186 afectados por la talidomida piden una indemnización de 204 millones

El caso de los niños de la talidomida es, probablemente, una de las muestras más claras de lo que sucede cuando un fármaco se prescribe sin las pruebas pertinentes. Patentado en 1955 por Grünenthal en Alemania como un tranquilizante, era administrado también como calmante de las náuseas del embarazo, todo parecía ir bien hasta que hubo una serie de nacimientos de bebés con graves malformaciones, sobre todo acortamiento o falta de extremidades. Hoy aquellos niños (nacieron unos 3.000 en España, de los que quedan alrededor de 300 con vida, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, Avite) todavía luchan por un reconocimiento por parte del fabricante. Este lunes empieza el juicio en el que 186 afectados piden 204 millones al laboratorio, a razón de 20.000 euros por punto de discapacidad.

Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, es uno de los demandantes. “A mis 48 años tengo los brazos más cortos de lo normal, no puedo doblar el codo, tengo glaucoma y el canal auditivo estrecho, lo que se llama oído de submarinista, y problemas de páncreas”. El juicio es, para él, la culminación de años de lucha. Porque los afectados están convencidos de que ha habido un cúmulo de intereses para no reconocer su enfermedad. “El fabricante es un imperio que factura 5.000 millones. Su presidente come con Angela Merkel, pero en Alemania ya ha dado 500 millones de ayudas. No sé por qué a nosotros no nos toca”, dice.

“El medicamento afecta al desarrollo de las extremidades, pero solo en embarazadas entre los días 14 y 50, que es cuando empieza su desarrollo. Por eso muchas mujeres que lo tomaron no sufrieron complicaciones —es lo que le pasó a mi madre con mi hermana mayor—”, dice Basterrechea. En el mundo, calcula que pudieron nacer unos 50.000 niños afectados, de los que solo quedan con vida 10.000 o 15.000. “Tenía unos efectos muy graves, y los más graves no sobrevivieron”, afirma. Extrapolando los datos salen los 2.000 o 3.000 casos que Avite calcula que hubo en España.

Llegar a este juicio no ha sido nada fácil. El sistema español exige demostrar una relación causa-efecto entre el medicamento y sus consecuencias. Y hasta que el CIAC (Centro de Investigación de Anomalías Congénitas) del Instituto de Salud Carlos III lo acreditó, no pudieron ganar su primera batalla. Esta fue contra la Administración, responsable de la farmacovigilancia. “A raíz de aquello se estableció en España”, dice Basterrechea.

Por fin, en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció su situación, pero solo a los nacidos entre 1960 y 1965 (a Basterrechea le pilló por poco), aunque la asociación afirma que el producto, que se sigue usando para indicaciones como la lepra y otros problemas de la piel, todavía causó un caso en 2003.

En aquel real decreto, el Gobierno pretendía “responder a la necesidad de reconocimiento y apoyo solidario a las personas afectadas por la sustancia activa talidomida”, entre 1960 y 1965, si lo acreditaba el Carlos III. Pero no se reconocía culpa o responsabilidad, señala Basterrechea, y no se le llama indemnización, sino “ayuda solidaria”: un pago de una sola vez que, según el grado de discapacidad, iba de 30.000 a 100.000 euros. “En otros países, como Alemania, se han fijado sueldos permanentes, que es lo que muchos necesitamos porque cuando una persona está sin brazos y piernas, no puede trabajar y, además, necesita ayuda para todas las actividades de la vida”, indica Basterrechea.

Aquella resolución tiene una ventaja, según Avite: “Ya no tenemos que demostrar que somos afectados por el producto”. Por eso, ahora esperan que haya una sentencia a su favor de una indemnización por parte del laboratorio.

Este no ha querido hacer declaraciones al respecto “porque se trata de un asunto que está en los juzgados”, según ha explicado una portavoz. Pero en mayo pasado, cuando se supo que se presentaba la demanda en el juzgado de lo civil número 9 de Madrid, emitió un comunicado en el que decía que lamentaba la “tragedia” de la talidomida —“que siempre formará parte de la historia de la compañía”—, y recalcaba que ha estado “abierta” a negociar con Avite, pero que la asociación rechazó la propuesta (según los afectados les ofreció 120.000 euros, muy lejos del millón largo de media que reclaman) y decidió recurrir a procedimientos legales.