La investigación en tiempos de crisis

Las políticas de austeridad y los recortes generalizados en el gasto público -tanto en la Administración General de Estado como en las Comunidades Autónomas- han llevado a la reducción de los programas presupuestarios destinados a Investigación y Desarrollo (I+D), Educación Superior y Sanidad que financian las actividades de producción de conocimiento.

El gasto global en I+D es bastante rígido con relación a los recursos humanos y, en 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 68% del gasto total del sector universitario correspondió a salarios y el 55% en el sector administraciones públicas.

Lo recortes presupuestarios se han centrado, por un lado, en los créditos o fondos, como dicen los americanos, ’discrecionales‘, aquellos que no tienen un objeto determinado por ley: por ejemplo, los fondos competitivos de financiación de proyectos de I+D, los recursos destinados a financiar los programas de formación, contratación temporal e inserción de investigadores o los programas de apoyo a las infraestructuras científicas y a los centros de excelencia. En definitiva, todo el gasto que se ejecuta tras minuciosos procesos de evaluación del mérito de las propuestas o de los candidatos.

Además, el modelo centralizado de gestión de la crisis está causando graves daños a la actividad investigadora en España. Las reducciones salariales que han afectado a todos los empleados públicos, incluidos los de la I+D, habiendo contribuido a la contención del déficit, sin embargo no han permitido aumentar los presupuestos disponibles para financiar o para ejecutar las actividades de investigación (con costes menores que anteriormente) de forma más eficaz y eficiente.

Por otro lado, los niveles de elasticidad de los presupuestos públicos para I+D son bajos, dado que en su mayor parte corresponden a capítulos de gasto vinculantes (por ejemplo, gastos de personal). De hecho la autonomía y las capacidades de gestión de los responsables de universidades y centros públicos de I+D están muy limitadas por las normas generales de la Administración y por la condición funcionarial de la mayor parte de su personal.

En este contexto los responsables de universidades y centros de I+D tienen poco margen para la actuación. La gestión del gasto público en investigación carece de la necesaria flexibilidad, con lo cual los recortes se producen con escasa selectividad, sin conexión con los méritos científicos o técnicos o el potencial de los centros, grupos e individuos.

En realidad, con la normativa vigente de la función pública y de los empleados públicos, muy pocas organizaciones de investigación pueden desarrollar una estrategia de resistencia que permita proteger lo mejor de su capital humano.

La implementación de los ajustes, protegiendo a los funcionarios y penalizando a los temporales, tiende a preservar los derechos adquiridos y a repartir por igual (entre desiguales) los costes del recorte; otra opción alternativa, con base en la evaluación los resultados, sería determinar cuales son las oportunidades de diferenciación y especialización de las organizaciones e instituciones de investigación para mantener niveles competitivos elevados y actuar en consecuencia.

En definitiva, con la aplicación de esta política de no diferenciar (sobre el principio de reducir el conflicto, o mejor de evitar el conflicto con los actores más poderosos del sistema) se corre el riego de sentar las bases de la expulsión del sistema español de I+D del talento más joven y con mayor potencial de futuro. El talento y la creatividad excepcionales son atributos generalmente asociados a la movilidad de sus poseedores; y hay instituciones en otros países que están dotadas de los recursos financieros (y la autonomía y capacidad de gestión) para competir por llevarse a los mejores investigadores de nuestro sistema.

Para tomar decisiones es necesario buena información sobre los resultados de investigación, sobre la relevancia de las contribuciones y la productividad, que tenga en cuenta la incertidumbre inherente a la I+D y, en algunos casos, los tiempos de maduración de los resultados, e incluso reconozca el potencial fracaso de algunos caminos emprendidos. La evaluación externa, con consecuencias, en todos los niveles, es imprescindible. Pero también son necesarios cambios normativos que aumenten la autonomía y la responsabilidad de universidades y centros de investigación, para que sus responsables tengan incentivos a desarrollar estrategias y proyectos institucionales exitosos, por los que puedan ser recompensados y penalizados como gestores. Cambios que permitan que los responsables rindan cuentas a la sociedad de los recursos públicos que administran y no solo a aquellos que los eligieron o designaron.

De estos asuntos vamos a debatir, el próximo 12 de Marzo, en el Foro Nacional de Política de Investigación organizado conjuntamente por Elsevier, el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

El objetivo primordial del Foro es la construcción de un espacio de debate entre los expertos y responsables de la financiación de la I+D, de las instituciones de investigación y de las sociedades científicas para garantizar la promoción de la investigación de calidad desde las políticas públicas, tanto a nivel nacional como autonómico, así su incorporación a la gestión de la investigación de los centros públicos de I+D y universidades.

Luis Sanz Menéndez es profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP).

Información sobre el Foro en: http://www.ipp.csic.es/es/content/foroipp