La deuda sanitaria con empresas proveedoras vuelve a dispararse

Las comunidades han generado solo en 2012 una deuda con sus proveedores sanitarios de más de 7.000 millones. A pesar de que los ejercicios no están cerrados, el cálculo parece claro: esa cantidad obedece a lo que tenían contabilizado los dos principales proveedores: Farmaindustria (medicamentos) y Fenin (productos y tecnología sanitaria). La primera de estas organizaciones calcula que en septiembre la deuda de las comunidades era de 2.300 millones vencidos más 700 millones pendientes de vencimiento, y la segunda cifra la deuda en esa misma fecha en 2.570 millones. Son en total 5.570 millones en tres trimestres. Suponiendo un ritmo más o menos constante de compras, la cifra a finales de año alcanzaría los 6.900 millones.

De hecho, esa cifra —7.000 millones— fue la que dio el portavoz de sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, el pasado 12 de diciembre durante la comparecencia de la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en el Congreso, sin que esta la desmintiera (también es verdad que los datos de las comunidades no siempre llegan al ministerio ya que se suman en el déficit total autonómico).

Pero estos dos sectores, el de los medicamentos y la tecnología sanitaria, con ser los más importantes en número, no son ni mucho menos los únicos. A finales de 2011 representaban unos 12.000 de los 16.000 millones que debían las comunidades a sus proveedores sanitarios. Haciendo una sencilla extrapolación (no hay motivos para pensar que el reparto de la deuda haya cambiado mucho entre los distintos sectores) la deuda total rondaría los 9.000 millones.

Aparte de los dos grandes proveedores, el resto se lo reparten desde suministradores de material de oficina, clínicas concertadas o servicios exteriores (seguridad, hostelería, limpieza). Estos últimos son muchas veces los eslabones más débiles, ya que suelen ser empresas locales y de menor tamaño. De hecho, periódicamente salta un caso de impago a los medios, como el del hospital General de Alicante que lleva ya dos semanas sin servicio de limpieza —salvo en zonas críticas como los quirófanos— por impago a la subcontrata encargada de esa tarea. O, hace ya un año, que un laboratorio, Roche, decidiera que solo dispensaba fármacos (entre ellos, caros anticancerígenos) a 12 hospitales de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha previo pago, porque la deuda de los centros se iba acumulando.

Las farmacias se han incorporado en los últimos dos años a la lista de acreedores de la Administración, pero el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos españoles, Fernando Redondo, cree que la deuda total con las oficinas es baja, “de menos de 500 millones” porque son retrasos que se van solucionando a trancas y barrancas. Lo que sucede es que se trata de unos impagos que afectan a pymes (las oficinas de farmacia) que no tienen la capacidad de endeudamiento y de financiación de los grandes laboratorios o de las multinacionales que suministran tecnología. Y, sobre todo, es una situación relativamente nueva para el sector, que hasta hace poco cobraba puntualmente de las comunidades.

Prueba del deterioro de las finanzas ha sido la situación de las farmacias en algunas comunidades, sobre todo en Valencia, donde no cobran desde junio, según Redondo, aunque esperan hacerlo pronto. Otras comunidades como Cataluña han tenido problemas, como se ha visto con el cierre patronal que los farmacéuticos realizaron el año pasado.

Lo preocupante de las cifras es que la deuda corresponde solo a 2012. La de 2011 y los años anteriores, que sumaba más de 16.000 millones, fue prácticamente saldada con el plan de pago del Gobierno central, que ofreció créditos a bajo interés para acabar con la demora en los pagos.

Farmaindustria y Fenin acumulan la mayor parte de los impagados

Pero lo que ha sucedido, según se quejan portavoces de Farmaindustria y de Fenin, es que las Administraciones, una vez saldada esa deuda (que tenía demoras de más de un año, en claro incumplimiento de la ley de compras públicas) es que una vez hecho ese pago, no han abonado “prácticamente nada de lo comprado en 2012”.

Esto se ve fácilmente con el dato de la demora media (lo que se tarda en cobrar) que ofrece Fenin: a 30 de septiembre, este plazo estaba en 242 días, cuando desde el 1 de enero habían pasado 274. Es decir, prácticamente debían todo lo comprado en ocho de los nueve primeros meses del año.

El otro dato preocupante es que las comunidades hayan acumulado en solo un año el equivalente al 56% de la deuda que habían sumado en los cinco anteriores, desde antes incluso de la crisis. Y que esto haya sucedido pese a las medidas de recorte que todas han puesto en marcha.