“Si no fuera por este médico no sé cómo haríamos para recibir asistencia”

“Los médicos no podemos dejar de atender a nuestros pacientes. Que se nos obligue a hacerlo nos supone un conflicto ético”. Abel Novoa, médico de familia en Alguazas (Murcia), lo tuvo muy claro desde el principio: no cumpliría la reforma sanitaria del Gobierno, que implica negar la asistencia normalizada a los inmigrantes sin papeles. Él es uno de los más de 2.200 profesionales sanitarios que han objetado —y así lo han notificado a las autoridades— al decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que pretende cobrar a los extranjeros en situación irregular por una asistencia que hasta el 1 de septiembre tenían de manera gratuita. Desde entonces, en muchas comunidades autónomas —las que no han establecido herramientas para ampararles— solo pueden acudir a urgencias y recibir atención al parto y posparto.

La mujer, que llegó a Murcia desde El Aaiún, padece artritis reumatoide

Fatma es una de sus pacientes. Su condición de sin papeles no ha cambiado eso. Padece artritis reumatoide, una enfermedad crónica, y necesita seguimiento médico y fármacos. La mujer, de 45 años, llegó a España a principios de año desde El Aaiún, en el Sáhara occidental. Desde entonces vive con su hermano, Mohamed, que sí está en situación regular y asentado desde hace tiempo en Murcia. La mujer explica que su enfermedad le causa grandes dolores y le agarrota el cuerpo. “Hay veces que no puedo ni abrir un grifo y me cuesta muchísimo caminar”, cuenta. Apenas chapurrea castellano. La traduce Mohamed. “Si no fuera por el médico, no sé como haríamos. No podríamos ni acceder a los medicamentos”, explica el hombre. Fue él quien habló con el facultativo de ambos y le explicó la situación de Fatma.

Y es así, gracias a Novoa, como sortean, por el momento, el peaje sanitario. La comunidad en la que viven, Murcia, es una de las que cumple a pies juntillas la medida del Gobierno. A pesar de que en agosto la Consejería de Sanidad aseguró que nadie quedaría desatendido, la región no ha establecido fórmulas específicas para atender a personas como Fatma. “Desde septiembre, o antes cuando empezó a caducarles la tarjeta sanitaria, no se les renueva. Pero tampoco se les ha dado ningún documento con el que puedan ir al centro de salud”, explica Novoa. “Y no solo eso. Sus historias clínicas desaparecieron del sistema, con lo que aunque estas personas vayan a urgencias no les podemos atender adecuadamente”, sigue.

Este profesional atiende a sus pacientes, tengan activa o no la tarjeta sanitaria. Les cita fuera de sus horas de consulta. “Para no perjudicar a quienes están citados”, dice. Así, antes de que llegue el primer enfermo o al acabar con el último, les examina y, como ha hecho con Fatma, les receta los medicamentos que necesitan. Ya no tienen acceso a la financiación de los fármacos —la sanidad cubre un porcentaje de algunos de ellos—, pero al menos pueden comprar con receta aquellos que no se suministrarían sin la indicación médica. “Gracias a eso y a que, de momento, los podemos pagar, mi hermana está mejor”, dice Mohamed.

Cuando a Fatma le vuelva a dar uno de los brotes de su enfermedad, volverá a la consulta de Novoa. Entonces, este avisará a un reumatólogo, también objetor, que le hará una revisión más especializada. El objetivo, explica, es atender a todos los pacientes de manera adecuada a través de esta red de profesionales que se niegan, por conciencia, a desatender a los sin papeles. Y como su caso hay otros en comunidades como Madrid, que también aplica el decreto a rajatabla, y donde ha florecido el movimiento Yo sí sanidad universal, donde tratan de agruparse.

Novoa cita a sus pacientes sin papeles antes o después de empezar la consulta

“Los sanitarios tenemos un papel en la sociedad que no se vincula solo al cumplimiento de nuestro trabajo en una institución. También tenemos un compromiso con la sociedad. Antes que trabajadores de una empresa, sea pública o privada, somos médicos y defendemos a nuestros pacientes de los intereses que atentan contra su derecho a la salud y contra su seguridad. Y la reforma que excluye a los inmigrantes en situación irregular es un atentado claro”, dice Novoa.