Las ONG reclaman a la Administración contratos en lugar de subvenciones

Lo que se ha dado en llamar tercer sector supone ya cerca de 30.000 entidades que nacieron para apoyo y defensa de determinados colectivos pero que han acabado prestando servicios allá donde el Estado no llegaba. La difícil situación económica les pone ahora en graves aprietos porque no están recibiendo las subvenciones para seguir con estas tareas. Estas organizaciones sin ánimo de lucro emplean a 630.000 personas y cuentan con más de 1.100.000 voluntarios, pero su financiación está comprometida por la crisis. Por eso reivindican un marco más sólido que les permita eludir los vaivenes económicos. Consideran que sería deseable cambiar el régimen de subvenciones públicas con el que perviven la mayoría de ellas por contratos o convenios, una figura más sólida y estable en el tiempo.

“Queremos competir en los concursos públicos con las empresas, es lo más sano”, ha dicho esta mañana Manuel Pérez Yruela, del Instituto de Estudios Avanzados del CSIC, que ha puesto voz a las reclamaciones de los expertos en el sector. En la presentación del Anuario del Tercer Sector, Yruela ha dicho, además, que estas organizaciones solicitan que el Estado considere su carácter singular a la hora de delegar en ellas la prestación de servicios, una ventaja para competir que ha justificado en la ausencia de ánimo de lucro, algo que las diferencia de las empresas.

El tercer sector defiende su peso en la economía del país, con un 3,5% del empleo y unos ingresos de 17.500 millones de euros, en cifras redondas. Pero sus gastos se han incrementado de 2008 a 2010 un 9,7% hasta alcanzar los 17.000 millones, un 1,69% del producto interior bruto. En este cálculo se ha dejado fuera a las grandes organizaciones, Cruz Roja, Cáritas o la ONCE, para no desvirtuar las cifras.

El director del Anuario y representante de EDIS, Javier Giménez, ha destacado la función vertebradora del tercer sector en la sociedad, con 47,5 de atenciones directas a personas de 2007 a 2010. El 72% de los contratos en las entidades es para mujeres, algo parecido a lo que ocurre en el voluntariado, donde un 64% es femenino y el 76% son menores de 35 años.

En la presentación del Anuario, financiado por la obra social de Caja Madrid y la colaboración de la Fundación Luis Vives, se ha destacado además que el 55% de las personas en los equipos directivos también son mujeres. Y se ha insistido en la dependencia del dinero público, que financia el 60% de las actividades que se desarrollan, un 22% son recursos propios y el resto corresponde a las obras sociales de las cajas. “La sociedad española no es suficientemente generosa para sostener con sus aportaciones al tercer sector. El sector necesita una mayor proyección social para su legitimación y estímulo de las donaciones”, han dicho.