a una clínica privada”, precisan desde la Xunta. En esos casos, los heridos deben firmar en el momento de ser atendidos por los sanitarios del 061, tras el accidente, una hoja en la que conste que asumen esa decisión. “No es una novedad; siempre que hay un tercero obligado al pago los pacientes pueden elegir dónde van”, justifican desde la Consejería de Sanidad.