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La reforma local da dos años para eliminar los servicios sociales municipales

La última versión del proyecto de ley fija la fecha límite del 31 de diciembre de 2015

Para entonces las comunidades deben haber asumido las competencias de los ayuntamientos

La norma contempla que las autonomías tomen medidas "para la racionalización del servicio"

Las competencia municipal en el ámbito de los servicios sociales -la red de prestaciones de proximidad sobre la que descansa el peso de la atención a los más desfavorecidos- ya tiene fecha de caducidad. La última versión del proyecto de ley de la reforma de la Administración Local señala el 31 de diciembre de 2015 como límite para que se haya producido el traslado de la titularidad a las comunidades autónomas de las tareas que ejercían los municipios.

En estos momentos, el proyecto de ley ha finalizado su tránsito por el Congreso de los Diputados y ha incorporado las enmiendas aprobadas en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas con los votos del PP y el grupo nacionalista vasco. La norma seguirá su trámite en el Senado y está previsto que se apruebe antes de final de año. Por ello, el plazo para el tránsito de titularidad será de dos años.

Desde la década de 1980 los servicios sociales municipales han asumido las principales responsabilidades en los cuidados a las personas en situación de dificultad. La nueva ley plantea retirar estas competencias y trasladarlas a las comunidades. Solo permite que los los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes ofrezcan una labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o de exclusión social”. Es decir, un pequeño servicio de primer contacto y derivación.

Los trabajadores sociales han advertido que el proceso de transferencia de competencias dejará en el aire más de 70.000 empleos; 2,6 millones de beneficiarios o 30 plazas residenciales; ya que se abre las puertas a la privatización o extinción de las prestaciones que ofrecían los ayuntamientos. De hecho la norma plantea que desde la fecha límite fijada, las autonomías “podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio”.

El proyecto de ley insiste en que en la fecha señalada “y previa elaboración de un plan para la evaluación, restructuración e implantación de los servicios, las Comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación”.

Frente al plazo de cinco años que la ley concede al traslado de titularidad en las parcelas de sanidad y educación, la norma, en su versión original, solo concedía un año en el caso de los servicios sociales a partir de su aprobación.

Distintas voces, como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios sociales o comunidades autónomas como la Junta de Castilla y León, además de oponerse a la medida, reclamaron un mínimo de cinco años para este proceso también en los servicios sociales.

Sin embargo, a falta del periodo de tramitación de la ley que queda pendiente, de momento, se ha extendido el plazo en un año más hasta diciembre de 2015.

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