El sistema de dependencia ha perdido 4.800 usuarios

Los datos de agosto sobre dependencia enviados por las comunidades autónomas al Gobierno no dejan lugar a dudas: el sistema sigue retrocediendo, es decir, cada vez hay menos dependientes atendidos. El mes pasado se han perdido 4.811 personas, cuando normalmente la estadística siempre crecía, bien que lentamente. Todas las comunidades, menos dos, Galicia y Extremadura, registran una caída en sus cifras.

Que haya casi 5.000 personas menos registradas significa que el sistema está parado, la gente va muriendo y esas bajas no se cubren. Pero no es por falta de demanda, porque aún hay 239.000 personas con derecho a una ayuda, la que sea, que siguen esperando a que les sea concedida. Esa lista de espera, lo que se ha dado en llamar el limbo de la dependencia, preocupa desde hace años porque estaba estancada, siempre cercana a las 250.000 personas. Ahora, sin embargo, está bajando: el mes de julio había 242.349 personas esperando; en agosto, 3.252 menos. Pero este dato, que debería ser una buena noticia, tiene una interpretación más amarga. Adolece del mismo mal que el resto del sistema, la parálisis: si las comunidades no tienen capacidad de gestión, los muchos ancianos que aguardan por una ayuda se van muriendo sin que esta llegue. Cabe pensar que ahí radica ese descenso del limbo.

El ahogo económico al que se ven sometidas las comunidades tras los últimos decretos anticrisis y los presupuestos estatales, que han retraído cerca de 1.000 millones de euros al sistema, es lo que le faltaba a una ley que ya andaba sorteando zancadillas o sufría la mala gestión de algunos territorios. Pero ahora el deterioro se agudiza, porque comunidades como Castilla y León o La Rioja o el País Vasco, siempre con las mejores calificaciones por el número de personas atendidas y la agilidad de sus trámites, salen muy perjudicadas con las últimas medidas tomadas. Las tres registran un ingreso de dependientes negativo.

Los retoques que el Gobierno ha hecho a la ley, vía decreto, permitían aventurar unas cifras como las que ahora se presentan. Las comunidades tienen dos años para resolver el expediente de los usuarios, cuando antes se penalizaba que sobrepasaran los seis meses. Es tanto como paralizar legalmente el desarrollo de la ley.