Necesitamos reglas claras

El jueves pasado el Gobierno sorprendía de nuevo a los investigadores con la publicación en el BOE de la resolución definitiva de la convocatoria de proyectos de investigación publicada en diciembre de 2011. Tras más de un año de espera desde la convocatoria y más de seis meses después de la resolución provisional, lo que inicialmente debía ser una buena noticia se tornaba inmediatamente en estupor y más tarde en indignación, incertidumbre y desconfianza: por primera vez en la historia y en contra de lo especificado en la propia convocatoria, la financiación de los proyectos se realizará en cuatro anualidades en lugar de las tres previstas, siendo la primera de un 7% del total de la cuantía concedida.

Eso sí, el proyecto debe seguir realizándose en los tres años previstos, independientemente de cuándo lleguen los recursos, e incluso aunque la cuarta anualidad, cerca del 20% del presupuesto total llegue un año después de concluido el proyecto. Para que todo el mundo lo entienda: se seleccionan proyectos de investigación entre las más de 7.000 solicitudes habidas y se pide a los investigadores que lo hagan adelantando el dinero… ¿De dónde?, porque todos sabemos que las instituciones públicas, desde las universidades a los institutos de investigación no están en condiciones de adelantar un solo euro.

Estupor porque en la práctica, esta medida supone estar un año sin proyectos de investigación y una afrenta para los investigadores que han dedicado horas y esfuerzo a preparar sus proyectos. Es en el primer año cuando, habitualmente, se necesitan las inversiones en equipamientos e infraestructuras necesarias para poner en marcha los proyectos. Contar con el 7% del presupuesto significa posponer cualquier inversión y por tanto el retraso de los mismos. Curiosamente el ministerio es especialmente celoso en cuanto a qué gastos son aceptables en la última anualidad del proyecto con el argumento de que si se trataba de algo imprescindible para el mismo no debería quedar para el último año. ¿Cómo aplicarán ahora este criterio cuando en el último año de proyecto no se habrá recibido aún ni el 50% de la subvención correspondiente?

Especialmente dramático es lo concerniente a los recursos humanos. El coste de cualquier contrato de un investigador supera el 7% de la primera anualidad, por lo que en el primer año no podrá ser efectuada ninguna contratación con cargo a los proyectos, dejando sin oportunidad de incorporación a los centenares de jóvenes investigadores que habitualmente encuentran su encaje ellos. Otra puerta más que se cierra a nuestros jóvenes.

Indignación porque mientras que a los investigadores se nos pide una programación temporal precisa, tanto científica como presupuestaria, con hitos diferenciados a lo largo de los tres años de ejecución del proyecto, el ministerio parece que puede cambiar las reglas de juego a su gusto a mitad de la partida. No solo contamos con menos presupuestos sino que además se alteran las fórmulas de gestión de los mismos, colocando a todo el sistema en una situación de inestabilidad e incertidumbre.

Incertidumbre, porque si esto ha ocurrido en esta convocatoria de 2012, ¿qué pasará con la de 2013 donde el dinero del Fondo Nacional ha mermado en 70 millones de euros a pesar de las protestas de toda la comunidad científica? Hasta el momento la convocatoria (habitualmente hecha en diciembre) no ha salido, rompiendo la periodicidad habitual de la misma y se nos anuncia que lo hará en los próximos meses una vez aprobado el Plan Estatal de Investigación, Tecnología e Innovación, y desarrolladas las bases pertinentes y el plan anual de actuaciones y… Habida cuenta de los tiempos de gestión de estas convocatorias (a la vista está) el temor a un nuevo año sin proyectos está servido, lo que sería una catástrofe para la investigación.

Desconfianza porque en las reuniones mantenidas con la Secretaría de Estado de Investigación, nunca se mencionó la fórmula de cuatro anualidades, de la que nos hemos enterado a golpe de BOE. Ni tampoco se les había indicado a los investigadores, que en muchos casos tras la resolución provisional ya habían planificado y comprometido gastos para este primer año de ejecución del proyecto.

Desconfianza también porque las explicaciones dadas desde el Ministerio de Economía sobre topes y límites presupuestarios no se entienden. La convocatoria salió hace más de un año con su aplicación presupuestaria correspondiente (o con tiempo suficiente para proveerla) y ya sufrió una importante reducción respecto a la anterior. Ahora se nos dice que, a pesar de lo publicado, se intentará adelantar la cuarta anualidad. Ojalá suceda, pero si se puede hacer, ¿por qué no se ha hecho resolviendo la convocatoria según lo estipulado en la misma?

No dudamos de la buena voluntad de las personas que trabajan en la Secretaría de Estado de Investigación, pero el sistema de I+D+i necesita más que buenas voluntades. Necesita compromisos creíbles y sostenidos. Reglas claras y que se cumplan. Este Gobierno está dando muestras de lo contrario y nuestro sistema de I+D+i se resiente. Como lo hace la confianza de la comunidad científica en su apuesta por la investigación tras episodios como este.

Carlos Andradas es presidente de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE).