La escuela balear irá a la huelga por el conflicto del catalán y los recortes

El comienzo con normalidad del curso escolar en la enseñanza no universitaria de Baleares, el próximo día 16 de setiembre, está en entredicho. Cerca de 1.000 profesores se han adherido, casi por unanimidad y en cuatro asambleas celebradas en todas las islas, a la convocatoria sindical de huelga indefinida, contra los recortes y el cambio de modelo educativo y lingüístico, un paro que se iniciará el día 16. Este viernes habrá nuevas asambleas informativas.

La plantilla global en institutos colegios y escuelas es de unos 10.000 educadores y unos 4.500 han firmado un manifiesto de apoyo al paro, propuesto por los sindicatos STEI (nacionalista de izquierdas) y CC OO. La UGT y ANPE no secundan el paro pero si comparten sus motivos.

En especial la protesta prendió por el llamado conflicto lingüístico, el vuelco en el esquema educativo tradicional del Gobierno balear del PP, que implica la aplicación progresiva en todos los niveles del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas) y la introducción de la enseñanza trilingüe.

Los sindicatos y las asambleas de docentes quieren, además, que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dicte la suspensión cautelar de la aplicación del TIL. Especialmente los actores de la protesta exigen al Gobierno balear que retire las sanciones económicas que impuso a tres directores de institutos de Menorca que objetaron al decreto TIL y al proyecto lingüístico de centro, impuesto por la inspección sin respaldo del consejo escolar.

La norma TIL es el fruto de la estrategia electoral de la derecha, una acción de autoridad contra lo que la portavoz de Educación, la maestra y diputada del PP, Aina Aguiló, denominó "dictadura catalanista" y "adoctrinamiento" en las aulas. Este nuevo proyecto educativo implica la merma del peso de la lengua catalana propia y del castellano –cooficiales ambas- porque se introduce en las aulas, con el mismo protagonismo que estas, una lengua extranjera.

El presidente balear, José Ramón Bauzá, se jacta de haber “eliminado el modelo de inmersión lingüística”, la “imposición”, dice, y haber abierto la puerta “a la libertad de los padres" en la elección de la lengua de enseñanza de sus hijos. El PP asegura que tiene el respaldo y la legitimidad que le dieron las urnas en 2011.

El bloqueo de las aulas que pretenden los profesores responde al llamado ‘conflicto lingüístico’. El Gobierno balear del PP –con mayoría absoluta y hegemonía en todas las instituciones públicas- está enfrentado a la oposición socialista y nacionalista y a una parte del mundo cultural y educativo, muy activo. El Gobierno Bauzá y el PP afirman que los profesores convocan una huelga “política” y lamentan que los alumnos vayan a ser “rehenes” de la misma.

Uno de los activistas de la protesta resumió ayer las razones últimas de su huelga: “En el curso pasado hicimos paros parciales, dos huelgas y manifestaciones. Usamos las camisetas verdes, colocamos lazos en la fachada y el Gobierno nada cambió".

Bauzá si actuó, para acelerar los pasos de su reforma y destituyó a su consejero de Educación, el profesor Rafael Bosch, y alteró el equipo de inspectores para aplicar con rapidez y firmeza la norma del trilingüismo. La nueva consejera es Joana María Camps, ajena al mundo de la enseñanza. Los sindicatos le acusan de no querer negociar.

La plataforma de reclamaciones de los profesores movilizados abarca la retirada de la ley de símbolos -que sanciona el uso de la bandera catalana en la fachada de los centros-, así como la recuperación de las dotaciones de las becas de comedor y transporte escolar. Además se mantiene la exigencia de la recuperación de las más de 700 plazas de profesores que se eliminaron en dos años y el pago de las nóminas de los interinos en los meses verano.

Los padres de alumnos, a través de la FAPA, de carácter progresista, criticaron la "incapacidad" del Gobierno para negociar con el sector de la Educación y convocaron asambleas para afrontar "el inicio de curso más caótico" en años. A su vez, el Instituto de Política Familiar, de signo integrista, por sus campañas contra el aborto y las parejas gay, tildó la convocatoria de protesta de "ilegal".