Sanidad fija el copago de 42 fármacos de dispensación hospitalaria

Existe un grupo de unos 42 fármacos, generalmente caros, destinados a tratar pacientes crónicos o con enfermedades graves (cáncer, artritis, hepatitis, esclerosis múltiple, tratamientos de fertilidad) que habían quedado al margen del copago. Son medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a pacientes no ingresados (no son de uso hospitalario) y que hasta ahora eran gratuitos. Esta excepción tiene los días contados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una resolución del Ministerio de Sanidad que establece que estos productos dejarán de estar exentos de aportación y estarán sujetos a un copago máximo del 10% del precio por envase, con un tope de 4,2 euros por fármaco (el cálculo será proporcional si son dosis sueltas). La medida “producirá efectos” desde el próximo 1 de octubre, añade la resolución.

Una portavoz del ministerio de Sanidad trasladó este jueves a este diario que la medida, que ya se había avanzado, es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, “que se han mostrado mayoritariamente favorables a su aplicación”. El plazo de puesta en marcha será flexible, según añadieron las mismas fuentes. “No hay una fecha cerrada, las autonomías tendrán que desplegar sistemas de cobro a partir del mes que viene”.

El grupo de fármacos afectados (42 en 150 presentaciones distintas) no es el de uso hospitalario, como por ejemplo los antirretrovirales que se administran de forma gratuita en los servicios de farmacia de los hospitales a las personas seropositivas y que siempre se han administrado en estos centros sanitarios. Se trata de un grupo de medicamentos (denominados técnicamente de diagnóstico hospitalario) que tradicionalmente se encontraban en las farmacias ordinarias y que en los últimos años las autonomías han ido trasladando su venta a los hospitales. Por una parte, para controlar mejor su dispensación y el seguimiento de los pacientes. Pero, fundamentalmente, porque le sale más barato a la Administración venderlos en los hospitales, donde pueden negociar mejor los precios mediante la adquisición de grandes lotes a través de las centrales de compras.

Este proceso de emigración a las farmacias hospitalarias ha sido bastante dispar entre las autonomías, como apunta José Luis Poveda, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. El mismo fármaco se puede encontrar en un territorio en una oficina de farmacia (en este caso, podía o no tener un límite de aportación reducida) y en otra comunidad en farmacia hospitalaria (en este caso, su adquisición sería gratuita). El Ministerio de Sanidad sostiene que a partir de ahora, todos se retirarán con aportación reducida (copago del 10% con un tope de 4,2 euros)

Entre los medicamentos afectados se encuentran fármacos para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama (Afinitor, Tyverb), de riñón (Votrient), tumores cerebrales (Temodal). También contra la leucemia, la artritis reumatoide, para tratamientos de reproducción asistida o un sistema intrauterino anticonceptivo, entre otros. Son compuestos caros. Un envase de 168 comprimidos de Incivo de 325 miligramos, para la hepatitis C crónica, cuesta 8.870,40 euros.

José Luis Poveda considera que no tiene ningún sentido cobrar por estas medicinas: “El copago tiene dos objetivos, el disuasorio y el recaudatorio; y en este caso no se cumple ninguno de los dos”. El presidente de la sociedad de los farmacéuticos hospitalarios explica que como en este caso, la mayor parte de los pacientes son crónicos, no se dan las condiciones de abuso de fármacos que podrían aludirse en otras circunstancias. Y como los tratamientos son continuos, tampoco hay peligro de que sobren y se acumulen en el botiquín doméstico. Respecto al efecto recaudatorio, “con el copago fijado, no se recaudará demasiado”. Y, en todo caso, no lo suficiente para compensar el gasto que supone desplegar mecanismos de cobro en todos los servicios de farmacia hospitalarios.

Este problema puede suponer un retraso en la puesta en marcha de la medida por parte de las comunidades autónomas. Desde la valenciana, la Consejería de Sanidad considera “muy difícíl” empezar a cobrar a partir del 1 de octubre. No solo por los equipos y los sistemas informáticos que tendrán que desarrollarse, o por la formación del personal encargado de hacerlo. Además, apuntan que habrá que lanzar campañas informativas para avisar a los pacientes. Y solo quedan 10 días para que acabe el mes.