“La falta de vivienda y el paro son un fracaso para la democracia”

España está retrocediendo en derechos sociales más que sus socios comunitarios. Lo dice Luis Jimena, encargado de velar por ellos en Europa. Jimena, catedrático de Derecho Constitucional y juez, preside desde 2009 el Comité Europeo de Derechos Sociales, un organismo perteneciente al Consejo de Europa que defiende la democracia en 47 Estados del continente. Jimena esgrime la Carta Social Europea como respuesta a la crisis y lamenta que España sea uno de los pocos países que no han ratificado su revisión.

Pregunta. ¿Por qué es tan desfavorable para el ciudadano la normativa española de vivienda?

Respuesta. No tiene en cuenta los parámetros europeos. Si el banco y el deudor no lo han pactado expresamente, y este último no puede pagar la hipoteca, no solamente pierde la casa sino que el Tribunal Supremo ha interpretado que tiene que responder de por vida, hasta que salde la deuda. Es una auténtica barbaridad que no se concibe en otros países. ¿Cuál es el problema? Es de cultura jurídica. A veces, la judicatura española, lo tengo que decir así, no conoce los parámetros europeos. El Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo no siempre tienen una visión continental.

P. ¿Están quedando los derechos sociales en un plano secundario?

R. Desgraciadamente sí, y somos responsables todos. Los derechos sociales cuestan dinero y son los primeros afectados por la crisis. Pero ¿cuánto cuesta organizar una campaña electoral? Y nadie piensa en suprimir las elecciones porque entonces nos cargamos la democracia. Pues lo mismo: si reducimos el derecho a la vivienda, al trabajo, también nos cargamos la democracia.

P. ¿Se está retrocediendo en España?

R. Sí. Nunca hemos visto un problema tan acuciante como el de la vivienda. O el del paro. Esos porcentajes son un fracaso absoluto para la democracia.

Hace falta una buena distribución de recursos. Vemos que no hay dinero para derechos como la dependencia y en cambio estamos pagando millones de euros en condenas por intereses de demora en la compra de medicamentos.

P. ¿Qué opina de los recortes sanitarios?

R. La carta social europea dice que los cuidados básicos para la salud, no solamente en caso de urgencias, constituyen un derecho de la persona, con independencia del estatuto que tenga, regular o irregular. Y, por tanto, eso es obligatorio en España.

P. Es decir, que las restricciones a los inmigrantes sin papeles son reprobables con los estándares europeos.

R. La Carta Social es clara: recoge el derecho a la salud. El Tribunal Constitucional puede y debe aplicarla.

P. Los recortes se presentan como un mandato de Bruselas.

R. Cuando los Estados dicen que recortan porque lo impone Europa, realmente no están siendo consecuentes. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha condenado a Grecia por la reforma laboral de 2010, que permite rescindir contratos fijos sin indemnización durante el primer año.

P. Eso también es posible ahora en España.

R. Sin pronunciarme sobre la reforma laboral en España, lo que es válido para Grecia es válido para otros países europeos.

P. ¿Se está aprovechando la crisis para aplicar reformas que obedecen a ideología?

R. Sí. La crisis es cíclica; los problemas económicos son recuperables. Sin embargo, la pérdida de valores sociales hace muy difícil recuperar a las generaciones perdidas. Y estamos perdiendo una generación con las altísimas tasas de paro juvenil que hay.