El azúcar, enemigo público

Por su alto contenido en azúcar, los refrescos empiezan a engrosar las listas negras de productos que las autoridades sanitarias quieren desincentivar. Y gravar: el Gobierno italiano de Mario Monti pretende seguir la estela de Francia e imponer un impuesto especial a las bebidas azucaradas “para fomentar los hábitos alimentarios”. La industria de bebidas emprende así una batalla como la que ya libraron las del tabaco o el alcohol.

Dentro de pocos días, los italianos podrían pagar más por una gaseosa, una coca-cola (también por una light) y hasta una botella de agua con gas. El Parlamento de Roma votará el viernes un decreto preparado por el titular de Sanidad, Renato Balduzzi, que prevé, entre otras medidas, un impuesto sobre las bebidas con azúcar, edulcorantes y burbujas. De aprobarse, el Estado cobrará siete céntimos por cada litro de líquido producido. Una lata de Pepsi, por ejemplo, costará tres céntimos más. El plan, que incluye otras subidas de impuestos, pretende inyectar en las destartaladas arcas públicas cerca de 250 millones por cada curso.

El impuesto sobre las “bebidas azucaradas” existe en Francia desde el año pasado, cuando el Gobierno conservador presidido por Nicolas Sarkozy aprobó una tasa de entre tres y seis céntimos de euro por litro. La decisión, que se calcula supone unos ingresos anuales de 120 millones de euros al Estado y fue sancionada por el Tribunal Constitucional en diciembre, se vivió como un episodio más de la vieja guerra cultural entre Francia y Estados Unidos.

La tasa fue justificada por las autoridades como una forma de combatir el sobrepeso, que según diversos estudios afecta a cerca de un tercio de la población, el doble que hace 15 años, aunque otras estadísticas aseguran que los franceses son, de media, el segundo pueblo más flaco de Europa.

Los refrescos preocupan de forma creciente a las autoridades sanitarias por sus efectos sobre la salud. El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Felipe Casanueva, explica que los estas bebidas forman parte de una serie de hábitos que producen sobrepeso, por lo que ve con buenos ojos que se apliquen medidas impositivas. “Gravar las bebidas azucaradas sí reduce el consumo. Lo hemos visto con el tabaco”. El endocrino defiende que las medidas fiscales para prevenir el consumo de refrescos y tabaco son equiparables porque no son productos fundamentales para las familias y no privan de la libertad de elección a los consumidores. “Por gravar unos céntimos no se priva a la gente del producto, pero sí se reduce bastante el consumo”.

Casanueva asegura que las bebidas azucaradas inducen a la obesidad, sobre todo entre adolescentes, porque se consumen en ambientes de socialización. “La subida moderada de impuestos debe sumarse a otras pequeñas medidas que, junto a la educación, nos ayudará a combatir la obesidad”, concluye. En España, el 19% de los niños padece obesidad y el 26% sobrepeso.

En Italia, como en todos los países occidentales, las personas pesan cada vez más. “En nuestra dieta los azúcares no tienen que superar el 60% de las calorías que ingerimos en el día. Por eso, entre los muchos factores que provocan obesidad, uno es el abuso de refrescos”, considera Pietro Antonio Migliaccio, presidente de la Sociedad italiana de Ciencias de la Alimentación. “El porcentaje de pacientes con exceso de peso se ha disparado en los últimos años. Hoy, más del 24% de los niños en edad de crecimiento pesa más de lo que debería y el 12% es obeso”, explica. “Me parece importantísimo preocuparse por el azúcar, cuyo exceso puede provocar hipertensión, diabetes, ataques de corazón, enfermedades en los huesos. Patologías que acaban disparando el gasto de la sanidad pública”, asegura Migliaccio.

El debate despierta tanto optimismo entre los sanitarios como preocupación en la patronal. Josep Puxeu, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas (Anfabra), cree que subir los impuestos a las bebidas azucaradas son “palos de ciego” que dan los Gobierno de la Eurozona “para recaudar”. Y se queja amargamente de que “se especule con cuestiones de salud que no tienen una base científica”, pues, “si se gravan los refrescos por tener azúcar, ¿habría que gravar este ingrediente?”, ironiza. Califica la medida de “discriminación arbitraria”. Los fabricantes, además, defienden que las subidas de impuestos son “ineficaces” porque retraerán el consumo. Puxeu recuerda que las fábricas de bebidas azucaradas generan 60.000 empleos directos en España.

“Los refrescos aportan solo el 1% de las calorías que los italianos ingieren cada día”, insiste el presidente de la Asociación Italiana de Industriales de las Bebidas Analcohólicas (Assobibe). Una lata de Coca-Cola (330 mililitros) tiene 139 kilocalorías, el 7% de las que necesita un adulto que consuma 2.000 kilocalorías al día, como advierte el envase.

En Francia, la multinacional del refresco recibió como una ofensa la idea del Gabinete de François Fillon de gravar su producto, y se apresuró a declarar que la tasa lo estigmatizaba como si fuera tan poco saludable como el tabaco. Amenazó con no realizar una inversión de 17 millones de euros en su histórica fábrica de Pennes-Mirabeau, cerca de Marsella, que produce dos millones de litros de refrescos diarios y lleva funcionando 40 años. Al final, sin embargo, la compañía confirmó la millonaria inversión.

La multinacional americana también tiene problemas en Estados Unidos. Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, anunció en mayo la prohibición de que las bebidas azucaradas se sirvan en envases de más medio litro, medida que llegó a comparar con la restricción de fumar en lugares públicos. La iniciativa no afecta a los refrescos light ni a los que tengan menos de 25 calorías por cada ocho onzas (unos 47 centilitros). El demócrata Gavin Newsom ya puso la mira en los refrescos en el año 2007, cuando era alcalde de San Francisco (California), y propuso gravar los refrescos para combatir la obesidad.

En Italia, sin embargo, no solo la oposición ha cuestionado la propuesta del Gobierno italiano. Las críticas han emergido incluso en el partido más representado en el Congreso, el Pueblo de la Libertad del ex primer ministro Silvio Berlusconi, que apoya el Ejecutivo de tecnócratas. "Ahora Mario Monti quiere tasar hasta la gaseosa de los chavales", ironizó Maurizio Gasparri, presidente del grupo parlamentario de este partido.

Con información de Miguel Mora (París).